Aquella conspiración de Duhalde contra la Corte Suprema

Aquella conspiración de Duhalde contra la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de una nación es una institución trascendental.

Decisiva y definitiva.

Mucha atención requiere su integración, tal como queda en evidencia en el siguiente texto del ex ministro de la Corte, Adolfo Vázquez, que cuenta su versión de cómo se esquilmó a los ahorristas.

Por supuesto que fue una estafa a la que prestó Eduardo Duhalde, personaje menor de la política argentina que sólo podía acceder a la Presidencia de la Nación emergiendo de un doble golpe de Estado civil (¡Fernando de la Rúa le ganó al 'piloto de tormentas'... !).

De todos modos, no fue culpa de los bancos sino de decisiones de política económica muy graves que arrastró a otros agentes económicos.

Pero es interesante el juego de poder que se describe alrededor de la Corte, que en estos años fue bastante controversial, aunque la necesidad de inventar un contra poder llevó a tolerarle hasta sus desatinos.

En fin, aquí un fragmento de "Asalto a la justicia. La intervención de la política en la Corte Suprema. Crónica de una destitución (Editorial Sudamericana, 2016).

Es el Capítulo. 4. “Sí señor, el corralito es anticonstitucional y así hay que decirlo”:

Viernes 11 de marzo de 2016

por ADOLFO VÁZQUEZ

Ante la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá como presidente provisional de la Nación tras un mandato de apenas una semana debía asumir el senador Ramón Puerta, que era el presidente provisional del Senado.

Pero Puerta se rehusó, por lo cual el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, asumió el cargo de primer mandatario durante escasa cuarenta y ocho horas.

Conforme la Ley de Acefalía, el que continuaba en la línea era nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Julio Nazareno.

En "Memorias del Incendio", al referirse a la actitud dubitativa de Camaño y a la negativa de Puerta, Duhalde cuenta que Adolfo Rodríguez Saá le dijo a este último:

“-Bueno, y si él no quiere, que acepte la Corte.

-¿Como la Corte?

Le preguntó Puerta

- ¿Hicimos todo este esfuerzo institucional y le vamos a dar el gobierno a la Corte? ¿Para qué nos incendien el país?

Rodríguez Saá no le respondió y regreso a la gobernación de San Luis, desde donde anuncio por cadena nacional su retiro de la primera magistratura.

El país estaba acéfalo.

Era la anarquía.

El Presidente no había presentado su renuncia formal y tampoco la enviaba por ningún medio.

La jueza Servini de Cubría le había hecho un cargo por abandono de la Presidencia.

Puerta no quería volver a asumir.

Eduardo Comaño no podía hacerlo.

Alberto Zuppi, el ministro de Justicia y estrecho colaborador de Rodríguez Saá, se presentó en el Congreso para comunicar que, si el presidente de la Cámara de Diputados no se hacía cargo del mando, se entregaría el poder a Julio Nazareno, titular de la Corte Suprema.

Ese episodio ocurrió durante el almuerzo realizado en el despacho del propio Camaño, en el que se encontraban los representantes más importantes del peronismo, incluidos los jefes de los bloques de diputados, Humberto Roggero, y de senadores, José Luis Gioja.

Según los relatos fue, una reunión durísima.

Camaño, después de escuchar los argumentos del enviado puntano, explotó:

-¡Yo no llegué a este punto de mi vida para entregarle el país a la Corte!

Tenemos en el parlamento hombres con capacidad y responsabilidad para gobernar este despelote.

¡Ustedes están locos si piensan que vamos a entregar el país a la Corte de la mayoría automática!

Tan alterado estaba Camaño que salió de su despacho y pegó un portazo.

Se fue y los dejó a todos encerrados, porque no podían abrir la puerta.

Sin embargo, Camaño me contó a mí, personalmente, el episodio con algunas diferencias.

En esa reunión que tuve con él como presidente de la Cámara de Diputados después de haberme presentado ante la Comisión de Juicio Político para efectuar las recusaciones contra varios de los diputados que la integraban, y a la que me acompañaron el presidente de la Comisión, Sergio Acevedo, diputado por Santa Cruz, y el diputado Jorge Villaverde, me relató Camaño que Zuppi estaba decidido a cumplir con la ley de Acefalía y entregar el Poder Ejecutivo al presidente de la Corte. Ante esa determinación –me dijo- lo llamé para contárselo a Duhalde, quien lo atajó diciéndole:

-¿Pero hicimos todo este despelote institucional para darle el poder a Nazareno?

Hay que pararlo para que no haga eso.

Acto seguido, Camaño encerró a Zuppi en una oficina anexa a la suya para evitar que lo hiciera.

En la versión de Duhalde fueron varios los que llevaron a cabo esta obstrucción al cumplimiento de la ley, una forma de alzamiento al orden institucional que el ex Presidente relata como un anécdota divertida.

¿Qué habría pasado si Nazareno hubiera asumido la Presidencia del país?

Por lo pronto, se habría reafirmado el propósito de solucionar la crisis recurriendo a las reglas establecidas, especialmente el llamado a elecciones en un plazo perentorio, como lo manda la Ley de Acefalía.

Y se habría dado así una clara señal de seguridad jurídica, tan vital en un momento convulsionado como el que se vivía.

En esas horas, sin Presidente al mando, el poder era ejercido de hecho por el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, doctor Juan José Álvarez, cuyo único respaldo era la doctora María Romilda Servini de Cubría.

Afirma el propio Duhalde, sin asumir su parte en el asunto y refiriéndose a Álvarez, que “el Estado era él”.

Pero cabe preguntarse: ¿en qué norma?

Sin duda, basado citada confesión del “semejante despelote institucional” que habrían producido.

Es que mientras el país se encontraba en un virtual estado de anarquía y conducido por un puñado de personas, la Ley de Acefalía era ignorada bajo la mencionada regla del “despelote”, que al parecer daba derechos.

También relata Duhalde que fue en medio de esas aguas turbulentas cuando se ilumino y supo que la responsabilidad del país estaba sobre sus espaldas.

La Corte en comisión

El 1º de enero de 2002, Duhalde era designado por el Congreso como Presidente interno de la República.

Aunque  la Corte no había tenido oportunidad de pronunciarse aún sobre la constitucionalidad del “corralito”, la información que le llegaba a la ciudadanía era equivocada.

Al día siguiente Clarín consignaba:

“Los cacerolazos también apuntaron contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por haber dado respaldo jurídico al corralito, en una polémica decisión el viernes pasado”.

Los periodistas Adrián Paenza y Jorge Lanata contribuían desde la televisión a nuestro linchamiento político arengando a la gente a sumarse a los repudios y los “escraches”, suministrando además la dirección de nuestros domicilios particulares y filmaciones de los propios edificios para que nos fueran “a visitar”.

Como consecuencia, en Córdoba una verdadera horda destruyo una propiedad de la familia política del juez Belluscio y agredió físicamente a su cuñado.

Antonio Boggiano fue atacado en el shopping Patio Bullrich, y Julio Nazareno, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y yo mismo, y hasta mi propia madre (que tenía entonces 95 años y de desplazaba en sillas de ruedas), fuimos acosados, atacados e insultados en las puertas de nuestras casas.

Una vez que Duhalde se instaló en la Casa Rosada, empezaron a desfilar los interesados en formar parte de su estructura de gobierno.

Uno de ellos fue alguien que había sido primero periodista deportivo, después escriba del presidente Menem y finalmente su ministro del interior:

Gustavo Beliz, quien planeaba el derrocamiento puro y duro de la Corte proponiendo algo no previsto por la Constitución: poner en comisión a la Corte entera.

La causal de remoción, para él, era que estábamos “identificados” con “los peores vicios de la dirigencia política de los últimos años”.

Siempre fiel a su estilo, se pronunciaba sin sutilezas:

“Apenas aprobó el corralito a los depósitos, el cacerolazo se le fue al humo.

Es un tribunal impresentable, irritante, que afecta la imagen de toda la justicia y, por lo tanto, de las instituciones. Su remoción es ahora o nunca” quiere decir que, como la imagen de la justicia estaba devaluad, entonces se aplicaría una medida de facto en defensa de las instituciones.

Sin embargo, el periodista Eduardo van der Kooy informaba al día siguiente que el nuevo presidente pondría en marcha otro plan con el mismo objetivo:

“Duhalde dio un guiño además a un proyecto en Diputados que planteara el juicio político a dos miembros de la Corte Suprema (Julio Nazareno y Adolfo Vázquez), pero desecho otra propuesta de declarar a todos sus integrantes en comisión”.

Durante esos días, los diarios informaban sobre distintas estrategias para ir en contra de la Corte.

Después prevalecería la idea de la remoción colectiva, que equivalía a la puesta en comisión porque parecía más elegante.

Se anunciaba una “muerte por asfixia” y también la idea de “lanzar una fuerte presión política desde el gobierno y el Congreso para obligar a renunciar a los miembros del máximo tribunal del país”.

¿Dónde estaban por entonces los defensores de las instituciones?

El 2 de enero Eduardo Barcesat y Roberto Boico se presentaron en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados para pedir la remoción de la Corte entera.

Se trataba de un globo de ensayo para anticipar cómo reaccionarían la opinión pública y la prensa.

Con la Gendarmería en el palacio de justicia

Largas filas de ahorristas dispuestos a iniciar amparos judiciales en defensa de la propiedad de sus ahorros eran una escena cotidiana en las calles de todo el país durante enero de 2002, y el ministro Guillermo López y yo estábamos a cargo de la feria judicial en la segunda quincena del más.

Ante nuestro requerimiento de seguridad a la fuerza policial responsable de la Corte Suprema se nos respondía que no podía darnos ninguna certeza de que el Palacio de Justicia no fuera tomada por ciertos grupos revoltosos infiltrados que incluso habían llegado a arrojar bombas de estruendo en el interior del propio edificio, tanto en la planta baja como en las escaleras de acceso en los pisos superiores.

Claro que, en aquel tiempo, los tribunales trabajaban como disponía la tradición:

A puertas abiertas.

La importancia de la Policía Federal para frenar este avance había quedado en evidencia unos días antes, cuando habían sido atacados la Casa de Gobierno y el Palacio del Congreso, donde incluso se llegó a provocar un principio de incendio.

Como consecuencia, ambas sedes debieron der prácticamente amuralladas con vallas.

Es interesante destacar aquí que luego de nuestra caída, esa situación cambio.

Sin pretender hacer un juicio de valor, para ingresar hoy se deben atravesar más controles que en un aeropuerto o en una base militar de Medio Oriente, y ello sin contar con el vallado permanente en el frente de acceso del Palacio, sobre la propia vereda pública.

Una verdadera fortaleza, controlada permanentemente por cámaras de seguridad desde un sofisticado centro de control que incluso puede cubrir muchas cuadras y manzanas a su alrededor y desde donde se monitorean también juzgados del interior del país.

Así las cosas, hablamos con el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, y éste nos informó que por la ley vigente no podía darnos protección directa en este momento, ya que solo tenía permitido proteger al Presidente de la República.

Entonces, luego de la correspondiente consulta con el presidente de la Corte y con los ministros a los que pudimos contactar telefónicamente, procedimos a solicitar el refuerzo de la protección del Palacio a través de la Gendarmería Nacional encargando al administrador del operativo, conjuntamente con el jefe de Gendarmería, comandante general Hugo Miranda, lo que efectivamente se hizo.

La custodia de nuestra sede debió prolongarse varios meses.

Con ese cuadro de situación, contra nuestros deseos y costumbres, intentamos y logramos cumplir con nuestro deber.

Nuestra convicción se fortalecía a medida que profundizábamos en el estudio de los verdaderos horrores jurídicos de esa equivocada legislación de emergencia que había sido implementada, cuyos decretos, leyes y resoluciones se sucedían y cambiaban a un ritmo vertiginoso.

Y en plena feria judicial nos tocaba analizar un nuevo caso de corralito.

Sin embargo esta vez, por la gravedad de la crisis, si estaba en juego el fondo de la cuestión:

Ya no era el caso Kiper:

Ahora se trataba nada más ni nada menos que de la propia vigencia de la Constitución Nacional en su casi totalidad, pues debíamos decidir sobre los derechos adquiridos bajo su amparo.

En este caso, conocido como “Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: Smith, Carlos Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo”, o simplemente “caso Smith”, deberíamos dirimir la constitucionalidad del derecho de propiedad afectado a través de las restricciones de los retiros de los depósitos.

En pocas semanas seria ostensible para el país y las naciones extranjeras cuáles eran las verdaderas preocupaciones del gobierno de Duhalde y, en particular, de los bancos.

La conducta de los bancos en la crisis merece algunas consideraciones.

Sus clientes habían depositado de buena fe su confianza en ellos.

Pero los bancos en general, y peor aún las instituciones privadas, que no dependían de los gobiernos de turno, no actuaron siquiera en defensa de su propio patrimonio y reputación, y mucho menos de sus clientes o ahorristas. Prefirieron ponerse del lado del gobierno y lucrar negociado compensaciones con el Estado gracias la barbaridad de la “pesificación asimétrica”.

Tal vez la devaluación hasta les haya resultado provechosa.

En la medida en que pensaron que se quedaban con los dólares y podrían reconocer solo una cuarta parte de su valor, les convenía más la cercanía con el poder que la fidelidad hacia el cliente.

La política instrumentada por el gobierno sería especialmente defendida o traducida por los sucesivos ministros de Economía, desde Jorge Remes Leicov hasta Roberto Lavagna, quienes en conjunto con el ministro de Justicia, doctor Reinaldo Vanossi, y el secretario de Estado de la SIDE, diputado Carlos Soria, trataban de incidir sobre los ministros de la Corte.

La disputa en cuestión se tornó al caso Smith se planteaba entre un ahorrista y el Banco de Galicia, que había interpuesto el per saltum contra un fallo que le ordenaba devolver al señor Smith el dinero en efectivo que este había depositado: los 40 mil dólares que había ahorrado durante toda la vida.

La opinión pública suele vincular el per saltum al caso de aerolíneas Argentinas en la causa “Fontela Moisés E. c/ Estado Nacional s/ Amparo”, en el cual, a raíz de la presentación del por entonces “Gerente de Privatizaciones”, según se definió a sí mismo, el ministro de Obras Publicas, José R. Dromi, la Corte suspendió los efectos del amparo dispuestos por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2 revocándolo y permitiendo la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas en 1990, bajo el eufemismo de adecuarla a la Ley 23.696 de Reforma del Estado.

Es necesario aclarar que la resolución de esta causa por la Corte fue anterior a mi llegada al tribunal. Y esa sentencia sin dudas despertó muchas críticas porque había sido un modo de lograr la privatización de la aerolínea por una vía rápida. Pero en ocasiones del “caso Smith”, la Corte si estaba obligada a pronunciarse, porque la reforma efectuada por el Poder Legislativo al Código Procesal y Civil de la Nación así lo dispuso al dictar la Ley de Emergencia Publica Nº 25.561, introduciendo el artículo 195 bis a efectos de que debería abocarse a este tipo de causas y situaciones de trascendencia institucional, que a la razón resultaba ser una solución a los miles y miles de casos acumulados.

Extrañas actitudes en la Corte

López y yo trabajábamos en coordinación permanente con los otros ministros consultando sus posiciones, y uno de los llamados que yo mismo realicé fue al doctor Gustavo Bossert, que se encontraba veraneando en Cariló. Su respuesta fue contundente: debía declararse la inconstitucionalidad del corralito del modo más terminante posible, y en esas condiciones estaba decidido a firmarlo. Como ya sabía que muchas veces Bossert hacia ese tipo de manifestaciones entusiastas pero después o se abstenía de votar o lo hacía en otro sentido, le leí los párrafos más duros para comprobar que estuviera de acuerdo. Él, incluso, agregó comentarios endureciéndolos aún más en los fundamentos y corrigió otros. Con su permiso, copie y transcribí sus dichos para que no hubiera dudas, pero mi cuidado no fue suficiente ya que una vez llegado el momento de firmar decidió abstenerse. Y no sería el único en cambiar de criterio sobre la marcha…

En los días previos, es decir, en la última semana de ese enero de 2001, Petracchi había tenido un incidente con unos veraneantes argentinos en la localidad Brasilera de Canasvieiras, estado de Florianópolis, Brasil. Esa situación se dio cuando algunos argentinos, al reconocerlo, lo “escracharon”, como se dice vulgarmente. Por ese motivo, en su carácter de ministro de Corte había pedido protección policial. Pasado el incidente, me llamo por teléfono y me pidió que, en mi carácter de juez de feria, convocara a un acuerdo extraordinario para declarar la inconstitucionalidad de la confiscación de los depósitos en moneda extranjera. Le respondí que, ante la inminencia del fin de la feria, si bien el tema era extremadamente grave me parecía innecesario hacer tal convocatoria, ya que de ese modo el pronunciamiento solo se adelantaría veinticuatro horas, y además que no estaba seguro de que todos los ministros pudieran llegar antes del 1º de febrero.

No obstante, le dije que daría orden de que fuera enviado inmediatamente un pasaje oficial para que viajara a la Argentina y pudiera estudiar el fallo, que coincidía textualmente con su pedido de declarar inconstitucional la confiscación. Así le pedí inmediatamente al habilitado de la Corte, el señor Mariano Riviello, que era quien manejaba todos estos temas económicos operativos junto con el señor Luis Freire, que le remitieran en forma inmediata el pasaje para el primer avión que saliera hacia Buenos Aires. Así Petracchi regresó en un viaje especialmente adelantado, para estudiar el caso y evitarle a su familia un eventual mal momento si debía compartir el avión con los mismos argentinos que lo habían agredido.

El ministro Guillermo López, apenas llegó, le entregó el proyecto, que tuvo oportunidad de estudiar unos días antes del acuerdo. Y al comenzar el acuerdo ese viernes 1º de febrero del 2002, ante la opinión de declarar la inconstitucionalidad de la confiscación de la propiedad privada, grito a viva voz y en forma enfática: “Sí, señor, este es inconstitucional, y así hay que decirlo”. Sin más.

Luego de firmar más de ochocientos fallos con sus remisiones confirmando expedientes de amparo de diversos juzgados y cámaras con efectos similares a la sentencia que dictaríamos pocos minutos después y dejando firmes los amparos formales que ordenaban la protección de los depositantes, llegó el momento de votar la famosa "causa Smith”, que resolvía sobre el fondo de tan trascendente cuestión. En esa situación se pasó a un cuarto intermedio porque el doctor Fayt quería hacer algunas modificaciones de mera forma a su voto concurrente y, una hora y media después, se continuó con el tratamiento de la sentencia.

Pero, imprevistamente, ya que a excepción de Belluscio los ocho restantes habíamos firmado esas ochocientas causas donde el “resultado formal” era idéntico al que se fundamentaría con el "caso Smith”, Petracchi y Bossert manifestaron un cambio de criterio y resolvieron abstenerse de firmar. ¿Cómo puede ser que hayan tenido tiempo de estudiar los ochocientos proyectos anteriores para firmarlos y después del cuarto intermedio no firmar el "caso Smith” alegando falta de tiempo para su estudio? ¿Qué había pasado? Petracchi lo había estudiado bien ya que había mencionado declarar la inconstitucionalidad.

Hay un dato que tal vez pudiera echa luz a este confuso episodio. Poco antes de reiniciado el acuerdo, cuando regresaba yo de mi despacho en camino hacia la sala, entre al despacho del doctor Fayt y me encontré con Petracchi tratando de convencerlo de que desistiera de votar, a lo que Fayt se rehusó terminantemente. El cambio inexplicable y ostensible indicaba que la Corte estaba alterada para funcionar de manera normal, y esas dos abstenciones luego del cuarto intermedio lo demostraban. La influencia y la presión políticas eran tan feroces como despiadadas.

Petracchi adujo después en algunos medios que no había tenido tiempo de interiorizarse en el caso. El fallo salió un viernes 1º de febrero de 2002, el primer día hábil posterior a la feria de enero. Y más tarde, para preservarse de su inexplicable proceder, inventó el incomprensible pretexto de no poder intervenir en todos los temas de la defensa de la propiedad de los depósitos, ya fuese del llamado “corralón” o su anterior “corralito”, por ser titular de un depósito a plazo fijo. Sin embargo, eso no le había significado ningún conflicto a la hora de firmar aquellas ochocientas causas anteriores (que, dicho de paso, están como prueba en los registros de la Corte). Pero, además, su impedimento no era tal porque se trataba de un depósito en una institución bancaria pública, y según lo disponía expresamente el artículo 17 del Código Procesal, por la característica de estos depósitos no eran causal de excusación. ¿Qué había sucedido en un lapso no más de noventa minutos del cuarto intermedio? ¿Qué cosas habían ocurrido en los días y horas anteriores?

Petracchi investigado

Mi relación con el doctor Petracchi tuvo siempre muchos altibajos, que iban desde situaciones conflictivas hasta momentos en que todo se normalizaba. Pasaré a relatar algunas de esas circunstancias con la esperanza de que expliquen en parte su negativa a firmar el caso en cuestión.

Yo había llegado a la Corte proveniente de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, donde antes de mi incorporación había tramitado la “causa Azucarera Tucumana”, en la cual se había dictado un fallo a favor del Estado, según voto del doctor Octavio Amadeo, que fue dejado sin efecto por la Corte en una sentencia que en mi fuero de origen dejó muchas dudas. También había tenido confrontaciones cuando ingresé al tribunal y Petracchi intentó disponer lo que yo tenía que hacer respecto del personal de mi vocalía, cosa que no admití. Además, le recriminé por un accidente de tránsito ocurrido en oportunidad de salir de su campo en la localidad de Monte conduciendo un automóvil oficial. A pesar de ello, por las obligaciones de la función, hubo períodos en que la necesidad de una convivencia aceptable nos llevó a tener una relación cordial.

En la época en que se desarrollan estos episodios (entre 1999-2002) pasábamos justamente por uno de estos últimos períodos amigables, cuando me pidió que interviniera a su favor frente a un juicio político que se le había iniciado, acusándolo de haber recibido un pago, vía Montevideo, por 580 mil dólares, que los denunciantes relacionaron con una supuesta coima en una causa que había llegado a la Corte por la resolución del rebalanceo telefónico. Se había detectado una operación bancaria efectuada en 1998, poco antes de la salida del fallo en cuestión, por la cual el Federal Bank, sucursal Uruguay, propiedad de Raúl Moneta, ordenaba al Citibank de Nueva York una transferencia por ese monto a una cuenta en el Banco Santander a nombre de Petracchi. Un grupo de diputados encabezados por Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Gustavo Gutiérrez había promovido la investigación del caso.

El me aseguró que el dinero pertenecía a un primo suyo, el doctor Santiago Petracchi, que a su vez era abogado de Telefónica, y yo le creí. Al borde de la desesperación me pidió que intercediera a su favor. Llamé entonces al diputado Carlos Soria, que era miembro de la comisión investigadora que presidía Carrió, y éste concurrió a verme a la Corte. Entonces le expliqué el motivo y accedió a escuchar a Petracchi de modo directo en mi despacho. Lo llamé para que viniera a mi vocalía y así fue como tuvo la oportunidad de explicar su versión sobre el dinero y Soria se comprometió a interceder por él.

También intervine a su favor con quien luego sería vicepresidente de la República y dos veces gobernador de Buenos Aires, y por entonces diputado Daniel Scioli, que era otro miembro de la comisión que lo investigaba. La situación fue idéntica: Scioli fue a mi despacho, luego de mí llamado ingresó Petracchi y le transmitió la versión exculpatoria sobre el origen de esa remesa de dinero. Gracias a mi intercesión de buena fe la gestión dio resultado porque la diputada Carrió desactivó la investigación y Petracchi pudo hacer su descargo en la justicia.

Pero, ¿Qué tiene que ver todo esto con el "caso Smith”? Unas semanas antes del fallo ocurrió el siguiente episodio, mencionado en el libro "Justicia era Kirchner", de Pablo Abiad y Mariano Thieberger. En ese tenso clima existente en los comienzos de la Presidencia de Duhalde, en la feria de enero de 2002, el secretario de Estado de la SIDE, Carlos Soria, me llamó a mi celular oficial y me pidió una reunión urgente (¡ya mismo!, me dijo). Me advirtió que mandaría un automóvil Ford Falcon blanco, pero sólo después de cambiar de coche en algún punto del camino y dirigirnos hacia un lugar de reunión que no me reveló. Parecía una película de suspenso.

Ante semejante propuesta, y en medio de un turbulento clima político que se vivía por entonces, con amenazas de muerte contra mi persona y escraches a nuestro domicilios, fomentados personalmente por organismos oficiales y algunos periodistas, le respondí que no quería ningún coche ni chofer extraños, que lo hiciéramos todo de modo formal, que con gusto lo recibiría en mi despacho o iría al suyo si tenía algo oficial que decirme, siempre que fuera también un despacho público.

Convenimos entonces en reunirnos en su oficina en la SIDE; pero ante los temores que manifestaba mi esposa pensé que debía tomar algunos recaudos. Así le preparé una lista de nombres y teléfonos a quienes llamar en caso de que yo no regresara en el término de tres horas. El listado incluía, además de mis colegas del propio tribunal y de otros estados extranjeros, a magistrados de las cortes de Uruguay, Chile, Estados Unidos, Brasil, Perú y Costa Rica. También a algunos políticos, eclesiásticos (los cardenales Jorge Bergoglio y Leonardo Sandri, el nuncio apostólico monseñor Adriano Bernardini y el arzobispo Rubén Héctor Di Monte) y otros diplomáticos amigos acreditados en Buenos Aires.

Dispuse que uno de mis custodios, el sargento Jorge Melo, se quedara esperado en la Catedral Metropolitana, le di instrucciones sobre qué hacer en caso de que no volviera en el caso de sesenta minutos, y me fui con otro custodio, el sargento primero Juan Carlos Giunta, que oficiaba de chofer, hasta la sede SIDE, donde hicieron ingresar el vehículo oficial de la Corte por la Avde. Leandro N. Alem. Allí me estaban esperando. En la reunión, además de Soria se encontraba el flamante ministro de Justicia, doctor Jorge Reinaldo Vanossi.

El secretario de Estado de Inteligencia me dijo que conocía el voto que López y yo estábamos preparando en la "causa Smith” y me pidió que desistiéramos de esa posición jurídica. Le adelanté que yo no pensaba cambiarlo si ese era el motivo de la reunión. Entonces Soria hizo la objeción que otros utilizarían después y que consistía en que no había razón para que cambiemos el (supuesto) criterio utilizado para ordenar al doctor Kiper devolver su depósito. Recordemos que todos se sentían decepcionados por el hecho de que la Corte hubiera (supuestamente) avalado el corralito. ¡Ahora parecían decepcionados de que la misma Corte (supuestamente) cambiara de opinión que los había decepcionado antes!

Les aclaré a Soria que la situación era distinta, en primer lugar por las modificaciones introducidas por el nuevo gobierno, que con el corralón habían agravado la situación de los ahorristas; pero además porque en aquel caso lo que se había hecho, siguiendo la opinión del doctor Belluscio, era no convalidar la conducta de un juez por mano propia haciéndose nombrar a sí mismo o a si representante (lo que sería igual) como oficial de justicia ad hoc. En el "caso Smith”, en cambio, se iba a resolver el fondo del asunto analizándose si las leyes que afectaban los depósitos en divisas extranjeras, especialmente dólares, eran constitucionales o inconstitucionales.

Le expliqué que estábamos obligados a decidirnos en un sentido u otro por la situación de violencia que se vivía, que la Corte no podía dejar de definirse frente a las operaciones que se hacían en su contra haciéndola aparecer como culpable del desastre económico tras la caída de De La Rúa y que, por otro lado, con la nueva Ley de Emergencia Económica el gobierno acababa de obligarnos a pronunciarnos legalmente vía per saltum. Además le manifesté que el voto ya se había consensuado con el resto de los ministros mediante conversaciones telefónicas, y especialmente relaté lo que había sucedido con Bossert y Petracchi. Entonces, al mencionar a este último, Soria salto enfurecido gritado, palabras más, palabas menos: “Decile a ese… que de la misma manera en que yo lo salvé a tu pedido por el tema del rebalanceo telefónico, le voy a levantar la mano a la Gorda, porque está absolutamente probado que el dinero era de él. Y nosotros tenemos la prueba”. En las palabas de Soria (de las que me hago responsable) no había puntos suspensivos, sino una expresión que me abstendré a reproducir. Y “la gorda” a la que se referia era la diputada que había denunciado a Petracchi, es decir, Elisa Carrió.

Mientras Vanossi guardaba silencio, en ese pequeño debate la reunión quedó agotada. El gobierno conocía a través de su servicio de inteligencia el criterio mayoritario de la Corte. A la sazón, digno es reconocerlo, el único que siempre estuvo a favor de la pesificación y en contra de los demás ministros fue el doctor Augusto Belluscio, que no firmó el "caso Smith”, pero que años después, ya caídos todos nosotros y derogada la jurisprudencia por ese mamarracho que es la "causa Bustos” (del 26-10-2004), como se verá oportunamente en próximos capítulos, no sólo la firmó, sino que su voto calificó nuestro impecable y ejemplar pronunciamiento constitucional de “funesto precedente”. Pero siguiendo con lo sucedido en ese acuerdo del 1º de febrero de 2002, cuando después del cuarto intermediario Petracchi dijo que se abstendría de votar, le reproché su conducta señalándole que todo parecía indicar que Soria lo había llamado para decirle lo mismo que a me había dicho a mí, y se lo repetí palabra por palabra.

Varios días después vinieron las excusaciones de Petracchi con el pretexto de ser titular de un plazo fijo. Al mismo tiempo, Fayt era recusado porque estaba en esa misma situación respecto de otro depósito, pero demostró que el deudor era una entidad oficial (situación igual a la de Petracchi), por lo cual no correspondía su apartamiento. También a mi intentaron recusarme violando mi secreto bancario (por lo cual inicie una causa penal en el juzgado federal de turno). La recusación era una abogada a quien yo no conocía, de apellidos Iribarren, que luego me informaron había sido encomendada de la SIDE a tales fines. La recusación fue rechazada por la Corte ya que pude demostrar que no tenía ningún plazo fijo en dólares a mi titularidad. Para ello, debí hacer el informe de rigor ante mis colegas y probé que los plazos fijos que se me atribuían eran, en un caso, de mi suegra, y en otro, de la fundación que lleva el nombre de mi querida primera esposa fallecida, creada en su memoria para ayudar al funcionamiento de la sala de emergencias médicas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Es decir que no existía ningún interés personal de mi parte. Sin prejuicio de ello inicié una querella contra la denunciante y contra el banco por violación del secreto bancario que, como de costumbre, no prosperó.

Hay un detalle que o debe escaparle al lector. Luego de reiniciado el acuerdo tras el famoso cuarto intermedio, Duhalde llamó al presidente de la Corte. A pesar de que existe una norma estricta que prohíbe a cualquier persona ingresar a la sala de acuerdos, el ordenanza hizo una excepción y entró para comunicarle a Nazareno que el Presidente de la Nación quería hablarle. Casi todos los acompañamos hasta su despacho y asistimos a la conversación mediante el sistema de manos libres del teléfono.

Duhalde pidió a la Corte que el fallo no saliera porque según su criterio perjudicaría al país y a la economía. Nazareno le comunicó que la decisión estaba tomada y el fallo estaba firmado, y le ratifico que no se podía hacer otra cosa frente a la situación que vivía el país que reafirmar la vigencia del derecho de propiedad, ya que no había un remedio mayor para los males por los que estábamos atravesando. A su vez, Soria llamó a Moliné O’Connor con el mismo pedido. Y Vanossi hizo lo mismo con distintos jueces, a la vez que hacia declaraciones en todos los medios diciendo que, en la emergencia, la Corte, en antiguas composiciones que yo no había integrado, siempre había convalidado medidas como las que se habían tomado contra los depósitos. Lo cual era lamentablemente cierto.

Pero con la composición de la mayoría de los ministros que por entonces integrábamos en el tribual, preferíamos afrontar todas las diatribas, todos los ataques, todos los juicios políticos que vinieran, antes que violar la Constitución Nacional, y como señala su artículo 29, antes que “otorgar sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esa naturaleza llevan consigo una nulidad insalvable, y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores de la Patria” (sic). De eso justamente se trataba lo que estaba sucediendo.

Pero veamos cual era realmente el peso y el sentido de la causa “Smith”.

Un fallo incuestionable

El derecho de propiedad está especialmente garantizado por la Constitución Nacional y por los pactos internacionales, entre ellos el de San José de Costa Rica, que lo considera expresamente como parte integrante de los derechos humanos. La denominada Ley de Intangibilidad (25.466) de los depósitos disponía, respecto de todas las imposiciones –en pesos o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captadas por las entidades financieras-, que el Estado Nacional en ningún caso podría alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera. La disposición era omnicomprensiva de la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional u otro activo estatal, prorrogar su pago, alterar las tasas pactadas o la moneda de origen, así como de reestructurar los vencimientos.

Sin embargo, poco tiempo después de sancionada esa ley, se la pasó por encima, junto con la Constitución Nacional y demás pactos internacionales. El Decreto 1.570 (dictado el 1-12-2001 por el doctor De la Rúa) estableció las primeras restricciones en medio de la emergencia. Si bien estas restricciones eran temporarias y sólo afectaban el reitero de dinero en efectivo por encima de determinado tope, se impedía si libre disposición contante y sonante, permitiéndosela sólo dentro del sistema financiero. Pero no se alteraba la modalidad ni la moneda bajo la cual se habían efectuado los depósitos y se prorrogaban las fechas de cancelación. Tampoco el Estado se apoderaba de los fondos ni los canjeaba por deuda pública.

No obstante, ya con el gobierno de Duhalde, el 6 de enero de 2002 la situación varió de manera sustancial al sancionarse la Ley 25.561, llamada “de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”, el “corralón” duhaldista, que ratificó en primer lugar aquel Decreto 1.570/01.

Además se derogó la Ley de Convertibilidad, con excepción de ciertas modificaciones que se mantenían específicamente referidas al Código Civil, y se dispuso la suspensión de la intangibilidad de los depósitos durante la emergencia, es decir hasta el 10 de diciembre de 2003, lo que equivalía a suspender la vigencia del artículo 17 de la Constitución Nacional y los pactos internacionales.

En suma, si bien se había derogado la convertibilidad premisa de oro durante la última década en materia cambiaria y de contratos (entre ellos los depósitos bancarios), se encorsetò el dinero de los depósitos existentes en el sistema financiero obligando a los titulares a percibir sumas inferiores a las pactadas con las entidades, en una moneda que no era originariamente acordada y en un plazo que, en muchos casos, podía extenderse indefinidamente, como viene sucediendo.

Si esto no podía ni debía ser considerado una vulneración y aniquilación del derecho de propiedad tal como lo determinò nuestra sentencia, no se me ocurre cual situación podría ser catalogada de esa manera.

Pero no se vaya a pensar que había otras opiniones contrarias que fueran jurídicamente válidas.

Nos juzgaban por esa sentencia, pero nadie nos discutió en derechos su contenido.

Nadie dijo que estuviéramos equivocados.

Esa “cuarta instancia” en la que se convirtió el Congreso no intentaba rebatir nuestros argumentos.

Solo estaba claro que el respeto del artículo 17 de la Constitución no le convenía al proyecto “corralón”, mucho menos de lo que le convenía al antiguo “corralito”.

Nótese especialmente que la Corte solo se pronunció sobre el derecho de propiedad y, eventualmente, sobre los derechos adquiridos que integran al de propiedad en su conjunto.

Pero nunca se expidió sobre el nuevo valor de la moneda, ya que su fijación es facultad pura y excluyente del Congreso de la Nación, conforme lo dispone el artículo 75, inciso 11. No obstante esa realidad, allí empezó una nueva campaña política y mediática contra nuestra Corte, haciéndola creer a todas las fuerzas vivas de nuestro país y del extranjero –en especial a los exportadores, los industriales, los sectores del campo r incluso a los propios gremios obreros- que nuestra intención era dolarizar la economía.

Si defender estos principios podría ser considerado mal desempeño delito, bienvenida seria cualquier condena. Es que tan transparente e incuestionable, por lo ajustado a la Constitución, es la sentencia recaída en la "causa Smith”, que, como se verá oportunamente, en los juicios políticos que se nos iniciarían  en 2002 y 2003 debieron inventar otras causas que nada tenía que ver con el fallo.

Sin embargo, no se puede hacer un balance acabado de una situación sin tener en cuenta el modo en que se informó (y/o se desinformo) a la población, misión bajo la responsabilidad, claro está, de los medios.

El granito de arena de los medios

En el caso que estamos estudiando, hubo una particularidad que trasvasa todo el análisis: aquellos encargados de informar eran actores y partes en la crisis que se vivía.

Ellos habían puesto mucho más que un granito de arena para que los hechos se desencadenaran como lo hicieron, porque algunos se encontraban en grandes problemas financieros y de proto, con las medidas económicas posteriores al 2001, se vieron altamente beneficiados.

Pero también tenían otros intereses, como simple y llanamente hacer negocios. Lo cierto es que la situación de la prensa después del colapso de 2001 pasó a la categoría de “libertad asistida”.

De buenas a primeras las protestas en las calles empezaron a ser ignoradas por los distintos noticieros, y durante los sucesivos y cortos gobiernos a partir de la caída de De La Rúa se tapó sistemáticamente que se había fundido casi todas las provincias, con la de Buenos Aires a la cabeza, la cual había dejado despojado a su histórico Banco Provincia (BAPRO).

No hubo una sola denuncia en los medios a raíz de los desmanejos (por usar una palabra amable) de ese banco, que debió inventar un fideicomiso para disimular su situación patrimonial.

A tal punto fue así que cuando el presidente del Banco Central, doctor Pedro Pou, trató de verificar el estado legal patrimonial del banco, esta entidad autónoma se amparó en el Pacto de San José de Flores, que la preservaba del poder central de la Nación, argumentando que la creación del banco local había sido anterior a ese pacto (que databa del 11 de Noviembre de 1859).

El intento del doctor Pou le costó el cargo por un supuesto “mal desempeño”, que se habría cometido al tratar de cumplir con su deber en momentos de gran confusión y contra el poder de la provincia de Buenos Aires. Imaginando hoy una mera hipótesis, si el doctor De La Rúa en lugar de decretar el estado de sitio, que de nada sirvió, hubiera intervenido en el BAPRO o la propia provincia de Buenos Aires, desde donde se gestó gran parte de su caída, tal vez su suerte habría sido otra.

El manejo de la publicidad oficial no solo era tan discrecional como el de los fondos reservados, sino que todas las empresas, incluidas las periodísticas, se encontraban en un estado de subsistencia precaria.

Y de eso Duhalde supo sacar provecho político.

Si se hace un recorrido por los diarios de la época durante los primeros meses del 2002, se verá que el nivel de crítica y virulencia contra la Corte dan un salto a partir del caso “Smith” y la consecuente decisión oficial de quitarse de encima a la cabeza del Poder Judicial, es decir, a la Corte Suprema de Justicia.

El uso del concepto de “Corte menemista” por parte de Página/12, acuñado por Verbitsky antes de la reforma constitucional de 1994, se trasladó a prácticamente todos los medios.

Lo mismo ocurrió con la apelación a la expresión “mayoría automática” para desprestigiarnos. La Corte paso a ser llamada “Corte adicta”, “mayoría automática” o “Corte menemista”, y otros exabruptos por el estilo. Y la descalificación fue el paso previo a la distribución completa del alto tribunal.

Con anterioridad al dictado del fallo “Smith”, según los medios el problema con la Corte residía en que se la suponía atada y dependiente de las necesidades del Poder Ejecutivo. Después de aquella sentencia que reafirmaba el derecho de propiedad, esa misma institución desafiaba y ponía en peligro a ese Poder. Así, muchos de los que semanas antes gritaban “independencia” ahora se quejaban, justamente, de la independencia.

Eduardo van der Kooy, por ejemplo, como consecuencia del fallo “Smith” decía en uno de sus panoramas políticos: “El gobierno, ante el más grave desafío de poder.

El fallo de la Corte Suprema buscó acorralar a Duhalde.

Y quizá torcer el nuevo rumbo económico. 

Pero la alianza oficial reaccionó rápido.

El juicio político, ineludible, añade otro conflicto y más tensión a la crisis”.

Y calificaba de “desbarro” a la sentencia que poco antes nos decían que la sociedad estaba reclamando:

“Está el divorcio tajante de la sociedad con las instituciones y con la totalidad de la clase dirigente; hierve una queja popular legitima, pero también repetidamente desmadrada; se acaba de declarar, además, con el desbarro de la Corte, un gravísimo conflicto de poderes”.

¿Conflicto de poderes?

¿Dictar sentencias no seguía estando a cargo del Poder Judicial? ¿El divorcio no se debía a la falta de confianza en la defensa de sus derechos por parte del Estado? ¿No estaba el enojo con la Corte basado en la errónea idea inicial de que la causa Kiper (que no era el tema de fondo) había convalidado el corralito?

Cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero es preciso recordar que nuestra Corte estuvo toda la feria de enero asediada y soportando en solitario presiones de todo tipo mientras preparaba esa sentencia. Recuerdo que cada vez que me levantaba de mi escritorio simplemente para ir al baño tenía que moverme entre gendarmes y policías. No obstante, cuando podía me escapaba y me mezclaba entre los manifestantes y la fila de los ahorristas, lo que generaba gran preocupación a mis custodios y asombro de los periodistas que me descubrían. Recuerdo a una reportera que me entrevistó entre la muchedumbre diciendo que yo abusaba porque no me reconocían. Y puede que hubiera tenido razón.

Pero Van der Kooy al menos reconocía que el malestar con el Poder Judicial se debía a la sentencia sobre el corralito, y no al cúmulo de pretextos que se usaron entonces y el año siguiente para deshacerse de una justicia molesta.

A favor de los ahorristas, ¿en contra del gobierno?

No está de más revelar aquí que una de las primeras gestiones de Vanossi como ministro de Justicia de Duhalde consistió en invitarnos a mí y al doctor Belluscio a su casa de Barrio Parque, donde conversamos largo tiempo, y luego nos visitó en el Palacio de Justicia, donde fue recibido por los integrantes de la Corte en pleno. El problema para el nuevo Presidente no era ningún historial nuestro, mucho menos el criterio del "caso Kiper", sino cómo reaccionaria el Poder Judicial a su plan enviado al Congreso el 4 de enero. Tal plan consistía en terminar con la convertibilidad mediante una “pesificación asimétrica”, la confiscación de los depósitos y una hiperdevaluación. El mismo plan que Cavallo había descartado por requerir un avance grosero sobre los derechos de la propiedad.

La posición de Vanossi era un tanto particular porque, de buena fe sin duda pero muy equivocadamente, le había asegurado a Duhalde que, de acuerdo con la tradición de la Corte, para casos de emergencia las decisiones del Legislativo iban a ser evaluadas por el alto tribunal, aunque mellaran e incluso violaran el derecho a la propiedad. Ese fue el error que creó una expectativa que, a su vez, potenció un conflicto que o debió ocurrir.

Nuestra Corte estaba decidida a volver a las fuentes constitucionales de defensa del derecho de la propiedad privada, es decir, a las mejores tradiciones de nuestra vida institucional, sobre la base de un proyecto de sentencia con el cual al principio todos los ministros menos Bellucio estábamos de acuerdo.

Convencidos de decirle no al avallasamieto de los derechos de la población, no al golpe de estado civil y palaciego, no a la violación de los derechos humanos o de cualquier garantía constitucional consagrada, no a incurrir en el otorgamiento de la suma del poder a político alguno.

No estamos hablando de una negativa caprichosa por no comprender las dificultades políticas de un gobierno, sino de entender que no hay mejor remedio para una emergencia que volver a los principios fundacionales de una república.

Fue ese sentido del cumplimiento del deber lo que determino el golpe contra la Corte.

Lo peor del juicio político que se inició a partir de ese entonces fue que, como sucedería en los años siguientes, ni el gobierno ni la oposición advertían lo que estaba en juego.

En algunos casos extremos, como el de Carrió, su confusión era tal que se convirtió en abanderada de esa causa del juicio político contra la institución “Corte Suprema de la Justicia de la Nación”, no contra algunos de sus miembros individualmente.

La doctora Carrió es un caso de verdad curioso.

Es una persona de convicciones no muy sólidas, como lo demuestran sus antecedentes:

Fue fiscal del gobierno militar cuando gobernaba en el Chaco el general de brigada Antonio Serrano.

Ya en la democracia fue diputada constituyente en la reforma de 1994 por su provincia y luego, ante el fracaso de una elección política en su provincia natal, paso a ser una referente de la ciudad de Buenos Aires, donde en 2007 obtuvo un honroso tercer puesto.

Como diputada tuvo varios casos de denuncia contra la corrupción pública que le valieron y le valen el reconocimiento de importantes sectores de la ciudadanía, que la consideran un ejemplo de valentía política y personal.

No obstante, al no haberse demostrado nunca la verdad de sus denuncias, aparece muchas veces ante los ojos de los ciudadanos como poco creíble.

Al día siguiente de dictado el "caso Smith” declarando la inconstitucionalidad do todo el sistema de restricciones, Duhalde soltó una suspicacia al revés:

“Esta decisión de la Corte, casualmente tomada cuarenta y ocho horas después de que el Congreso habilitara el juicio político, es muy grave”. Lo sintomático era, en vez de eso, que se habilitara el pedido de juicio político cuarenta y ocho horas antes de que fuéramos a tomar una decisión que se había estado elaborando durante todo enero y que el Presidente y su ministro de Justicia, y el secretario de Estado de la SIDE, en fin, todo el Poder Ejecutivo y Legislativo, conocían e intentaban frenar. Sin embargo, ya sabíamos sobre las intenciones originales de Duhalde. En una comida cuyo anfitrión fue entonces el arzobispo de Mercedes, monseñor Rubén Di Monte, a la que concurrimos con el ministro Guillermo López, el arzobispo fue el primero en comentarnos que el nuevo gobierno tenía planeado llevar a cabo el juicio político contra todos los ministros para así poder obtener el aval a las medidas económicas.

Y eso requería una nueva Corte.

Por suerte, nosotros no cejamos ante la amenaza.

(...) El 4 de diciembre Clarín efectuaba la siguiente y esclarecedora frase:

“En el gobierno no descartan, incluso, que la Corte pueda seguir fallando a favor de los ahorristas y en contra del oficialismo”.

Estar a favor de los ahorristas era estar en contra del gobierno.

Sin embargo, desde el oficialismo se informaba que el fallo de la Corte les había impedido lanzar las medidas que favorecerían a los ahorristas.