La gravedad institucional del caso Boudou

EDITORIAL / LA NACION

La altísima investidura del principal imputado y los actos tendientes a protegerlo han agravado el escandaloso episodio de corrupción

Desde hace diez días, Amado Boudou ostenta el vergonzoso galardón de ser el primer vicepresidente argentino en ejercicio acusado de corrupción .
A raíz del affaire de la ex imprenta Ciccone, será indagado mañana por el juez federal Ariel Lijo.

La gravedad institucional que entraña este caso radica no sólo en el alto rango del principal imputado, sino en los distintos actos con que se buscó encubrirlo.
Basta recordar la forma en que, tras infundadas denuncias lanzadas por el vicepresidente, se forzó la renuncia del entonces procurador general de la Nación Esteban Righi, al tiempo que se removió al fiscal Carlos Rívolo, quien investigó el caso, y al primer juez que tuvo la causa, Daniel Rafecas.
No menos graves resultan las sospechas sobre un reciente intento para apartar del expediente al actual juez interviniente.

El colmo llegó con las últimas declaraciones de Boudou, quien, en una muestra de cinismo y desfachatez que deshonra su investidura y da cuenta de su sensación de impunidad, provocó al magistrado y acusó a los diarios Clarín y LA NACION de estar detrás de las acciones del juez.

Lijo acusó al vicepresidente de la República de haber adquirido de modo irregular la ex Ciccone Calcográfica, por entonces quebrada, junto con su socio José María Núñez Carmona, utilizando con ese fin a la sociedad The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele.
El objetivo, según el juez, consistía en obtener contratos del Estado para que la imprenta hiciera negocios como la impresión de papel moneda, de documentación oficial y de boletas electorales del Frente para la Victoria, que llevó al poder a Boudou, compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2011.

Para el magistrado, el afán de llevar adelante negocios ilegales en su beneficio y a costa del Estado perjudicó directamente los intereses nacionales.
Funcionario de una ambición y una frivolidad desmedidas y sin escrúpulos, Boudou llegó al altísimo cargo que ocupa gracias al dedo presidencial.

Para fundar la afectación de los intereses nacionales por parte de Boudou, el juez Lijo sostuvo:
"Con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central".
Entre otras muchas disposiciones, la intervención de Boudou en el caso Ciccone ha violado por lo menos dos artículos del Código de Ética de la Función Pública, que data de 1999.
Son los que prohíben al funcionario público "involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones", y que también le prohíben obtener o procurar con su cargo beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros.

Lo emblemático de este nuevo y gravísimo hecho de corrupción de la era kirchnerista surge también debido a que sus pormenores ponen de relieve una nueva modalidad.
En una escalada sin límites, el típico pedido de coimas habría sido superado por la temeridad desvergonzada y la codicia de atreverse a la apropiación de negocios privados por medio de empresarios amigos o simples allegados capaces de actuar como testaferros utilizando el poder del Estado.

Tampoco parece casual la intervención del gobierno formoseño contratando a una empresa sin trayectoria alguna, como The Old Fund, abonándosele la friolera de 7,6 millones de pesos por un servicio de negociación de deuda que en el resto de las provincias se resuelve naturalmente mediante el diálogo entre funcionarios.

Otro punto de los muchos que la Justicia deberá esclarecer es un interrogante que este diario planteó varias veces: 
¿quién aportó los más de 50 millones de pesos que le permitieron a Vandenbroele reflotar Ciccone?
Dos marcas de fábrica han identificado al kirchnerismo desde que accedió al poder en 2003: la mentira constante, disfrazada de relato, y la corrupción sistémica.
Un caso como el que nos ocupa no pudo consumarse por la sola voluntad de Boudou y un puñado de aventurados amigos y allegados como su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, conocido de ambos, según el juez Lijo.
Si bien, por el cargo que ocupa, Boudou se perfila en las acusaciones como la figura estelar de ese escándalo, nadie que haya seguido con atención las actuaciones piensa que pueda haber actuado en soledad.
Sin la connivencia de una extendida, influyente y compleja red de complicidades que se tendió desde los máximos niveles del Gobierno, poco podría haber logrado el vicepresidente.

Más de diez áreas y funcionarios de peso habrían brindado su activa colaboración al vicepresidente.
Por ejemplo, Defensa de la Competencia dictaminó en contra de la empresa Boldt, que en determinado momento quiso comprar Ciccone.
En el apartamiento de Boldt, también intervino el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Y la Inspección General de Justicia no registró las irregularidades de The Old Fund.

Numerosos indicios, todos graves y concordantes, señalan que en los orígenes de la maniobra urdida para quitarle la imprenta a la familia Ciccone habría participado el ex presidente Néstor Kirchner.
La muerte de éste, en octubre de 2010, alteró los planes iniciales, pero no eliminó el sustento operativo por lo que se recrearon, tras su desaparición, las condiciones necesarias para concretar la corrupta estratagema.

Para algunos observadores, es ése el motivo por el cual la primera mandataria ha defendido y aún defiende a ultranza al funcionario, pese a las pruebas recolectadas por el juez.
Por este motivo, la comprometida situación judicial de Boudou afecta a la Presidenta.

Así las cosas, el caso Boudou-Ciccone se proyecta como un fenómeno de patética e inusitada gravedad para la vida institucional del país que se opone también palmariamente con un relato oficial por el que se ha procurado edificar, para beneficio de los gobernantes, un régimen de supuesto progresismo.
Si Néstor Kirchner no estuvo en los orígenes del caso Ciccone, no habría razones políticas que permitan entender por qué se prolonga todavía el manto de protección que el núcleo más duro del oficialismo ha echado sobre las espaldas del vicepresidente.
Menos aún cuando al Gobierno le queda apenas un año y medio de gestión por delante y nadie sueña, con sano criterio, en acortarle el mandato.

Es de esperar que la investigación en marcha esclarezca lo ocurrido sin omitir las responsabilidades conexas de los numerosos funcionarios y allegados que se encuentran involucrados.

Porque en esta delicada trama se juega la salud y la dignidad de la República...