Derecho a la vida

Por Fabián Bergenfeld

El ataque de furia protagonizado por un taxista contra un automovilista, constituye un hecho que sobrepasa los límites de lo habitual por tratarse de un sujeto con sus facultades mentales alteradas.

Pero no por eso puede resultar ajeno al ámbito de responsabilidad del Estado, ya que el otorgamiento del registro de conducir y de la licencia para circular con un taxímetro, deben estar condicionados al resultado de los tests psicológicos y a la existencia o no de antecedentes penales.

Mi afirmación sobre el estado de demencia del taxista, proviene de que fui víctima de un hecho similar protagonizado por el mismo sujeto el día 13/2/2019, alrededor de las 21hs., mientras circulaba tranquilamente por Av. Costanera rumbo a un festejo de cumpleaños en un restaurante.

El mismo personaje, comenzó a arrojar el taxímetro contra mi automóvil argumentando falsamente que yo “lo había arrojado contra un colectivo”.

Al comprender que se trataba de un alienado, aceleré no obstante lo cual este demente logró rebasarme cruzando el taxímetro, - obligándome a detenerme-, para impedirme el paso, mientras los automovilistas que circulaban hacían sonar sus bocinas.

Bajó entonces del automóvil con intenciones de atacar, sin que yo pudiera visualizar si portaba o no armas, ante lo cual logré arrancar raudamente esquivando al taxista y a su vehículo atravesado en la Av. Costanera.

Inmediatamente me comuniqué con el 911 e informé lo sucedido, pero sin poder proporcionar la patente por lo cual opté por no realizar una denuncia que, a la luz de lo ocurrido hace pocos días y que sorprende a la opinión pública, la realizaré en el día de hoy.

Debo admitir que, de haber contado con un arma, al menos en modo persuasivo la habría utilizado lo cual me lleva a la conclusión de que, a la luz del estado de violencia en el que se encuentra inmersa la sociedad, y la falta de controles suficientes por parte del Estado a pesar de que ha tomado conciencia de que la inseguridad no es una “sensación “, -conforme postulado del gobierno anterior-, debemos los ciudadanos recurrir en modo consciente a herramientas para nuestra legítima defensa, ante hechos vandálicos protagonizados en la vía pública por toda clase de sujetos.

Además, cabe reflexionar sobre la necesidad de ampliar los alcances del instituto de la legítima defensa y de la causa de justificación que impone el estado de emoción violenta, ya que los ciudadanos nos encontramos expuestos permanentemente a hechos sorprendentes que atentan contra el derecho a la vida.