Carlos
Pagni
LA
NACION
Fue
el debut de la abogada exitosa.
Y
el sueño de Claudio Bonadio:
Logró
ser el primer juez en procesar a Cristina Kirchner.
Mejor
dicho, a Cristina Elisabet Fernández, como la llamó a lo largo de su
pronunciamiento.
Bonadio
dispuso esa medida el viernes pasado, en la causa que se abrió por el enorme
caudal de recursos que el Banco Central destinó a evitar una devaluación,
mediante generosísimos contratos de futuros.
Es el más
técnico de los expedientes que involucran a la ex presidenta.
Y
el de mayor significación política.
Por
su contenido y por sus consecuencias.
Bonadio
calculó que el kirchnerismo dilapidó $
77.325.739.330 para mantener barato el dólar.
O,
dicho de otro modo, para que el retraso cambiario le estallara al sucesor.
El
juez interpretó que el titular del Central Alejandro
Vanoli y el resto del directorio defraudaron
al Estado.
Si
bien no montaron una estafa, incurrieron en un abuso de autoridad, al malgastar
los recursos que se les habían confiado.
Y
explica por qué los funcionarios eran conscientes del daño que causaban.
Bonadio
procesó a Vanoli y a los directores que lo acompañaron.
Pero
también a la señora de Kirchner y a Axel Kicillof.
No
es un detalle.
El
cargo más interesante, y el de mayor alcance, es haber eliminado cualquier límite formal a sus decisiones.
Bonadio analiza las disposiciones que fueron corroyendo la institucionalidad
monetaria y cambiaria.
Desde
la supresión de la autonomía del Banco Central hasta la selección de
funcionarios por su lealtad a una facción, más que por su calidad profesional.
El
fallo sienta un precedente tan saludable como riesgoso:
Cualquier
líder que, valiéndose de un poder excepcional conquistado en las urnas, modele
las instituciones a su antojo para tomar medidas imprudentes está expuesto a una sanción penal.
Los
voceros de Cristina Kirchner equiparan las investigaciones contra ella con el
impeachment contra Dilma Rousseff.
Les
parece obvio que están siendo dirigidos por Barack Obama.
El
desasosiego nubla la inteligencia.
Porque
lo que sucedió la semana pasada en Buenos Aires es muy distinto de lo que
ocurrió en Brasilia.
Rousseff
fue removida por un juicio político.
No
penal.
Quienes
votaron en su contra aclararon que no evaluaban un caso de corrupción, sino decisiones administrativas irregulares.
En
concreto:
Haber
usado la banca pública para financiar un déficit exacerbado.
Los
defensores de la señora de Kirchner podrían esgrimir que los errores de su jefa
no son judiciables y que, por lo tanto, tendrían que haber sido examinados,
como en Brasil, por el Congreso.
No
por un juez penal.
No
se les ocurrió.
Más
allá de su consistencia jurídica, el
fallo del viernes es relevante para el juego del poder.
Hay
una curiosa simetría:
El principal
promotor de la causa fue Alfonso Prat-Gay, cuando no sabía que reemplazaría a
Kicillof.
Se
abre también una incógnita.
¿Qué
efectos tendrá el pronunciamiento sobre la actual administración del Central?
Entre
los procesados hay tres directores designados por la señora de Kirchner:
Pedro Biscay,
Germán Feldman y Juan Cuattromo.
¿Pedirá
el kirchnerismo su remoción?
Fue
lo que hizo Néstor Kirchner cuando, en agosto de 2008, el entonces director
Ricardo Branda fue procesado en la causa de las coimas del Senado, de la que,
al final, salió absuelto.
Hay
una diferencia:
A
los cuatro amigos de Kicillof se los sancionó por hechos cometidos como
directores.
Nadie
querrá abrir este debate.
Podría
arrastrar a Federico Sturzenegger, procesado por el "megacanje".
Aunque
siga danzando frente a Comodoro Py, para Cristina Kirchner el esmeril judicial es demasiado pernicioso. Está deteriorando su
propia base electoral.
La
consultora Isonomía estudió esa caída en el segmento de los que no toleran a
Macri.
En
enero, su imagen positiva allí era del 79%; en marzo, del 75%, y en abril, del
68%.
Al
mismo tiempo fue subiendo la imagen negativa.
¿Adónde
van los desencantados?
Misterio.
El
procesamiento dispuesto por Bonadio tuvo, además, otra peculiaridad.
La
señora de Kirchner no aparece rodeada de testaferros ni socios comerciales,
como Lázaro Báez o Cristóbal López.
La
escoltan Kicillof y sus delegados en el Banco Central.
La
juventud maravillosa del siglo XXI.
Varios
directores del Central pretenden que hoy la Cámara de Casación aparte a
Bonadio.
Para
el kirchnerismo es el demonio de Comodoro Py.
Es
una percepción comprensible en gente mal acostumbrada:
En
octubre de 2011 el mismo juez sobreseyó a los secretarios privados del
matrimonio Kirchner, acusados de un enriquecimiento sideral.
El
fiscal era Guillermo Marijuan, otro despiadado.
Pero
que aquella vez no apeló.
Dos
días antes la ex presidenta había triunfado con el 54% de los votos.
Bonadio
espera a la señora de Kirchner en otro expediente:
El
de la sociedad Los Sauces.
Ella
también prefiere otro juez.
Hernán
Ercolini, por ejemplo, que acaba de recibir de Daniel Rafecas la causa Hotesur,
de la que había sido desplazado Bonadio.
Rafecas
tuvo el caso nueve meses, durante los cuales no movió un papel, a pesar de la
insistencia del fiscal Carlos Stornelli.
En
ambas causas, Los Sauces y Hotesur, se investiga si el cobro de alquileres
correspondió al pago de sobornos.
Para
aclararlo, haría falta que Sebastián Casanello investigue cómo se formó la
incalculable fortuna de Lázaro Báez. Si fue, como le dijo Leonardo Fariña, con
los sobreprecios de licitaciones amañadas.
Pero
Casanello sigue encapsulando a Báez en un caso de lavado de dinero muy extraño:
El
dinero sería blanco.
En tribunales
adjudican esa posición de Casanello a sus compromisos con el kirchnerismo.
Esa
interpretación ahora se alimenta con una versión muy inquietante.
Dos
personas que visitaron a Báez en la cárcel en los últimos diez días aseguran
que le escucharon detallar tres reuniones en Olivos, de las que participaron
él, Cristina Kirchner, "Wado" de Pedro, el ex secretario de Justicia
Julián Álvarez y Casanello.
En
una de ellas Báez fue acompañado por su hijo Martín.
Habrían
sido en agosto, septiembre y noviembre de 2015.
Uno
de los visitantes de Báez comentó:
"Lázaro
dice que hay un mozo de la residencia que tal vez recuerde que, la última vez,
el juez pidió un cortado en jarrito".
Quizá
Macri averigüe entre sus mozos.
Casanello
lo molesta: Panamá Papers, gestiones de Angelici, Time Warp.
LA
NACION quiso comunicarse ayer con el magistrado para saber su opinión.
Pero
no obtuvo respuesta.
Según
las mismas fuentes, Casanello prometió en la última entrevista firmar el
sobreseimiento de Báez.
Pero la difusión
de los videos de La Rosadita con Martín Báez contando plata se lo habría
impedido.
La
aparición de esas imágenes desata controversias.
¿Las
lanzó Federico Elaskar o las tenía Antonio Stiuso?
¿Negoció
Stiuso con el kirchnerismo esas grabaciones antes de irse de la ex Side?
Elaskar
y Stiuso tienen un amigo en común:
Carlos Molinari, el ex
candidato a vicegobernador de Mario Ishii y proveedor de obras públicas en la
gestión de Eduardo Duhalde.
No
son los únicos enigmas que administra Casanello.
El
abogado y colaborador de Báez, Jorge Chueco, dejó en el hotel de Iguazú donde
fue capturado una carta dirigida a una tal "Querida", en la que,
insinuando que se quitaría la vida, celebra que el juez y el fiscal ya no
seguirán recibiendo una fortuna para demorar una condena.
El
texto obligó a abrir un expediente en el juzgado de María Servini de Cubría.
Chueco
negó lo que había escrito.
Y
se quejó de que le revisaran la correspondencia.
Ironías
de la historia:
Tal
vez Chueco reciba esta semana la visita de su antiguo socio Gustavo Cinosi, uno
de los hombres de negocios más cercanos a Carlos Zannini.
Cinosi
es el titular del Sheraton Pilar, donde celebró su inolvidable boda el juez
Ariel Lijo.
Cinosi
llega a Buenos Aires como organizador de un curso de la OEA sobre lavado de
dinero para jueces federales. Cuánto que aprender...
Algunos
funcionarios de Comodoro Py juran haber visto una reunión entre Casanello, el
camarista Eduardo Freiler y el secretario y operador inmobiliario Jorge Pratto,
hace diez días.
El
juez habría confesado a su padrino Freiler que en la causa Báez carece de
indicios contra Cristina Kirchner.
Los
diputados kirchneristas pidieron, en cambio, que se impute a Ángelo Calcaterra,
el primo de Macri, quien en varias licitaciones estuvo asociado a Báez.
Curioso suicidio
el de Héctor Recalde
y sus compañeros:
Admiten
que los Kirchner promovieron la corrupción con la obra pública.
Esa
falta de autoestima es más llamativa porque uno de los que piden investigar a
Calcaterra, es Julio De Vido, que repartía los negocios.
Como
Kicillof, De Vido es el otro flanco dañado de Cristina Kirchner.
Bonadio
lo procesó la semana pasada por la tragedia de Once.
En
un primer momento, después de una gestión de Alfredo "Freddy" Lijo,
lo había protegido.
"Freddy"
es el hermano de Ariel Lijo, un magistrado que ganó poder desde que su secretario,
Juan Tomás Rodríguez Ponte, se encarga de las intervenciones judiciales de
teléfonos y correos electrónicos.
"Freddy",
su hermano, ha sido el principal gestor judicial de De Vido. Pero el día del
procesamiento prefirió estar en Miami.
Este
Lijo es el esposo de María Carla Lago, la
socia de Freiler en una financiera.
Freiler
fue sobreseído por Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Ramiro
González, en una causa por su fabuloso enriquecimiento.
El
denunciante, Ricardo Monner Sans,
pidió que se anule la absolución.
Alegó
que Martínez de Giorgi está casado con una secretaria de la Cámara de Freiler.
Y
que González -que ahora enfrenta una delicadísima denuncia familiar- es
profesor en la cátedra del acusado.
El
reclamo cayó en manos de Servini de Cubría, quien lo remitió a la Cámara
Federal para sorteo.
El
de Freiler es un caso incómodo.
Ningún juez
quiere condenar a un superior.
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