Triaca: "Nos piden cosas que no se hicieron en 12 años"
¿Hasta
donde está dispuesto a avanzar Sebastián Casanello con la ruta del dinero K,
que tiene entre rejas a Lázaro Báez?.
El
interrogante no tiene un propietario.
Circula
con la intensidad de una ráfaga en el Gobierno, el macrismo, la oposición, la
opinión pública pasmada con las revelaciones y hasta en Comodoro Py.
Allí la mayoría
de los jueces federales intenta descubrir la osadía del colega que sustancia
una de las dos causas de corrupción más importante de la década kirchnerista.
Les
faltaría a ellos esa certeza para saber cómo maniobrar las más de 2.350
denuncias por hechos ilegales sólo durante los mandatos de Cristina Fernández.
La expectativa
es grande por la acrobacia que supo hacer Casanello.
Pasó
de tener inmovilizada casi tres años la causa sobre lavado de dinero a desatar
una investigación con una espectacularidad sin precedentes, en ese plano, en
las tres décadas largas de recuperada democracia.
Los
resultados están todavía por verse pero el juez dio señales de que carecería de
margen para otra parálisis.
O
para que el tiempo le termine de bajar el telón al teatro.
“La
sociedad espera resultados rápidos”, dijo en Rosario.
Allí
participó de un Congreso de la Red Nacional Anti Mafia que contó con el aval de
la Real Academia Pontificia.
Las
consecuencias de su empellón debió sobrellevarlas Guillermo Marijuán.
El
fiscal se encargó de los operativos en Santa Cruz donde pudo advertir que el kirchnerismo edificó desde los 90, cuando
Néstor Kirchner llegó a la gobernación, un
blindaje político y judicial apuntalado, sobre todo, en el nepotismo.
Aunque
no siempre.
El
Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó recién esta semana una resolución
mediante la cual le solicitó al intendente, el radical Roberto Giubetich, que inicie acciones jurídicas contra Báez
por una añeja y millonaria deuda impositiva por sus propiedades y automóviles.
Muchos
de los cuales salieron a la luz pública por los allanamientos que dispuso
Marijuán.
Parece
claro que el juego político en Santa Cruz demandaba el respeto de ciertas
reglas.
No incomodar a
Lázaro, entre otras.
El
fiscal debió enfrentar ciertas resistencias insólitas.
Concurrió
al Registro de Propiedad de Inmuebles Provincial para cotejar en esa
dependencia los datos que poseía sobre las pertenencias del empresario K.
Los encargados
le negaron el acceso a tal información.
Reclamaron
una orden expresa del juez.
Marijuán
había llegado a la provincia por indicación de Casanello.
Con
amplias facultades.
Sólo cuando
amagó con un allanamiento le facilitaron los datos.
Así
corroboró que las propiedades de Baéz casi cuadriplicaban a las conocidas en la
Justicia.
El
espectáculo, que incluyó las extravagantes imágenes de una excavadora buscando
tesoros bajo tierra, no alcanzó para disimular ciertas líneas maestras de la
investigación que van quedando registradas.
La situación de
Báez no tendría la posibilidad de ningún retorno.
Probablemente
tampoco la de sus compinches encarcelados.
La
novedad de Casanello habría sido su rastreo en torno a los cuatro hijos de
Báez.
Allanó
sus domicilios.
Incluso uno de
Martín, que apareció en los videos contando millones de dólares en la cueva
financiera de Puerto Madero, en esta Capital.
Aunque
la sorpresa de Marijuán habrían sido algunas evidencias recogidas en el
inmueble de Melina, una de las dos hijas del empresario K.
La
situación de la familia de Báez podría complicarse mucho en la investigación de
la ruta del dinero.
Martín
continúa procesado pero Casanello lo
mantiene en libertad.
¿Que
podría ocurrir con los otros?.
Un
enigma.
Lo cierto es que
el empresario de la construcción estaría dispuesto a mantener su mutismo y
soportar lo que venga siempre que sus herederos no sean comprometidos.
Dependerá
entonces de lo que decida el juez.
El
silencio de Báez importa muchísimo a Cristina.
Luego
de la semana que pasó, a lo mejor, un poco menos a Julio De Vido.
El
juez y el fiscal estarían arribando a una conclusión inicial irrefutable.
Todo el
patrimonio incautado al empresario K provino de los beneficios, con elevados
sobreprecios, de la obra pública.
Ese
dinero salió siempre desde el ex ministerio de Planificación.
El
que el ahora diputado kirchnerista ocupó durante los doce años del ciclo.
No
habría sido por casualidad.
Menos
por su eficiencia.
Casanello
no se parece en nada a Claudio Bonadío.
Este
juez asomaría dispuesto a procesar a Cristina –también a Axel Kicillof y
Alejandro Vanoli- en la causa por la venta de dólares a futuro del Banco
Central que produjo gigantescas pérdidas al Estado.
Casanello deberá
hurgar todavía mucho en la ruta del dinero K para llegar a la figura de la ex
presidenta.
Espera
la ayuda de un caso conexo, el de Hotesur.
Se
trata de la empresa que administró la cadena hotelera de la familia Kirchner,
en El Calafate.
Esa
cuestión basculó incierta entre Daniel Rafecas y Julián Ercolini.
La
documentación probatoria aguarda apilada en un galpón.
La
Cámara Federal laudó recién el jueves en favor de Ercolini.
La vinculación
entre una y otra causa podría ayudar a determinar si la ex presidenta y su
familia incurrieron en el delito de lavado de dinero.
Casanello
le debería a Cristina su ascenso a juez federal cuando, en verdad, había
quedado rezagado en el concurso para cubrir la vacante.
Pero
la turbulenta realidad y el tremendo destape de la corrupción kirchnerista le
impediría reparar en agradecimientos.
Ese magistrado
estaría recibiendo una inesperada bendición.
No
sólo encabeza –mucho por obra del azar-- un brote de presunta transparencia en
el Poder Judicial.
Habría
sido señalado además como uno de los símbolos de un nuevo tiempo.
Si
es que lo hay.
Francisco
indagaría con insistencia sobre él.
Lo
espera en junio, junto a otros jueces y fiscales, para participar en jornadas
sobre narcotráfico, lavado de dinero, criminalidad y trata de personas que
auspicia la Real Academia Pontificia.
A
Casanello se le habría disipado una duda.
Nunca
dejó de recordar la frase que en épocas dificiles pronunció el Papa:
“Hay
que cuidar a Cristina”, aconsejó en marzo del 2014 cuando el gobierno K
andaba a la deriva.
Discretamente
accedió a una actualización de aquel apotegma:
“Ya
no hace falta cuidar a Cristina. Cumplió su cometido cuando entregó el poder”, escuchó.
Francisco
estaría a la distancia observando con satisfacción la insinuación de limpieza
promovida desde la Justicia. Sobre todo, porque esa Justicia estaría operando
con simultaneidad en dos tiempos.
Revisando
el pasado sin olvidarse del presente.
¿El
presente?.
En
cuatro meses de administración macrista el panorama sería el siguiente:
Mauricio
Macri y el intendente PRO de Lanús, Néstor Grindetti, fueron imputados por el
fiscal Federico Delgado por los Panamá Papers.
El
mismo funcionario abrió una causa por sospecha de lavado de dinero contra la
segunda jerarquía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia
Majdalani;
el
fiscal Jorge Di Lello pidió investigar al titular del Banco Central, Federico
Sturzenegger, en la causa por la venta de dólares a futuro.
Habría
otro asunto, ajeno al Gobierno, que también sería seguido con interés.
Son
las causas que involucran al espía Jaime Stiuso.
Ese
hombre fue un engranaje clave dentro de la oscura maquinaria de Comodoro Py.
Su
denuncia por enriquecimiento ilícito ha deambulado sin suerte por las oficinas
de Bonadío, Casanello y Rodolfo Canicoba Corral.
Espera
un destino.
Otras
dos, motorizadas en su momento por el kirchnerismo, poseen un vicio de origen.
Refieren
a presunto lavado de dinero.
Pero
incluyen presentaciones de Carlos Gonella, el fiscal de la Procelac
(Procuraduria de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).
El
mismo funcionario que, desoyendo instrucciones del fiscal Marijuán, evitó
implicar a Lázaro y Martín Báez en una investigación primaria sobre lavado de
dinero. Por esa razón permanece procesado.
Su
caso dispara ramificaciones.
Elisa Carrió
pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que cite a declaración indagatoria a
Alejandra Gils Carbó.
Pesan
sobre la mujer dos cargos.
Haber designado
a Gonella de manera irregular como fiscal ad hoc.
Por
esta cuestión existe una denuncia penal que está en algún cajón del escritorio
de Casanello.
La
diputada supone además que la Procuradora fue cómplice de aquella omisión de
Gonella vinculada al empresario K.
Gils Carbó viene
rechazando las ofertas macristas para alejarse de su cargo.
Otro
de los intentos se estaría disipando.
El
ministro de Justicia, Germán Garavano, ideó un proyecto para crear cuatro sub procuraciones
que vaciaran de contenido el papel de esa mujer.
Pero
el propósito tuvo un tropiezo al amanecer.
El Frente
Renovador de Sergio Massa se opondría a la propuesta.
El
kirchnerismo estaría tratando de tenderle un auxilio a la Procuradora que
resiste.
Hubo
gestiones para que fuera incorporada entre los invitados al próximo cónclave
con jueces y fiscales promovido por Francisco.
Naufragaron.
Ahora
se intentaría exhibirla en una audiencia con el Papa.
El
mismo afán persiguen miembros de Justicia Legítima.
La misión corre
por cuenta de la escribana Marta Cascales, la mujer de Guillermo Moreno.
Amado
Boudou también estuvo mendigando en las últimas horas protección.
Pasó
por el Congreso.
Se
fue como había entrado.
Ariel
Lijo comunicó que pronto será el juicio oral por el escándalo Ciccone.
Ese
juez ya estuvo en el Vaticano y se apresta a retornar en junio.
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