La verdad DESNUDA - VIII

El granito de arena de los medios

En el caso que estamos estudiando, hubo una particularidad que trasvasa todo el análisis:

Aquellos encargados de informar eran actores y partes en la crisis que se vivía.

Ellos habían puesto mucho más que un granito de arena para que los hechos se desencadenaran como lo hicieron, porque algunos se encontraban en grandes problemas financieros y de pronto, con las medidas económicas posteriores al 2001, se vieron altamente beneficiados.

Pero también tenían otros intereses, como simple y llanamente hacer negocios.

Lo cierto es que la situación de la prensa después del colapso de 2001 pasó a la categoría de “libertad asistida”.

De buenas a primeras las protestas en las calles empezaron a ser ignoradas por los distintos noticieros, y durante los sucesivos y cortos gobiernos a partir de la caída de De La Rúa se tapó sistemáticamente que se habían fundido casi todas las provincias, con la de Buenos Aires a la cabeza, la cual había dejado despojado a su histórico Banco Provincia (BAPRO).

No hubo una sola denuncia en los medios a raíz de los desmanejos (por usar una palabra amable) de ese banco, que debió inventar un fideicomiso para disimular su situación patrimonial.

A tal punto fue así que cuando el presidente del Banco Central, doctor Pedro Pou, trató de verificar el estado legal patrimonial del banco, esta entidad autónoma se amparó en el Pacto de San José de Flores, que la preservaba del poder central de la Nación, argumentando que la creación del banco local había sido anterior a ese pacto (que databa del 11 de Noviembre de 1859).

El intento del doctor Pou le costó el cargo por un supuesto “mal desempeño”, que se habría cometido al tratar de cumplir con su deber en momentos de gran confusión y contra el poder de la provincia de Buenos Aires.

Imaginando hoy una mera hipótesis, si el doctor De La Rúa en lugar de decretar el estado de sitio, que de nada sirvió, hubiera intervenido en el BAPRO o la propia provincia de Buenos Aires, desde donde se gestó gran parte de su caída, tal vez su suerte habría sido otra.

El manejo de la publicidad oficial no solo era tan discrecional como el de los fondos reservados, sino que todas las empresas, incluidas las periodísticas, se encontraban en un estado de subsistencia precaria.

Y de eso Duhalde supo sacar provecho político.

Si se hace un recorrido por los diarios de la época durante los primeros meses del 2002, se verá que el nivel de crítica y virulencia contra la Corte dan un salto a partir del caso “Smith” y la consecuente decisión oficial de quitarse de encima a la cabeza del Poder Judicial, es decir, a la Corte Suprema de Justicia.

El uso del concepto de “Corte menemista” por parte de Página/12, acuñado por Verbitsky antes de la reforma constitucional de 1994, se trasladó a prácticamente todos los medios.

Lo mismo ocurrió con la apelación a la expresión “mayoría automática” para desprestigiarnos.

La Corte paso a ser llamada “Corte adicta”, “mayoría automática” o “Corte menemista”, y otros exabruptos por el estilo.

Y la descalificación fue el paso previo a la distribución completa del alto tribunal.

Con anterioridad al dictado del fallo “Smith”, según los medios el problema con la Corte residía en que se la suponía atada y dependiente de las necesidades del Poder Ejecutivo.

Después de aquella sentencia que reafirmaba el derecho de propiedad, esa misma institución desafiaba y ponía en peligro a ese Poder.

Así, muchos de los que semanas antes gritaban “independencia” ahora se quejaban, justamente, de la independencia.

Eduardo van der Kooy, por ejemplo, como consecuencia del fallo “Smith” decía en uno de sus panoramas políticos:

“El gobierno, ante el más grave desafío de poder.

El fallo de la Corte Suprema buscó acorralar a Duhalde.

Y quizá torcer el nuevo rumbo económico.

Pero la alianza oficial reaccionó rápido.

El juicio político, ineludible, añade otro conflicto y más tensión a la crisis”.

Y calificaba de “desbarro” a la sentencia que poco antes nos decían que la sociedad estaba reclamando:

“Está el divorcio tajante de la sociedad con las instituciones y con la totalidad de la clase dirigente; hierve una queja popular legitima, pero también repetidamente desmadrada; se acaba de declarar, además, con el desbarro de la Corte, un gravísimo conflicto de poderes”.