Por
Nicholas Casey y Patricia Torres
Amelia
Belisario, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, discute con efectivos
de la Guardia Nacional apostados frente al Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, el jueves. Credit Juan Barreto/Agence France-Presse — Getty Images
IQUITOS,
Perú — Venezuela avanza en la senda de los gobiernos autoritarios.
El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el presidente Nicolás
Maduro, tomó las funciones de la Asamblea Nacional en un fallo emitido el
miércoles por la noche.
La
decisión disuelve a la Asamblea Nacional elegida en las elecciones de diciembre
pasado, que estaba dirigida por los opositores de Maduro, y al parecer permite
que el tribunal redacte y promulgue leyes, según los expertos.
Los críticos del
gobierno venezolano y diversos líderes regionales han denunciado que la medida
acaba con los últimos vestigios de la democracia en ese país, cuyo gobierno
ya no solo es considerado un régimen autoritario, sino una dictadura absoluta.
“Aquello
que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, dijo en un
comunicado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis
Almagro.
Calificó a la
medida como un “auto-golpe de Estado”.
En
los últimos meses se ha producido una rápida consolidación del poder de Maduro,
mientras ha ordenado la detención de decenas de políticos sin ir a juicio, los
manifestantes han sido violentamente reprimidos y las elecciones locales para
alcaldes y gobernadores se pospusieron indefinidamente.
Al
tomar el poder de la Asamblea Nacional,
el gobierno eliminó lo que la mayoría de los venezolanos consideraban que era
el único contrapeso al creciente poder del presidente del país.
La
sentencia del tribunal dice:
“Finalmente, se
advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las
actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que
las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por
el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de derecho”.
Los
expertos creen que el fallo le permite al tribunal, controlado por magistrados
leales a Maduro, promulgar leyes. Los
diputados de la Asamblea Nacional denunciaron la decisión como un golpe de
Estado.
“Esto
es simplemente basura de quienes han secuestrado la constitución y de quienes
han secuestrado los derechos y las libertades del pueblo”, dijo el
diputado Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional.
Oneida
Guaipe, una diputada opositora de la costa central del país, dijo que la
asamblea continuará haciendo su trabajo, incluso si sus leyes son pasadas por
alto.
“Está
demostrando ante el mundo el autoritarismo que existe aquí”, dijo.
“La
gente nos eligió a través del voto popular”.
La
decisión también es vista como un desafío para los países vecinos de Venezuela,
que esta semana se reunieron en la sede de la OEA, en Washington, para
presionar al gobierno de Maduro con el fin de que celebre elecciones. También discutieron la posible expulsión de
Venezuela de ese organismo, basándose en que el país no es gobernado de
forma democrática.
La
semana pasada, Estados Unidos, Canadá y una docena de países de América Latina
pidieron que Maduro reconozca los poderes de la Asamblea Nacional, una rara
declaración conjunta que refleja la profunda impaciencia con el gobierno
venezolano.
David
Smilde, un analista de la Oficina de Washington para Latinoamérica, dijo que
los vecinos de Venezuela ahora podrían animarse a exigirle al gobierno que
celebre elecciones.
“No parece que
Maduro tenga la intención de respetar los elementos básicos de la democracia
electoral”,
dijo.
Las
críticas a Venezuela incluyen una larga lista de medidas tomadas por el
gobierno.
El
creciente número de presos políticos se ha convertido en un excelente ejemplo.
En
enero, Maduro nombró a Tareck El Aissami como su vicepresidente, poniéndolo a
cargo de un nuevo “comando anti golpe” para capturar a los disidentes políticos
que son acusados de traición a la patria.
El
grupo se ha centrado en los miembros de la oposición, ordenando el arresto de
muchos.
Maduro
también ha criticado a la prensa, lo que ha causado la detención de periodistas
locales y ha intimidado a las cadenas internacionales de noticias.
En
febrero, después de que CNN en Español, transmitiera una investigación que
vinculaba a El Aissami con un esquema de fraude de pasaportes en el Medio
Oriente, Maduro ordenó que el canal
saliera del aire.
El
gobierno venezolano también ha bloqueado desde octubre el ingreso del
corresponsal de The New York Times al país.
Pero
muchos analistas dicen que esta última medida, es el signo más revelador de la
erosión democrática de Venezuela.
“Ha
sucedido por partes”, dijo Carlos Ayala Corao, un abogado y analista legal
venezolano.
“La
han estado cortando en pedazos”, comentó sobre la reciente decisión del TSJ.
Desde
enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela ha sido controlada por los
políticos opositores que ganaron las elecciones parlamentarias.
Luego
de los comicios, Maduro dijo que estaba dispuesto a trabajar con el parlamento
e incluso compareció ante los diputados para dar su discurso anual de rendición
de cuentas.
Sin
embargo, muy pronto el gobierno comenzó a utilizar al TSJ para marginar a la
asamblea.
Durante
el 2016, el tribunal invalidó las leyes propuestas al declararlas
inconstitucionales.
Un
fallo despojó al parlamento de funciones básicas como revisar el presupuesto
nacional.
El
conflicto entre Maduro y sus opositores se ha profundizado debido a la crisis
de Venezuela, producida por los bajos precios del petróleo y años de mala
administración económica.
La
situación ha producido la escasez de alimentos básicos, medicinas y la creciente
presión internacional para que Maduro celebre elecciones.
Nicholas
Casey reportó desde Iquitos, Perú, y Patricia Torres desde Caracas, Venezuela.
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