Joaquín
Morales Solá
LA
NACION
La
mancha del escándalo está mojando muy cerca, demasiado cerca, de Cristina
Kirchner.
La
ex presidenta y su hijo Máximo fueron imputados en una nueva causa por
supuestos hechos de corrupción en la compraventa y el alquiler de inmuebles de
la empresa Los Sauces.
Los delitos que
se investigan son la adulteración de documentos públicos, omisiones y
adulteraciones en declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito y,
eventualmente, lavado de dinero.
La
segunda imputación directa contra Cristina (y la primera contra Máximo
Kirchner) la hizo el fiscal Carlos Rívolo ante el juez Claudio Bonadio, que
investiga una denuncia presentada por Margarita Stolbizer.
Mientras
esto sucedía en Buenos Aires, el fiscal Guillermo Marijuan quedaba estupefacto
varias veces en Santa Cruz por la fastuosidad obscena de las propiedades de
Lázaro Báez.
Hay
algo raro (o no tan raro) en esas
propiedades inmensas y suntuosas:
La mayoría de
ellas nunca fueron usadas.
No
es raro, en efecto, si se analizan esas compras como maniobras de lavado de
dinero.
En
definitiva, es mucho más fácil lavar la compra de inmuebles que dinero en
efectivo.
Esta
imputación contra Cristina Kirchner y su hijo tiene dos rasgos muy especiales.
El
primero es que se trata de una investigación en manos del juez Bonadio y del
fiscal Rívolo.
Ambos
han mostrado una importante independencia respecto de los Kirchner en tiempos
en los que a la Justicia le costaba ser independiente.
Bonadio fue el
único juez que allanó en Santa Cruz las empresas de la familia cuando Cristina
era presidenta
Lo
hizo cuando instruía la causa Hotesur, un caso claro de lavado de dinero en
hoteles.
Se
hizo acompañar hasta el Sur por la Policía Metropolitana, bajo el mando del
entonces opositor Mauricio Macri. Rívolo fue el fiscal que juntó las primeras y
determinantes pruebas contra Amado Boudou en el caso Ciccone, que terminó luego
con el procesamiento del entonces vicepresidente (y protegido de Cristina) por
parte del juez Ariel Lijo.
La
segunda característica es que el caso de la empresa Los Sauces confirma la
teoría, extendida entre varios jueces, sobre el sistema de corrupción en los
últimos 12 años.
Empresarios
de obras públicas o subsidiados para la provisión de energía y de transporte
facturaban con enormes sobreprecios.
Ese
dinero sobrante servía para pagar sobornos o retornos a los funcionarios que
autorizaban los pagos.
En
algunos casos, como el de Lázaro Báez, eran, además, supuestos testaferros de
quienes estaban en la más alta instancia política del país.
Por
eso, en algún momento Báez se vio en la desesperación de esconder dinero en el
exterior o lavarlo en el país.
El fiscal
Marijuan descubrió en El Calafate que las sábanas y toallas de sus estancias no
habían sido usadas nunca.
Canchas
de fútbol 5 con riego automático y quinchos con aperturas automáticas de
puertas y ventanas.
Todo eso tenía
Báez en Santa Cruz y no lo usó jamás.
Báez
y Cristóbal López vuelven a aparecer en el caso de la empresa Los Sauces, que
le costó la segunda imputación a la ex presidenta y la primera a su hijo por
delitos de corrupción.
La
primera imputación a Cristina la hizo el fiscal Marijuan por la ruta del dinero
K, que es lo que está investigando en Santa Cruz.
Un
aspecto llamativo del expediente de Los Sauces es que hay un edificio construido
por Lázaro Báez, con plata de Báez, sobre un terreno de Néstor Kirchner, que
éste donó a su empresa, Los Sauces.
Báez
y Cristóbal López alquilaron luego ese edificio.
¿Cómo
se explica que Báez haya construido con su dinero un edificio sobre un terreno
de Kirchner y luego haya pagado por el alquiler del edificio?
"Desconfianza.
La vieja desconfianza de Néstor Kirchner", explica un juez que conoce
varias pesquisas en marcha.
Otra
extravagancia.
La
empresa fue incluida en sus declaraciones juradas por los Kirchner como
adquirida en 2010 por 900.000 pesos, pero fue inscripta en el Registro de la
Propiedad sólo dos años después, en 2012.
En
2011, la compró por 200.000 pesos Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.
En
2012 la compraron los Kirchner, pero por un precio sideralmente más alto:
250.000 dólares.
La
constitución societaria de la empresa quedó inicialmente de esta manera:
Néstor
y Cristina Kirchner tenían, cada uno, el 45% de las acciones, mientras que
Máximo Kirchner era dueño del 10% restante.
Después
de la muerte del ex presidente, las acciones se dividieron de esta forma:
Cristina,
con el 45%; Máximo, con el 32,5, y Florencia Kirchner, con el 22,5.
La
empresa tenía ocho inmuebles en la Capital Federal, Río Gallegos, El Calafate y
el Chaltén.
Se
los alquilaba sólo a Lázaro Báez y a Cristóbal López.
"Los
alquileres podrían ser sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que
entregaron a Báez y López durante 12 años", escribió Stolbizer en su
denuncia inicial.
Bonadio
y Rívolo avanzaron luego en la obtención de pruebas.
Cierta
opinión pública tiene dudas sobre los resultados de los allanamientos en Santa
Cruz porque no se encontró dinero suficiente.
La
conclusión es equivocada.
Se encontró
muchísimo dinero en bienes inmuebles, tres veces más que los previstos en la
primera orden del juez Sebastián Casanello.
Las
espléndidas estancias y casas estaban recién hechas.
La
Justicia deberá investigar ahora cuándo se hicieron esas obras y cómo se
pagaron.
Es
posible que Marijuan impute a más personas en esta causa, que tiene todas las
características de una monumental operación de lavado de dinero.
En
rigor, es Marijuan quien le está dando una orientación a esa causa.
El
juez Casanello parecía llevarla sin una dirección clara y cierta.
Casanello
es conocido en los tribunales por su vieja relación con La Cámpora y con el ex
viceministro de Justicia cristinista Julián Alvarez.
Sin
embargo, exponentes importantes de la justicia federal confían en el progreso
de la investigación porque Casanello está atenazado por dos factores.
Uno
es la calidad del fiscal:
Marijuan
es conocido como un funcionario implacable en los tribunales.
Otro
elemento determinante es que la investigación está siendo supervisada por la
única sala independiente y prestigiosa de la Cámara Federal.
Es
la integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.
Los
tres jueces, que están por encima de Casanello, ya le indicaron al magistrado
que fuera mucho más allá de sus propósitos iniciales.
Casanello
ha recibido consejos de pares y superiores para que ponga en prisión, cuanto
antes, a Martín Báez, el hijo de Lázaro.
"Es
sólo el hijo. Yo también tengo hijos", suele responder Casanello.
Casanello
se equivoca:
Martín Báez
tiene 35 años, no es un adolescente al que su padre lo lleva a cualquier parte,
y es accionista de todas las empresas de Lázaro Báez.
En
resumen: si las empresas de Lázaro Báez lavaron dinero, también es culpable su
hijo y socio, Martín.
Su
eventual detención no sería una extorsión, sino una conclusión lógica de la
investigación.
Casanello
lo citó a declaración indagatoria para el próximo viernes.
Martín
Báez podría estar viviendo los últimos días en libertad.
Casanello
difícilmente llegue, por sus antecedentes y su actual gestión, hasta Cristina
Kirchner.
Pero
significará sólo un descanso para la ex presidenta.
El
juez fue empujado por la Cámara Federal para que decidiera los allanamientos
que finalmente hizo el fiscal Marijuan.
El
propio Marijuan está decidido a llegar hasta los que mandaban en el país en los
tiempos en que Lázaro Báez se enriqueció sin límites ni medidas.
La
polémica sobre si se llegará o no a Cristina Kirchner es poco consistente.
¿Por
qué se condenaría a alguien por lavado de dinero sin averiguar el delito precedente,
es decir, cómo consiguió el dinero?
¿Por
qué, si Báez construyó su inmensa fortuna con la obra pública que le prodigaron
los Kirchner durante 12 años?
Varios
jueces quedarían a tiro de un juicio político en el Consejo de la Magistratura
si el hilo se cortara en el lavado de dinero de Báez.
Báez
también aparece en la causa Hotesur alquilando habitaciones vacías en hoteles
de Cristina Kirchner.
Típico y antiguo
método de lavar dinero.
Esa
causa es la más sencilla de esclarecer.
Basta,
como dice el periodista Hugo Alconada Mon, con contar las medialunas y las
sábanas que se mandaban a lavar y compararlas con las habitaciones
supuestamente ocupadas.
La
causa terminó en manos del juez Julián Ercolini, luego de que otra sala de la
Cámara Federal, la más cuestionada y la que más desconfianza merece (integrada
por los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler), la retuviera desde octubre
pasado para establecer si el juez competente era Ercolini o Daniel Rafecas.
Otra cosa es el
cómo y el cuándo se llegará a Cristina Kirchner.
Un
consenso entre jueces señala que una ex presidenta necesita de una carga de
pruebas más sólidas que cualquier otro mortal.
La
oportunidad ocurrirá, dicen, luego de que muchos de sus viejos colaboradores
hayan ido a parar a la cárcel.
No
quieren convertir una eventual sentencia merecida en un espectáculo de
resurrección política.
Deberán
caer antes los que la rodearon.
Es
simple.
Primero
ellos…
Después
ella.
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