“Derribaron” tres aeronaves en La Matanza

Por JUAN SALINAS BOHIL

En pleno corazón del distrito electoral más grande de la provincia de Buenos Aires, se levanta el campus de esta casa de altos estudios que acaba de cumplir 25 años este último 29 de septiembre y a la que concurren aproximadamente unos 60.000 estudiantes.
Es una de las más prestigiosas de la provincia y la primera universidad del conurbano bonaerense que posee una carrera de Medicina.
No es poco.

Entre otras muchas actividades que superan lo puramente académico, la universidad cuenta con simuladores de vuelo de helicópteros y aviones, construidos en Argentina, únicos en la región, con solamente un 27% de componentes importados y que son utilizado por efectivos de las policías, Federal, Bonaerense, de Santa Fe, empresas privadas y particulares con el propósito de capacitarse en el manejo de aeronaves simulando un vuelo real de la manera más precisa posible como por ejemplo a través del denominado “vuelo por instrumentos”, que significa no tener contacto visual con el terreno cuando la vista del piloto es nula o inexistente.
De esta manera, muchos pilotos argentinos de helicópteros y pequeñas aeronaves ya no se ven obligados a viajar al exterior para adiestrarse al contar con este nuevo centro de entrenamiento que cuenta con tecnología nacional homologada por el único ente con capacidad de concederla: la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El simulador instalado en la Universidad de La Matanza se utiliza, por ejemplo, para un entrenamiento completo sobre un helicóptero bimotor que representa, en la realidad, un Eurocopter BO105, un nave muy utilizada por las policías de las mayorías de las provincias argentinas”.

El derribe
Así las cosas, la Universidad de La Matanza ganó el año pasado por mejor precio una licitación para proveer a la Prefectura Naval Argentina de un simulador para avión turbo hélice.
Su propuesta fue rechazada por  
“No ajustarse a las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones”.

Y en este 2014 nuevamente se presentó en otra licitación para la misma repartición por dos simuladores para helicópteros Eurocopter EC135 y Ec145.
Volvió a ganar por mejor precio y a ser impugnada por la misma causa.

Estos tres rechazos semejan a igual número de aeronaves “derribadas” en una operación que parece tener su miga.

La empresa ganadora de las dos licitaciones es American Consulting Group.
Al observar su web  figuran ahí varios números telefónicos pero ninguna dirección física que sí puede encontrarse en otros lugares que ofrecen información comercial y crediticia:
Asunción 761, San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Lo singular es que según consta en el Boletín Oficial, la sede social de la empresa se ubica desde su inicio, el 14 de marzo de 1994, en Suipacha 1111, piso 18ª, de la Ciudad de Buenos Aires, lugar en que desarrolla su actividad el estudio jurídico de los abogados Pérez Alati, Grondona, Benítes, Arntsen y Martínez de Hoz.
Casualmente, American Consulting Group fue fundada hace 20 años por uno de sus integrantes y desde ese momento hasta el 7 de octubre de 2002, última mención que tiene la empresa en el Boletín Oficial, el domicilio de la sede social, no fue modificado.
¿Por qué?

American Consulting Group, la dos veces ganadora de la licitación para la provisión de simuladores a la Prefectura Naval Argentina manifiesta en uno de los links de su página web:
“American Consulting Group opera en el mercado como representante comercial de las siguientes marcas JRC Japon y USA, Consilium Selesmar y SAAB Transporder Tech,...”

Lo que no cierra
Resulta extraño que en ese apartado no se haga mención a la supuesta representación que tiene en Argentina de la española ENTROL, fabricante de los simuladores comprados, como que lo es también de ATLANTIC ELECTRONIC CORP de USA.
Es, en realidad, extraño.
Salvo que los simuladores partan desde MADRID, recalen en MIAMI y sean depositados en BUENOS AIRES después de un periplo que como dijimos es, por lo menos, extraño.

Asimismo puede destacarse el amplísimo objeto social que como sociedad tiene American Consulting Group debido a que puede prestar servicios en el ramo computación, financiero, se encuentra habilitada para dar seminarios de capacitación y cursos de cualquier naturaleza, préstamos, puede participar en la actividad inmobiliaria, contraer empréstitos, se ocupa del equipamiento naval, radarización y metereología, entre otros.
Además, aunque no se encuentra específicamente detallado, parece que podría importar simuladores de vuelo de helicópteros.
Ahora, ¿qué conocimientos tiene esta empresa de simuladores de vuelo?

Cuando el apartado 6 c) del pliego de licitación indica “que el modelo ofertado es un modelo desarrollado, probado y certificado por algún usuario”, no se ve con claridad quién podría ser el usuario, aunque podría deducirse que cuando el pliego especifica “No se aceptarán simuladores en desarrollo o a desarrollar”, puede inferirse a quién está dirigido el tiro por elevación.

Y el 6 d) expresa:
“Deberá garantizar (el oferente), mediante una nota con carácter de declaración jurada, la provisión de repuestos ORIGINALES (en mayúsculas en el original) de fábrica y asistencia técnica, en tiempo y forma por un lapso no inferior a CINCO (5) años, a contar a partir de la fecha de Recepción definitiva del simulador de vuelo”.

Lo cierto es que American Consultin Group presentó una nota en donde especifica que su representación de ATLANTIC ELECTRONIC CORP de USA es por sólo dos años y rescindible en cualquier momento por cualquiera de las dos partes.
A la par, ATLANTIC ELECTRONIC CORP hizo llegar otra en similares términos pero refiriéndose a su convenio con la fabricante de los simuladores ENTROL.

¿Cómo se entiende esto?
¿Quién vendió a quién?
¿El fabricante a Prefectura Naval vía American o vía Atlantic?
¿Por qué no se efectuó una licitación internacional donde la empresa española se podría haber presentado por ella misma para ahorrar costos?
Da la impresión que sobra una empresa.

Como si fuera poco, los simuladores españoles están certificados únicamente por España, Italia y el reino de Bélgica cuando deben obligatoriamente estar avalados  por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), dependiente del ministerio del Interior y Transporte, único organismo autorizado para certificarlos en Argentina como que también es el único capacitado para certificar los cursos que realizan los pilotos en los simuladores.
El presentado por la universidad de La Matanza cumple con esos requisitos.

Algunas de las preguntas por el millón de los especialistas aeronáuticos son:
¿Se pueden comprar simuladores que no estén habilitados en Argentina o ese inconveniente ya fue solucionado antes de que arriben al país?
¿De qué forma?
¿Con qué papaleo?
¿O qué pasaría si se entregase un simulador de diferentes características?

Por otra parte, el precio presentado por American Consulting Group fue de 1.600.000 dólares (¿de qué tipo?) contra 12 millones de pesos de la Universidad de La Matanza.
En ese caso, la licitación no deja lugar a dudas cuando exige que “La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de la mejor oferta de entre las que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Normativas Vigentes”.

A su vez, no ha sido respetada la Ley 25.551, del 2001, conocida como de COMPRE NACIONAL que entre sus consideraciones más destacadas dictamina que la Administración Pública Nacional “otorgará preferencia a la adquisición de bienes de origen nacional”.

Como señaláramos al principio, esta licitación tiene su miga y sería interesante que las autoridades aclaren en algo este confuso panorama.
Por ejemplo, no se tiene información acerca del primer simulador licitado el año pasado:
Si arribó al país y ya se encuentra en funcionamiento, y si no lo está, el porqué;
¿a qué se debe el raro periplo de papeleo empresarial MADRID-USA-BS.AS que deben seguir los simuladores?;
¿cómo se efectuará provisión de repuestos ORIGINALES y asistencia técnica que exige el pliego licitatorio por CINCO (5) AÑOS cuando la empresa ganadora
(¿o debe decirse las empresas ganadoras?) pueden quedar desafectadas de los compromisos contraídos a los dos años?;
¿cómo pueden comprarse productos en el exterior que aún no han sido avalados por los departamentos técnicos locales (en este caso la ANAC)?,
y, entre muchas otras cuestiones que plantean un grandísimo intríngulis en esta extraña licitación,
¿por qué no se dio lugar a la investigación tecnológica nacional cuando existe la Ley 25,501, conocida como COMPRE NACIONAL que obliga a toda la “Administración Nacional y a los respectivos subcontratantes directos a dar preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional”?, máxime cuando una de las principales campañas del gobierno nacional hace centro en ese eje para mantener y aumentar los puestos y las fuentes de trabajo de la industria local, y evitar enviar dólares al exterior que Argentina tanto necesita en estos momentos.