Del
editor al lector / Ricardo Roa
No
hay nada más importante para la Procuración de la Nación que defender la
legalidad.
Es
su razón de ser.
Y
no hay nada más alejado de sus funciones que defender intereses personales.
Menos
todavía defender negocios personales.
Justo
la Procuración está envuelta en lo que puede ser una escandalosa maniobra de
corrupción.
Otra
más de la era kirchnerista:
El pago de
coimas en la compra de la nueva sede.
Fue
en 2013 cuando la Procuración ya era manejada por quien todavía la maneja:
Alejandra Gils
Carbó,
pieza clave del engranaje judicial cristinista.
Útil
tanto para defender como para atacar.
Las
Oficinas de la jefa de los fiscales fueron allanadas ayer por el fiscal Taiano
que como fiscal depende de ella. Obediencia
indebida.
Fue
por orden del juez Ercolini y después de que el propio juez fuera al despacho
de Taiano.
No
al revés.
Taiano
exigió la entrega de documentos vinculados a la compra del edificio de Perón
667.
Provocó un
pequeño terremoto en la Justicia.
Para
contarlo en pocas palabras la operación tiene zonas grises tirando a negro.
La
primera: Gils Carbó dio de baja la pre adjudicación de otro edificio en la que
ella no había intervenido.
Fue
el 28 de diciembre del 2012, casi al borde los festejos.
Usó
un argumento igual de gris tirando a negro: e
El
año terminaba y no le quedaba tiempo para ejecutar la plata asignada en el
presupuesto.
Es lo que dijo y
dice ella.
Lo
que sospechan quienes la investigan es que dejó pasar el tiempo para hacer caer
la compra acordada.
Parece
confirmarlo el paso siguiente, también de color gris oscuro:
Apenas
dos meses después llamó a una nueva licitación pero para comprar otro edificio,
el de la calle Perón que era la sede del Grupo Bemberg.
Todo tan rápido
y de gris subido que para pagarlo debió usar en parte plata para pagar sueldos.
Otras
dos cosas parecen agujeros negros.
Una
que ya se contó aquí es que la nueva licitación fue hecha a medida.
A
la medida de la compra del edificio de Perón propiedad de la familia Bemberg.
En
mails que intercambian González Fischer, gerente de Arfinsa, la empresa
vendedora y Bárbara Jaureguiberry,
de
la inmobiliaria, hablan de una operación
cocinada cuando la licitación ni siquiera había sido publicada en el Boletín
Oficial.
El
otro agujero negro es la comisión que Arfinsa pagó a Jaureguiberry.
En
realidad a la firma que Jaureguiberry creó para cobrar esa comisión.
Fue del 18%
cuando en el mercado se paga el 4%.
En
plata, más de un millón de dólares.
Si
se parece a una coima es porque es una coima.
En
ese pago aparece un contador de La Plata, Juan Carlos Thill, que es medio
hermano de Guillermo Bellingi,
el
funcionario de la Procuración que Gils Carbó se apuró a apartar este lunes
cuando el escándalo llegó a los medios.
Apuro
tardío.
Thill
tiene otro hermano, Eduardo, del gremio UPCN de La Plata y amigo de Aníbal
Fernández de quien fue funcionario en el Ministerio del Interior primero y en
la jefatura de Gabinete después.
Otra vez Aníbal.
Y van...
Falta
saber quién acercó a González Fisher a la Procuración.
Ahí
sobrevuela el nombre de Héctor Alonso, ex marido de Gils Carbó.
Encargada
de velar por los intereses generales, estos días vela por los suyos.
Nada
raro tampoco, la defiende el abogado Alejandro Rúa, especializado en
funcionarios kirchneristas.
Tiene
trabajo asegurado.
Para
rato.
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