Según
el último informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), entre 2004 y 2015 el empleo público creció
un 36% más que la población en las provincias.
En
2004 los estados provinciales tenían contratados 1,4 millones de empleados lo
que equivalía a 37 empleados por cada 1.000 habitantes.
Pero
en el año 2015 el empleo público provincial ascendió a 2,2 millones
representando 51 empleados por cada 1.000 habitantes.
Década ganada
para el aumento del empleo público
Fue
una ‘década ganada’ para el empleo público provincial según el último informe
del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), conocido este lunes
(3/4):
El
Estado nacional firmó con las provincias un pacto acordando reglas de
austeridad fiscal.
La
pertinencia de la iniciativa es indudable a la luz de que el mal funcionamiento
del Estado es el principal factor de cercenamiento en la capacidad de crecer y
generar empleos de calidad.
Sin
embargo, con el argumento de que el objetivo es impulsar un ordenamiento
gradual,
en la práctica, se acordaron reglas inconsistentes de las
que se derivan altos riesgos de fracaso.
Entre
el Estado nacional y las provincias se firmó un documento con lineamientos para
un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de
Gobierno.
Se
trata de un acta de intención en la cual se estipulan reglas tendientes a
lograr el equilibrio fiscal y reducir la presión impositiva.
El compromiso de
las provincias es mantener constante el gasto público ajustado por inflación y
no hacer crecer el empleo público provincial por encima de lo que crece la
población.
Concomitante
con ello se comprometen a no incrementar la presión impositiva y a reducir
impuestos sobre la actividad productiva.
Las provincias
representan aproximadamente el 36% del gasto público consolidado.
Pero
como tienen a su cargo los principales servicios públicos (educación, salud,
seguridad, etc.) generan el 66% del empleo público total.
En
consecuencia, la austeridad y la calidad en la administración de los recursos
humanos es un factor esencial en el desempeño de los sectores públicos
provinciales.
Datos
publicados por el Ministerio de Hacienda permiten aproximar la dinámica del
empleo público provincial en la última década.
Consolidando
todas las jurisdicciones aparece que:
-
En el año 2004 las provincias tenían contratados 1,4 millones de empleados lo
que equivalía a 37 empleados por cada 1.000 habitantes.
-
En el año 2015 el empleo público provincial ascendió a 2,2 millones
representando 51 empleados por cada 1.000 habitantes.
-
Es decir, que en una década el empleo público provincial creció un 36% por
encima de lo que creció la población.
Estos
datos muestran la masividad con la que se incorporaron empleados públicos en
las provincias.
Si
el aumento hubiese sido al mismo ritmo que crece la población se deberían haber
hecho 600 mil contrataciones menos.
Es
cierto que las provincias son sometidas a demandas crecientes por parte de la
población (por ejemplo, en materia de seguridad) pero, en el actual contexto de
nuevas tecnologías, dar más y mejores servicios no necesariamente requiere
contratar más empleados. Incluso hay sectores importantes, como el de educación,
donde la matrícula de las escuelas públicas cae significativamente.
Estos
antecedentes potencian la necesidad de impulsar austeridad y reformas en la
gestión de los recursos humanos de las provincias.
Sin
un plan inteligente y riguroso en esta área, el resto de las reglas pasan a ser
meros enunciados declamativos.
Por
ejemplo, tender a eliminar impuestos altamente distorsivos, como Ingresos
Brutos y Sellos, es imprescindible para recuperar crecimiento y equidad.
Pero
es imposible que las provincias puedan avanzar en este sentido si no se le da
sustentabilidad a la reducción de la presión impositiva con una gestión mucho
más cuidadosa de los recursos humanos.
Fijar como meta
que el empleo público provincial reduzca su crecimiento al ritmo de la población
implica congelar la situación actual.
En
la mayoría de las provincias convalida y sostiene altos niveles de sobre-empleo
público lo que impide el ordenamiento de las finanzas públicas.
Asimismo,
la pauta es incoherente con la meta de que el gasto no crezca más que la
inflación.
Si
el empleo crece al ritmo de la población y el gasto no aumenta más que la
inflación, necesariamente los salarios
se tendrían que ajustar por debajo de los precios (salvo que se esté
dispuesto a seguir recortando gastos en otras áreas del Estado donde es sabido
que los márgenes son muy acotados).
Sería
recomendable que en el debate parlamentario del acuerdo se asuma un planteo más
coherente fijando que las provincias y la Nación dejen de aumentar su planta de
personal.
Es
decir, que los desafíos de dar más y mejores servicios públicos se cubran
incorporando tecnología, reasignando personal y designando nuevo personal sólo
en función de las bajas.
Esto permitirá
gradualismo y coherencia en el ordenamiento fiscal.
De
todas formas, recién en aproximadamente 43 años se volvería al mismo nivel de
empleo público por habitante de la década pasada.
Por eso hace
falta complementar con un paquete integral de reformas estructurales para que
el crecimiento de la economía relaje la carga que significa para la población
mantener al Estado.
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