Por
ALICIA HERNÁNDEZ
Julio Borges,
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hizo un llamado el 3 de julio
a la unidad e invitó a la oposición a votar en un plebiscito contra Nicolás
Maduro este domingo.
CARACAS
— Germán Morales dice que defenderá la constituyente para elegir un nuevo
congreso que impulsa el presidente Nicolás Maduro con su propia vida.
“Peleo por la
revolución porque esto nos traerá justicia”, comentó este
escultor de 57 años que frecuenta “la esquina caliente” de la Plaza Bolívar de
Caracas, un sitio en el que se reúnen los simpatizantes del gobierno.
Morales
cree que el proceso constituyente, que redactará una nueva constitución, es
“muy adecuado a la situación que vive el país; lo ayudará”.
Por
eso acudirá al llamado del oficialismo y del Consejo Nacional Electoral (CNE)
para votar el próximo 30 de julio.
A
escasos metros y sentada en un banco de la misma plaza se encontraba Yeiny, una
contadora que prefirió no usar su apellido por temor a las represalias.
Ella
piensa que la constituyente es un proceso ilegítimo:
“No
sirve, nos traerá una dictadura y es un atraso”.
Yeiny
también acudirá a las urnas, pero el 16 de julio, cuando se celebrará un
plebiscito que organiza la oposición junto a distintos sectores de la sociedad
civil.
Se
trata de una consulta popular, desvinculada del CNE, que busca evidenciar el
rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el presidente.
Venezuela
vuelve a debatirse en las consultas populares, pero esta vez no será en una
sola jornada:
Son
dos procesos que dividen al país y una suerte de doble institucionalidad que se
rechaza mutuamente.
El
16 de julio se hará un plebiscito popular a petición de la Asamblea Nacional
—de mayoría opositora desde diciembre de 2015— y bajo el amparo de la
Constitución, para consultar si se está de acuerdo o no con el proceso
convocado por el gobierno para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional
Constituyente, una consulta que también está prevista en la Constitución y que
se inicia a petición de Maduro.
Ni la oposición
ha presentado candidatos a la constituyente ni el gobierno está dispuesto a
reconocer los resultados del referendo del 16.
El
mandatario venezolano anunció la convocatoria el pasado 1 de mayo —por
iniciativa propia y con fecha fijada por el CNE— con la finalidad de elegir a 540 personas que serán las encargadas de
redactar una nueva Carta Magna que sustituirá
a la actual, la de 1999 promovida por el entonces presidente Hugo
Chávez.
Esta
decisión ha causado una gran controversia porque es vista por muchos críticos
como una forma de soslayar las elecciones regionales que deberían realizarse
este año y las presidenciales del próximo.
Hay
que recordar que cuando Chávez la convocó en 1999, teniendo todos los poderes
controlados por sus partidarios, se tardó casi 10 meses en finalizar la
redacción del texto, por lo que este
proceso podría tomar hasta dos años sin que se produzca una transición en el poder.
“Es
un asunto de extrema gravedad. Es para cambiar el ordenamiento jurídico y
transformar el Estado”,
explica
Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.
La
respuesta de la oposición ha sido convocar el plebiscito del 16 de julio en el
que se harán tres preguntas:
La
primera, si se está de acuerdo o no con la convocatoria de la ANC;
la
segunda, sobre el papel de las fuerzas armadas, y,
la
tercera, para indagar si el ciudadano está dispuesto a la renovación de los
poderes públicos.
“Es
un proceso totalmente ciudadano, amparado en los artículos 70 y 71 de la
constitución y donde podrán votar todos los venezolanos, inscritos o no en el
registro electoral, porque los que están en el exterior también lo podrán
hacer”,
explica Aníbal Sánchez, consultor político y operador electoral de la Mesa de
la Unidad Democrática.
“Queremos
un proceso lo más transparente posible y que los observadores internacionales
lo avalen”.
Sánchez
afirma que se escogió esa vía “como una forma de activismo que nos permitiera
demostrar el rechazo del 82 por ciento que tiene la constituyente.
Eso
dicen las encuestas, pero queremos llevarlo de un número abstracto a algo
real”.
Otros
analistas lo ven como un acto simbólico que podría incrementar la
conflictividad en Venezuela.
“Es político, un
modo más de protesta, que no va a resolver el tema de la crisis, pero sí añade
un factor de presión”, dice Jesús Seguías, presidente de la encuestadora
Datincorp.
Una
crisis de institucionalidad se genera en el marco de más de cien días de
protestas en Venezuela.
Desde
el otro lado del espectro ideológico, el abogado Jesús Silva, especialista en
Derecho Constitucional por la Universidad Santa María y la Universidad de
Salamanca, afirma que el plebiscito “no
tiene base constitucional, es un evento de ellos (la oposición) por cuenta
propia, de propaganda para engañar a sus seguidores y justificar más terrorismo
en las calles”.
Silva
dice que la constituyente “es para promover un gran entendimiento nacional
luego de varios meses de confrontación violenta que promovió la oposición.
“Esto
crea nuevas normas que permitirán recuperar la paz y repolitizar al país”.
Esta
crisis de institucionalidad se genera en el marco de más de cien días de
protestas desde que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
emitiera dos sentencias en las que eliminaba de facto las competencias de la
Asamblea Nacional, decisiones que se tuvieron que revertir parcialmente a
petición del propio Maduro ante las protestas nacionales e internacionales.
Desde entonces
han fallecido más de 90 personas, en parte por las actuaciones de las
fuerzas de seguridad del Estado.
Asimismo, se han vivido jornadas de mucha
incertidumbre, como el día en que un helicóptero atacó la sede del Tribunal
Supremo de Justicia o cuando partidarios del gobierno atacaron la Asamblea
Nacional –el tercer asalto en siete meses–, donde resultaron heridos varios
diputados.
Para
los simpatizantes del gobierno, como el escultor Morales, los objetivos de la
constituyente son claros.
“La
Constitución de 1999 no ha dado la eficacia de solucionar ciertos aspectos
políticos y de la vida del venezolano.
Como la
impunidad.
“Tiene
que haber leyes, darles rango constitucional”.
Mientras
lo decía, sonaba de fondo la música de “La constituyente va”, el anuncio
publicitario que a cada rato pasan en VTV, el canal estatal que siempre
sintonizan en la Esquina Caliente.
Sin
embargo, varios chavistas prominentes se han declarado en contra del proceso
convocado por el gobierno.
Los
casos más señalados son el de la fiscala Luisa Ortega Díaz, el exministro
Miguel Rodríguez Torres y la ex defensora del pueblo Gabriela Ramírez, quienes
lo consideran una traición al legado de Chávez.
A
unos metros de Morales, un grupo de ex trabajadores del Plan Amor a Caracas se
quejaba de que los botaron sin previo aviso. “Si no me dan trabajo, no hay voto
el 30, que lo tengan claro”, decían varios de ellos.
“Cordura,
esto no es un tema político, esto es que nos humillaron y nos sacaron sin dar
explicaciones”, clamaba Adayandri, quien ronda la veintena y es una de las
cabecillas del grupo.
“Sí,
pero el 30 igual no voto”, le contestó otra mujer.
En
un supermercado del municipio Chacao, otros trabajadores discutían sobre qué
tendrá o no la constituyente.
“Ahí
van a meter que nos toca a todos el CLAP (la bolsa de comida que el gobierno
reparte desde hace un año) y van a fijar el salario mínimo”, decía uno.
La
crisis política se suma a una cotidianidad difícil, signada por la falta de
medicamentos tan esenciales como antibióticos, la escasez de alimentos básicos
o, la última versión de la desesperación de los venezolanos:
La
aparición de algunos artículos pero a precios muy altos para el ciudadano
promedio que ve cómo su quincena se convierte en agua y sal ante una inflación
de la que no se sabe la cifra real, pero que ha llevado al presidente Maduro a
subir tres veces el salario mínimo en lo que va del año.
“No
deberían seguir adelante. Son muchos los que no queremos y deberían tomar en
cuenta la decisión del pueblo”, dice Yeiny, que estaba en la Plaza Bolívar con
una amiga, que ni siquiera quiso dar su nombre, pero que aseguraba que sus
suegros “trabajan en un ministerio, no
te digo cuál, pero ellos tienen que votar el 30 por obligación”.
Yenifer,
una manicurista, apuraba el paso con su hija mientras pasaba frente al Concejo
Municipal de Caracas.
“Lo
del 30 no hará sino empeorar las cosas.
Y
mira, el 16 no voto porque para qué, una termina decepcionada.
“Yo
no le hago caso a esas cosas”.
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