El campo minado que dejará Cristina

Por Néstor O. Scibona | LA NACION

No es seguro que, con la convulsión política-institucional de las últimas semanas, la economía vaya a ser como otras veces el eje del mensaje de la presidenta Cristina Kirchner ante la Asamblea Legislativa, cuando inaugure hoy el último período de sesiones de su gestión. Pero sí que toda referencia tendrá la típica impronta presidencial de comparar los actuales datos socioeconómicos con los de 2003 para exaltar "logros históricos" en valores nominales, como si los pesos de 2015 no hubieran sufrido la erosión de una inflación acumulada de 600%, que su gobierno se dedicó a negar o camuflar sistemáticamente. Sin ir más lejos, los flamantes billetes de $ 50 dedicados a las islas Malvinas debutan esta semana con la condena de quedar ajados en bolsillos y billeteras, cuando habría sido más razonable que fueran de $ 500 para, al menos, facilitar las transacciones en efectivo.

Las comparaciones con 2003, cuando la Argentina salía de su peor crisis, ocultan también el progresivo agotamiento del "modelo productivo" a lo largo de la era K. Durante la gestión de Néstor Kirchner (2003/2007), el PBI creció a "tasas chinas" (casi 9% de promedio anual), que se redujeron a la mitad (4,7%) en el primer mandato de CFK (2008/2011), afectadas por la crisis global. Y en el segundo (2012/2015) muestran un estancamiento (0,8%), como reflejo del retroceso de la inversión y la creación de empleos privados a raíz del cepo cambiario y el mayor intervencionismo sobre la economía. Hoy, el PBI per cápita es más bajo que en 1998 y la inversión bruta equivale al 20% del PBI, nivel insuficiente para crecer al 4/5% anual y diez puntos debajo del que sería necesario para hacerlo a "tasas chinas".

Con el año 2015 prácticamente jugado, las expectativas económicas están puestas en 2016. Principalmente en los mercados financieros, que ya apuestan a que el gobierno de cualquier signo que suceda al de CFK no tendrá otra opción que corregir los serios desequilibrios macroeconómicos que herede, a fin de bajar de manera consistente la inflación, reinsertarse en el mundo, generar confianza y reflotar el potencial productivo, con mayor inversión y movilización de los ahorros en dólares (no menos de 150.000 millones), que muchos argentinos mantienen "encanutados" fuera del circuito económico formal.

Sin embargo, no se trata de una apuesta segura. Como el "modelo" es cada vez más difícil y costoso de sostener y la única estrategia oficial es moderar algo la inflación y "aguantar" hasta las elecciones, el gobierno de CFK dejará un virtual campo minado. Que amenaza complicar a la futura gestión, o, al menos, obligarla a diseñar un programa articulado con poco margen inicial de error. Un sintético repaso revela la magnitud de esos desequilibrios, que difícilmente sean incluidos en el mensaje de hoy en el Congreso:

Déficit fiscal superior a 6% del PBI para 2015, pese a una presión tributaria récord que no deja margen para subir impuestos y, en cambio, requiere bajarlos para reactivar la economía.
Gasto público récord (subió 45% en 2014), abultado por fuertes subsidios estatales a la energía y el transporte (5% del PBI), déficit de empresas públicas y altos salarios para una estructura burocrática paralela (designación de militantes camporistas y afines).
Estatizaciones encubiertas, con aportes directos o indirectos del Estado para clubes de fútbol, medios periodísticos paraoficiales y gastos salariales en concesiones privadas de energía y transporte. "Capitalismo de amigos" y corrupción en la adjudicación de obras públicas con costos dudosos.
Alta emisión ("maquinita") para financiar el bache fiscal ($ 161.500 millones en 2014, casi el doble de 2013).
Creciente endeudamiento del Banco Central con el sistema financiero (el stock de títulos pasó de $ 115.000 millones hace un año a $ 330.000 millones hoy) para absorber los pesos emitidos, al 27/29% anual y a costa de reducir el crédito al sector privado, salvo en líneas subsidiadas.
Desequilibrio externo (más demanda que oferta de divisas), imposible de compensar con un superávit comercial en declive, debilitado por el déficit estructural de sectores clave (energía, automotor, electrónica).
Escasez de reservas de libre disponibilidad del BCRA para afrontar los pagos externos de la deuda pública y privada, pese a los swaps chinos.
Deterioro del tipo de cambio real (frente a la inflación y la devaluación del real brasileño y el euro), que desalienta exportaciones (llevan tres años en baja) y obliga a racionar importaciones, con impacto en la actividad económica.
Brecha cambiaria de 50%, pese a la proliferación de controles y el goteo de reservas por ventas de "dólar ahorro" para contener el dólar paralelo.
Fuerte distorsión de precios relativos (controlados y libres, tarifas subsidiadas, y retenciones). Precios locales del petróleo por encima de los internacionales (a diferencia de lo que ocurrió durante buena parte de la era K), sostenidos hoy por regulaciones estatales para no frenar inversiones de YPF y compañías privadas, especialmente en Vaca Muerta. A la vez, el Estado subsidia parcialmente los precios del gas natural en boca de pozo para estimular la extracción y las tarifas a usuarios para evitar mayores subas.
Politización del Indec y oscurantismo estadístico para ocultar la pobreza, que alcanza al 27% de la población.
Infraestructura insuficiente o deteriorada, con financiamiento a largo plazo dependiente de China a cambio de adjudicaciones directas.
Deterioro de la competitividad (la Argentina descendió del puesto 85º al 104º en el último ranking del World Economic Forum, sobre 144 países).
Default parcial de la deuda pública bajo legislación extranjera, ante la negativa a negociar con los holdouts y la sanción de la ley de pago soberano, que fracasó en el intento de promover un cambio de jurisdicción y domicilio de pago.
La única novedad en este último punto es que el gobierno de CFK busca otra vez colocar deuda en dólares (Bonar 2024) "para demostrar que la Argentina no está en default", aunque la operación con bancos extranjeros se complica por el conflicto con los holdouts. En realidad, es una admisión implícita de que las reservas líquidas escasean para atender los vencimientos externos y reactivar la economía. Y que, en un mercado internacional abundante en liquidez y tasas bajas, los activos argentinos al 8/ 8,5% anual resultan atractivos por su riesgo más acotado, porque los pagos recaerán en futuros gobiernos.

Con menor o mayor énfasis, el endeudamiento externo también figura en los borradores económicos de la mayoría de los presidenciables. Por ahora, es prematuro aventurar si apunta a suavizar en 2016 el costo político de corregir los problemas y mejorar la infraestructura, o bien a postergar soluciones. En uno y otro caso, conviene recordar que cualquier futuro gobierno deberá lograr un fuerte respaldo político y legislativo para transitar por el campo minado de la economía, teniendo en cuenta que en la primera vuelta electoral no sólo se vota presidente sino la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Y también una antigua y lúcida definición del economista Orlando Ferreres, según la cual "en la Argentina se festejan los créditos y se lloran las deudas"