"La ANSeS cobra impuestos al salario que no devuelve a los trabajadores sino que los utiliza para alimentar las transferencias al Tesoro Nacional"
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa)
El régimen de asignaciones
familiares es un componente de la seguridad social que funciona bajo la lógica
de reparto.
Solidariamente todos los trabajadores financian el sistema con una
contribución patronal para brindar prestaciones monetarias. En el origen, todos
los trabajadores accedían al mismo monto de prestaciones.
Pero, con el objetivo de potenciar el rol redistributivo,
desde el año 1996 se incorporaron criterios de focalización priorizando a los
trabajadores con ingresos más bajos y excluyendo a los de ingresos más altos.
La focalización fue perfeccionada en el año 2012 cuando se
incorpora el concepto de Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
El IGF se compone de
la suma de todos los ingresos formales que recibe el hogar (salario, rentas de
referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico,
jubilación, pensión y subsidios contributivos o no contributivos de cualquier
índole)
Bajo este esquema, sólo cuando el IGF no supera los $4.800 el
hogar recibe asignaciones familiares plenas equivalente a $460 por hijo.
Pero cuando el IGF se ubica entre $4.800 y $6.000 se
reduce a $320, entre $6.000 y $7.800 a $200 y entre $7.800 y $30.000 recibe
sólo $110 por cada hijo.
Manteniendo este esquema, el Poder Ejecutivo anunció los
siguientes cambios:
> En el primer tramo de IGF, el monto de
las asignaciones familiares aumentará un 40% mientras que el IGF se ajustará
10% en junio y 9% en octubre.
> Los dos tramos del medio de IGF recibirán
un aumento promedio de 32,5% en el beneficio y un ajuste sobre el IGF del 10%
en junio y 14,5% en octubre.
> El tramo más alto de IGF recibirá un
aumento de 20% en el beneficio y ninguna actualización del IGF.
Estos datos muestran que sólo en los tramos más bajos de
ingresos del hogar el aumento anunciado está a tono con la inflación.
Para el
tramo más alto de ingresos, los incrementos anunciados están muy por debajo del
aumento de los precios.
El resultado es que se profundizará el proceso de
reducción del beneficio de asignaciones familiares.
Muchas familias pasarán a formar parte del tramo siguiente
reduciéndose el monto que perciben o dejarán de cobrar asignaciones por superar
el límite superior.
Este cambio no es consecuencia de que sus ingresos reales
hayan mejorado sino que alcanza con que las remuneraciones crezcan al ritmo de
la inflación para que el monto de asignación familiar disminuya o se pierda el
derecho.
Este proceso podría ser interpretado como una profundización
en la focalización de las asignaciones familiares en los hogares más pobres.
Sin embargo, más que redistribuir en favor de los
hogares de más bajos ingresos, su principal impacto es reducir el gasto en
asignaciones familiares.
Con esta estrategia, los ingresos derivados de la
contribución patronal crecen a un ritmo muy superior al de las
erogaciones.
Así, la ANSeS cobra impuestos al salario que no
devuelve a los trabajadores sino que los utiliza para alimentar las
transferencias al Tesoro Nacional.
No se trata de un fenómeno novedoso. La esencia del “modelo”
que emergió de la crisis del 2002 es usar la inflación como
instrumento de ajuste sobre las cuentas públicas.
La inflación resulta
políticamente muy atractiva ya que da la oportunidad de anunciar aumentos
nominales que, en la práctica, implican reducción real porque no compensan la
inflación.
En los primeros años, la inflación fue clave en la
reducción de gasto público vía licuación de salarios públicos y jubilaciones.
A
medida que el tamaño del déficit fiscal crece, se necesita inflación cada vez
más alta y licuaciones de prestaciones cada vez más duras.
Es fundamental no perder de vista que el origen de estas maniobras –que combinan anuncios altisonantes con licuación subrepticia por la vía de la inflación– es el desbordante crecimiento del gasto público.
Por eso, criticar las estrategias que se vienen aplicando en materia de impuesto a las ganancias y asignaciones familiares, sin explicitar cómo reducir y darle racionalidad al gasto público, es un acto de hipocresía.
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