LA NACION 03/04/2016
El
reconocido y prestigioso periodista Alfredo Leuco hizo público días atrás un
pedido de conformación de nuevas entidades de derechos humanos para los nuevos
tiempos de la Argentina.
En su
fundamentación alegó que la adhesión de algunas de las actuales organizaciones
al kirchnerismo ha terminado disecándolas y alineándolas con los aplaudidores
de los últimos 12 años, impidiéndoles cumplir con sus verdaderos objetivos.
La propuesta de Leuco es avanzar
hacia un proceso de renovación para que surjan entidades integradas por
personas honradas y con prestigio social que adhieran a la defensa de los derechos humanos y
que no tengan relación con facciones teñidas por la corrupción.
La
preocupación del periodista es entendible.
La adhesión de ciertas entidades
de derechos humanos al kirchnerismo no sólo las desvió del propósito
prioritario de su objetivo, sino que también contaminó, al menos a una de
ellas, en graves hechos de corrupción.
El caso notorio fue el de las Madres de Plaza de
Mayo, cuya línea, liderada por Hebe de
Bonafini, entró en proyectos de construcción de viviendas que se
financiaron con dineros públicos y que concluyeron en una estafa y siguió con
un desfalco en un instituto universitario que terminó siendo pagado por todos
los argentinos a través de una absurda estatización.
El fácil
dinero oficial fluyó para generar gastos y enriquecimientos inexplicables, en
algunos casos, mientras que en otros, el aporte de las arcas públicas podría
explicar la voluntaria ceguera frente a irregularidades cometidas desde el
gobierno nacional.
La cooptación kirchnerista no fue
casual.
Por el
lado del matrimonio gobernante, respondió a una estrategia de construcción de
poder.
Por el
lado de las entidades, fue una respuesta a quienes les dieron satisfacción a su
aspiración de ver encarcelados a los acusados de ser victimarios de sus
familiares o compañeros en la lucha revolucionaria.
La
idealización de los guerrilleros como perseguidos políticos está en la
naturaleza de la relación afectiva de sus familiares y en el intento de una
mejor presentación de su violencia revolucionaria frente a la sociedad y el
mundo.
Fue tan
fuerte ese impulso ideológico y afectivo, así como la aspiración de vengar a
sus seres queridos, que algunas entidades de derechos humanos pasaron por alto
la corrupción kirchnerista.
Ha
predominado una versión histórica de los años setenta que es incompleta y
asimétrica.
Esta
visión no sólo fue impulsada por estas entidades y por el gobierno
kirchnerista, sino que también tuvo eco en espacios políticos, intelectuales y
periodísticos tanto locales como del exterior.
En
general, se han condenado los crímenes de la represión excluyendo toda
consideración de los previos crímenes del terrorismo revolucionario que los
antecedió en el marco histórico.
Las
víctimas de este terrorismo no son todavía reconocidas, mientras que algunos de
quienes usaron sus armas y su violencia contra civiles inocentes y también
contra gobiernos constitucionales han sido homenajeados, indemnizados o hasta
premiados con cargos oficiales.
El
discurso de Barack Obama frente al Monumento a la Memoria pudo haber caído
justamente en esta visión parcial de la historia, mientras que el del
presidente Mauricio Macri, aunque partió de una condena a la fecha del 24 de
marzo, se refirió a la inaceptabilidad de la violencia política en general,
dato que debe interpretarse como un avance en el sentido de arribar a un mayor
equilibrio.
Precisamente,
una lectura más integral y abarcativa de lo ocurrido en los trágicos años
setenta sería el paso que le puede faltar al pedido formulado por Leuco de
conformar nuevas entidades de derechos humanos.
Las
víctimas de los grupos armados no pueden quedar en el olvido.
Los
crímenes del terrorismo deben ser también condenados, al tiempo que debe quedar
claro para las nuevas generaciones de argentinos que el objetivo de esas organizaciones era instaurar, con apoyo desde Cuba,
un régimen totalitario y no luchar por la democracia contra una dictadura
militar.
De
hecho, sus mayores ataques y atentados se produjeron precisamente durante la
gestión del gobierno peronista, elegido democráticamente en 1973.
El respeto por los derechos
humanos exige también no confundir justicia con venganza, como puede estar ocurriendo con
algunos procesados sin condena por presuntos delitos de lesa humanidad a
quienes se les niega la prisión domiciliaria pese a ser septuagenarios u
octogenarios.
La
parábola seguida por las entidades de derechos humanos y su aterrizaje en el
kirchnerismo debería dejar una lección sobre la parcialidad de su cometido en
los últimos años.
Para
alcanzar la ansiada pacificación, la verdadera defensa de los derechos humanos
no puede ser exclusiva de algunos ni estar sujeta al predominio de determinadas
concepciones ideológicas o a interpretaciones sesgadas de los hechos
históricos.
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