La verdad DESNUDA - The End

¿Conflicto de poderes?

¿Dictar sentencias no seguía estando a cargo del Poder Judicial?

¿El divorcio no se debía a la falta de confianza en la defensa de sus derechos por parte del Estado?

¿No estaba el enojo con la Corte basado en la errónea idea inicial de que la causa Kiper (que no era el tema de fondo) había convalidado el corralito?

Cada uno sacará sus propias conclusiones.

Pero es preciso recordar que nuestra Corte estuvo toda la feria de enero asediada y soportando en solitario presiones de todo tipo mientras preparaba esa sentencia.

Recuerdo que cada vez que me levantaba de mi escritorio simplemente para ir al baño tenía que moverme entre gendarmes y policías.

No obstante, cuando podía me escapaba y me mezclaba entre los manifestantes y la fila de los ahorristas, lo que generaba gran preocupación a mis custodios y asombro de los periodistas que me descubrían.

Recuerdo a una reportera que me entrevistó entre la muchedumbre diciendo que yo abusaba porque no me reconocían.

Y puede que hubiera tenido razón.

Pero Van der Kooy al menos reconocía que el malestar con el Poder Judicial se debía a la sentencia sobre el corralito, y no al cúmulo de pretextos que se usaron entonces y el año siguiente para deshacerse de una justicia molesta.

A favor de los ahorristas, ¿en contra del gobierno?

No está de más revelar aquí que una de las primeras gestiones de Vanossi como ministro de Justicia de Duhalde consistió en invitarnos a mí y al doctor Belluscio a su casa de Barrio Parque, donde conversamos largo tiempo, y luego nos visitó en el Palacio de Justicia, donde fue recibido por los integrantes de la Corte en pleno.

El problema para el nuevo Presidente no era ningún historial nuestro, mucho menos el criterio del "caso Kiper", sino cómo reaccionaria el Poder Judicial a su plan enviado al Congreso el 4 de enero.

Tal plan consistía en terminar con la convertibilidad mediante una “pesificación asimétrica”, la confiscación de los depósitos y una hiper devaluación.

El mismo plan que Cavallo había descartado por requerir un avance grosero sobre los derechos de la propiedad.

La posición de Vanossi era un tanto particular porque, de buena fe sin duda pero muy equivocadamente, le había asegurado a Duhalde que, de acuerdo con la tradición de la Corte, para casos de emergencia las decisiones del Legislativo iban a ser evaluadas por el alto tribunal, aunque mellaran e incluso violaran el derecho a la propiedad.

Ese fue el error que creó una expectativa que, a su vez, potenció un conflicto que no debió ocurrir.

Nuestra Corte estaba decidida a volver a las fuentes constitucionales de defensa del derecho de la propiedad privada, es decir, a las mejores tradiciones de nuestra vida institucional, sobre la base de un proyecto de sentencia con el cual al principio todos los ministros (menos Bellucio) estábamos de acuerdo.

Convencidos de decirle no al avallasamieto de los derechos de la población, no al golpe de estado civil y palaciego, no a la violación de los derechos humanos o de cualquier garantía constitucional consagrada, no a incurrir en el otorgamiento de la suma del poder a político alguno.

No estamos hablando de una negativa caprichosa por no comprender las dificultades políticas de un gobierno, sino de entender que no hay mejor remedio para una emergencia que volver a los principios fundacionales de una república.

Fue ese sentido del cumplimiento del deber lo que determino el golpe contra la Corte.

Lo peor del juicio político que se inició a partir de ese entonces fue que, como sucedería en los años siguientes, ni el gobierno ni la oposición advertían lo que estaba en juego.

En algunos casos extremos, como el de Carrió, su confusión era tal que se convirtió en abanderada de esa causa del juicio político contra la institución “Corte Suprema de la Justicia de la Nación”, no contra algunos de sus miembros individualmente.

La doctora Carrió es un caso de verdad curioso.

Es una persona de convicciones no muy sólidas, como lo demuestran sus antecedentes:

Fue fiscal del gobierno militar cuando gobernaba en el Chaco el general de brigada Antonio Serrano.

Ya en la democracia fue diputada constituyente en la reforma de 1994 por su provincia y luego, ante el fracaso de una elección política en su provincia natal, paso a ser una referente de la ciudad de Buenos Aires, donde en 2007 obtuvo un honroso tercer puesto.

Como diputada tuvo varios casos de denuncia contra la corrupción pública que le valieron y le valen el reconocimiento de importantes sectores de la ciudadanía, que la consideran un ejemplo de valentía política y personal.

No obstante, al no haberse demostrado nunca la verdad de sus denuncias, aparece muchas veces ante los ojos de los ciudadanos como poco creíble.

Al día siguiente de dictado el "caso Smith” declarando la inconstitucionalidad do todo el sistema de restricciones, Duhalde soltó una suspicacia al revés:

“Esta decisión de la Corte, casualmente tomada cuarenta y ocho horas después de que el Congreso habilitara el juicio político, es muy grave”. Lo sintomático era, en vez de eso, que se habilitara el pedido de juicio político cuarenta y ocho horas antes de que fuéramos a tomar una decisión que se había estado elaborando durante todo enero y que el Presidente y su ministro de Justicia, y el secretario de Estado de la SIDE, en fin, todo el Poder Ejecutivo y Legislativo, conocían e intentaban frenar. Sin embargo, ya sabíamos sobre las intenciones originales de Duhalde. En una comida cuyo anfitrión fue entonces el arzobispo de Mercedes, monseñor Rubén Di Monte, a la que concurrimos con el ministro Guillermo López, el arzobispo fue el primero en comentarnos que el nuevo gobierno tenía planeado llevar a cabo el juicio político contra todos los ministros para así poder obtener el aval a las medidas económicas.

Y eso requería una nueva Corte.

Por suerte, nosotros no cejamos ante la amenaza.

(...) El 4 de diciembre Clarín efectuaba la siguiente y esclarecedora frase:

“En el gobierno no descartan, incluso, que la Corte pueda seguir fallando a favor de los ahorristas y en contra del oficialismo”.

Estar a favor de los ahorristas era estar en contra del gobierno.

Sin embargo, desde el oficialismo se informaba que el fallo de la Corte les había impedido lanzar las medidas que favorecerían a los ahorristas.