LO EXTRACTIVO Y LO INCLUSIVO

Por Justo J. Watson (*)

Nos sentimos perdedores frente a otros pueblos y declinamos como nación, porque vivimos sin códigos. Bajo un contrato social (la Constitución Nacional) hueco; vaciado de contenido en sus artículos esenciales. Contrato legal que a esta altura, por cierto, no es más que letra muerta.

Transitamos un proceso de viraje hacia la izquierda.
Una deriva socialista casi ininterrumpida, disolvente y decidida por mayorías, aunque al margen de todo republicanismo.
Una larga marcha anarco-populista que tuvo la virtud de apearnos de nuestro destino de gran potencia, a partir de los años ’40 del pasado siglo.

Cuando el contrato social real de un país no es capaz de evitar que un autoritario/a se haga con el poder; cuando no puede impedir que cambie las reglas de juego y vulnere derechos de propiedad con el fin de confiscar el ingreso (y hasta el capital) de los que invierten su esfuerzo y su dinero (no importa con qué fin y siquiera en qué proporción; es irrelevante); cuando falla en evitar que el gobierno dificulte los planes de producción de los que crean o que se atente por defecto contra la vida (seguridad) de quienes trabajan y de sus familiares, ese contrato de facto no sirve y debe ser denunciado.
Entre otras razones, por su inutilidad para promover los incentivos económicos necesarios para asegurar oportunidades reales de elevación y de prosperidad para todos.
Que es lo relevante.

Las instituciones políticas y económicas derivadas de siete décadas de violación y vaciamiento de nuestro contrato social original (con el guiño cómplice de nuestras sucesivas Cortes Supremas que, al fin y al cabo, han sido parte constitutiva del mismo Estado-Problema), deben ser hondamente modificadas o bien abolidas y cambiadas por otras que sirvan.

Ellas rigen nuestro desorden: instituciones de tipo extractivo (no inclusivo) que tienen por finalidad la extracción de rentas, propiedad de ciertos subgrupos sociales “pagadores” para transferirlas a otros subgrupos “cobradores” entre los que se encuentra, naturalmente, la corporación política que redacta las reglas acodada en la espectacular corrupción a todo orden que le es inherente.

En la Argentina actual los subconjuntos cobradores son, como cabía esperar, cada vez más y los pagadores, menos. La sustracción impositiva a que nos estamos refiriendo supera, para los que pagan, el 60 % de sus ingresos a nivel global, aunque dicha quita se eleva a más del 80 % para el caso particular del subconjunto agropecuario.

Es obvio, aunque aún no para todos, que la riqueza de los pueblos se encuentra desigualmente distribuida debido a las diferencias existentes entre las instituciones que ellos mismos apoyaron o toleraron en sus respectivos países; a las normas políticas y económicas que rigieron los incentivos que estimularon a los individuos a esforzarse para estudiar, trabajar, ahorrar, invertir y progresar, traccionando al resto de sus sociedades hacia arriba.

Pareciera cosa sencilla, a primera vista, proponer a los votantes la opción de apoyar un cambio hacia instituciones inclusivas.
Que son las que protegen a los que “hacen”; a los creadores, innovadores y emprendedores de la voracidad fiscal y de los frenos burocráticos, tan discrecionales y favoritistas cuanto contraproducentes.

Porque es claro que necesitamos instituciones que incluyan a más y más personas -por generación de más y mejores empleos- en niveles de ingresos más elevados.
Con posibilidades de acceso, a partir de allí, a una mejor educación, salud y previsión social, privada o no, tal como ellos (y no un funcionario) lo decidan; con mucha mayor capacidad de consumo y más libertad real de elección en todo sentido dentro de un mercado libre y competitivo.

Instituciones protectoras de la más amplia libertad de prensa, como alerta permanente frente a la inevitable tendencia al autoritarismo y al robo gubernamental. Instituciones que bloqueen su violencia extractiva hacia las minorías a través de asegurar el imperio de leyes simples e igualitarias, que protejan en primer término la vigencia absoluta del derecho madre, base y garante de todos los demás derechos civiles y humanos: el derecho de propiedad.

Sin embargo, los grupos vampiros beneficiarios de la extracción (políticos profesionales, pseudo empresarios protegidos, envidiosos, vagas y vagos absorbedores seriales de planes sociales, sindicalistas corruptos, resentidos de toda laya etc.) siempre se opondrán al fin de la succión; al mero arranque de los motores capitalistas de la prosperidad.

La destrucción creativa inherente al avance económico en bloque de la comunidad hacia su madurez productiva no es conveniente al negocio vil de estas oligarquías parásitas. Saben que la innovación tecnológica trae crecimiento global pero para ellos, pérdida de poder (manejo de la miseria) e ingresos (manejo de las influencias).

Se trata de grupos temibles, hoy poderosos por su número o por la enorme fuerza corruptora del monopolio estatal que los aglutina y clienteliza.

Los succionadores de la sangre vital de nuestra nación, en tiempo real, están logrando obstruir con éxito el desarrollo económico.
Ese que de la mano de nuestras ventajas comparativas podría sacar a muchos millones de la pobreza, llevándolos a la clase media.

El propio gobierno es hoy la mayor amenaza a los derechos humanos y al acceso a la propiedad de los más, montando en forma deliberada la base institucional de una economía atrasada.

Además, el hecho de que otros subgrupos luchen por obtener el favor de o para convertirse ellos mismos en parte de los extractores al comando del “monstruo grande que pisa fuerte”, como sistema, genera una crónica inestabilidad política.
Y desde luego, económica.

Apoyemos entonces la idea original de nuestros próceres, del respeto a la libre empresa que nos llevó a la cima, votando sólo a quienes quieren cambiar este repugnante modelo extractivo… de raíz.

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo de Justo J. Watson por gentileza de su autor.-