Carlos
Pagni
LA
NACION
Mauricio
Macri pasó las últimas 96 horas con una palabra rebotando en su cabeza: Juanjo.
Ese
sobrenombre es la señal de dos crisis.
Y
condensa dos de sus principales desafíos.
"Juanjo"
Aranguren,
el ministro de Energía, es el rostro de una dificultad objetiva que el
Gobierno, por torpeza y obstinación, agigantó:
La necesidad de
pasar de una sociedad hiper subsidiada a una más competitiva.
Macri
heredó una economía que sacrificó la inversión y el ahorro en el altar del
consumo.
Este
rasgo, que caracterizó a toda la gestión de los Kirchner, fue más acentuado en
el sector de la energía.
La
transición hacia un nuevo orden alimenta un debate que el fallo de la Corte
Suprema sobre las tarifas no cerró. Al contrario.
El
Gobierno tiene en su agenda un problema nuevo e inquietante:
Las
audiencias para determinar los nuevos precios no sólo incidirán en la ecuación
fiscal.
Serán
también un ágora ideal para la confrontación política.
El jueves pasado
irrumpió en escena un nuevo "Juanjo": Gómez Centurión.
Director
de la Aduana, fue suspendido de ese cargo a raíz de una denuncia que recibió
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad.
Se
trató de una grabación anónima, en la que un presunto colaborador de Gómez
Centurión dice haberse ganado su confianza para extorsionar a importadores.
Ese
registro, publicado por el portal Infobae, fue editado.
Aparece
intercalada la voz del funcionario, extraída de mensajes cuyo destinatario no
fue aún identificado.
Macri
ordenó investigar lo que pasó.
La
justicia federal ya abrió una causa.
Mientras
tanto, el director de la Aduana denunció ser víctima de una operación mafiosa
de ex servicios de inteligencia vinculados al contrabando y al comercio
clandestino de efedrina.
Esta
afirmación de Gómez Centurión se vuelve verosímil a la luz de muchos
antecedentes.
El
argumento del funcionario suspendido es que las imputaciones pretenden impedir
sus pesquisas en la Aduana. Remite a tres actividades.
Gómez
Centurión estuvo hasta ahora detrás del destino de varios containers con
cargamentos de efedrina, que entraron al país de manera ilegal y fueron
derivados a depósitos fiscales todavía no identificados.
No
hace falta consignar la extrema sensibilidad de estas diligencias en el
contexto de la causa que se sigue por el triple crimen de Quilmes/General
Rodríguez.
Estos
procedimientos provocaron la remoción de Andrés Jorge Pino, uno de los
responsables de la Aduana de Ezeiza.
Esa
decisión produjo una reacción sospechosa.
Un
funcionario de la AFI, Eduardo Miragaya, se comunicó con Gómez Centurión para
pedir que suspendiera el traslado de Pino.
Miragaya
es un fiscal incorporado a la ex SIDE por la subdirectora Silvia Majdalani.
El
pedido de Miragaya es llamativo.
A él se le
atribuye haber negociado la declaración judicial del narcotraficante Ibar Pérez
Corradi, extraditado desde Paraguay.
La
AFI tuvo una intervención directa en la presentación de Pérez Corradi:
Uno
de sus funcionarios, Diego Biorci, cuñado de Majdalani, habría ido a Asunción
para discutir los términos de la entrega.
Ese
traslado, al parecer, desencadenó el alejamiento del coronel Raúl Bertoia, jefe
del área exterior de la agencia.
La
aparición de Pérez Corradi provocó una conmoción en el oficialismo.
Fuera
del contexto en el que se lo indagaba, relató, citando a un preso que hace ocho
años habría escuchado a otro preso, que Ernesto Sanz había sido sobornado para
acusar en el Consejo de la Magistratura a un controvertido juez que terminó
siendo removido.
Miragaya
está en la AFI por su vinculación con Majdalani.
Y
Majdalani llegó allí, entre otras razones, por su estrechísima amistad con
Francisco Larcher, el hombre fuerte de esa oficina durante el kirchnerismo.
Estas
relaciones llevan hacia otro de los conflictos que vuelven convincente la
denuncia de Gómez Centurión.
El funcionario
explicó ayer que la acusación anónima que recibió puede ser una reacción a su
investigación por contrabando contra la empresa de depósitos fiscales TCT, a la
que le revocó la licencia.
Entre
los socios de esa empresa estuvieron Luis "el Gaita" Álvarez y Damián
Sierra.
Sierra
falleció hace poco.
Era
funcionario de la Aduana.
Estaba
en pareja con la titular de ese organismo durante la gestión de Ricardo
Echegaray en la AFIP, Silvina Tirabassi.
Sierra
ganó notoriedad cuando se lo identificó como el dueño de una lujosa posada en
Buzios.
Y,
más tarde, cuando se detectó que fue quien sacó a Antonio Stiuso del país
después de que declaró en la causa Nisman por primera vez.
Realizaron
ese viaje en una Grand Cherokee que figuraba a nombre de la empresa House to
House, cuyo vicepresidente había sido detenido como narcotraficante en una
causa a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Importaciones
clandestinas
A
través de estas vinculaciones, las acusaciones de Gómez Centurión contra una
mafia de contrabandistas y ex espías resucitan la denuncia penal que formuló
Oscar Parrilli, el jefe de la AFI que desplazó a Stiuso y a su superior,
Larcher, el amigo de Majdalani.
En
febrero de 2015, Parrilli informó que un grupo de agentes liderados por Stiuso,
Nicolás Mercado y el delegado de Inteligencia en Ezeiza, Alejandro Patrizio,
realizó importaciones clandestinas por más de 100 toneladas, a nombre de la ex
SIDE, entre 2013 y 2015.
La
denuncia fue radicada en el juzgado penal tributario de Rafael Caputo.
Se
ignora si la dirección jurídica de la AFI sigue impulsando la causa, que ahora
recobra significado.
Hubo
otro vínculo entre contrabando y espionaje:
Alan
Bogado, el agente inorgánico de la ex SIDE acusado por Nisman de filtrar
información a Irán, operaba en la Aduana a las órdenes de Stiuso, según él
mismo declaró.
Otra
coincidencia:
Maximiliano
Rusconi, ex abogado del joven que entregó el arma con la que apareció muerto
Nisman, Diego Lagomarsino, acaba de demandar a Gómez Centurión.
Macri
está ante un enorme reto.
Suspendió a
Gómez Centurión, quien desde su paso por el gobierno porteño ganó fama de
incorruptible, por una acusación anónima.
Pero
la defensa que ahora esgrime ese funcionario insinúa un problema mucho más
grave:
La
oscura continuidad de vínculos mafiosos a través de los organismos de
inteligencia.
Si
Gómez Centurión fue atacado con la complicidad de funcionarios de la AFI por
desarmar una trama de contrabando y narcotráfico, Macri deberá resolver no sólo qué hace con la Aduana, sino también con
su oficina de Inteligencia.
Frente
a esta descomposición del tejido estatal, el problema ligado a las tarifas,
asociado al otro "Juanjo", parece menor y provisorio.
Igual,
el Gobierno está alarmado.
Las
audiencias públicas, que de haberse realizado en febrero habrían pasado
inadvertidas, se han transformado, desde el fallo de la Corte, en la plataforma
de una disputa de poder.
La
principal dificultad es que, más allá de cualquier debate técnico, es imposible
pensar que el Ministerio de Energía que conduce Aranguren pueda llegar al 16 de
septiembre, fecha de la asamblea para tratar el aumento del gas, con el mismo
cuadro de tarifas.
Por
razones políticas, deberá modificarlo.
El
otro riesgo es que la audiencia se demore por una ola de objeciones procesales.
Mario
Quintana y Gustavo Lopetegui quedaron a cargo de la organización.
Dependen
de la Corte tanto como antes:
El
tribunal está en condiciones de limitar o consentir lo que para el oficialismo
puede ser un sabotaje a repetición. En la discusión sobre el gas, pero también
sobre la electricidad, la velocidad es crucial.
Si
la reunión se va prorrogando, comienza a haber margen para otro tipo de
reclamos:
Amparos
de consumidores industriales o comerciales, por ejemplo.
Aquí
está la raíz de por qué los funcionarios han sido tan respetuosos del fallo del
jueves pasado.
El
argumento más reiterativo fue el de Marcos Peña:
"Al
anular un cuadro tarifario por no realizar audiencias, dejaron en vigencia otro
cuadro tarifario para el que tampoco se realizaron audiencias".
Los
jueces dan una respuesta formal para esa ironía:
Los
precios fijados por Cristina Kirchner no fueron objetados más que en
presentaciones muy acotadas.
El
pronunciamiento de los máximos magistrados del país fijó una interpretación
general del ajuste de tarifas y de la forma de convalidarlo frente a los
consumidores.
Fue
poco detallista en términos jurídicos.
Por
ejemplo: el decreto 367/2016, en el que el Gobierno justifica la suspensión de
esas consultas, no aparece mencionado en todo el texto.
Y
tampoco hay una explicación sobre la eventual inconstitucionalidad de la ley
25.790, que puso entre paréntesis el marco regulatorio del gas. A los jueces
les alcanzó con referirse a "ciertos textos normativos" para liquidar
el problema que plantea esa trama reglamentaria.
Para Macri el
principal perjuicio de la sentencia es que legitima las demandas sin hacerse
cargo de los costos.
La discusión que se reabrirá a propósito de las audiencias.
El
oficialismo está ante el desafío de presentar el aumento de precios como una
quita de subsidios muy poco equitativa:
La
convalidación de las actuales tarifas es también la convalidación de que el 10
por ciento más rico de la población recibe el 20 por ciento de la ayuda.
Y
el 10 por ciento más pobre, sólo el 8.
Macri
experimenta una contrariedad especial frente a las tormentas que lo sacuden.
Aprecia a los
dos "Juanjos" más que a otros funcionarios.
Ambos
comparten un rasgo que él aprecia en el ejercicio del poder.
Aranguren
es cabeza dura.
Tanto
que soportó sin pestañear más de 80 querellas penales de los Kirchner.
Gómez
Centurión en su vida anterior, en el Ejército, fue comando.
Lo
condecoraron al heroico valor por su comportamiento en la Guerra de Malvinas.
Los
dos deliberan poco.
Son
casi talibanes...
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