Laura
Di Marco
El
kirchnerismo intensifica una operación política y mediática para demoler al
presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, un juez incómodo para los planes de impunidad de Cristina Kirchner
y probablemente para el trío peronista del máximo tribunal que esta semana
logró dejarlo nuevamente aislado, aunque paradójicamente más legitimado frente
a la sociedad, al convertirse en el único cortesano que votó en contra del
escandaloso "salvataje" de la expresidenta que casi consuma el máximo
tribunal.
Como
ironizó el politólogo Andrés Malamud en un picante tuit:
Ganó Rosenkrantz
1 a 4.
El
descrédito social que ganó la mayoría cortesana peronista durante la última
semana solo puede equipararse con la deslegitimación que afrontó el propio
Rosenkrantz cuando, en 2017, votó a favor de la aplicación del cómputo del
"2X1" para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Todo lo que va
vuelve entre los dos rivales de este drama, el actual presidente de la Corte y
su antecesor, Ricardo Lorenzetti.
Un
duelo que solo aumenta el otro riesgo país:
El riesgo legal.
¿De
qué se trata?
Es
el riesgo que ofrece una Corte Suprema atravesada por las luchas de poder,
politizada e impredecible.
Precisamente,
uno de los obstáculos que vino demorando el ingreso de la Argentina a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es la precariedad de su sistema judicial.
Y
el ingreso al organismo es clave para atraer inversiones al país.
Militante
de una justicia republicana (porque Rosenkrantz es un militante en esa épica),
idealmente desligada de las demandas de gobernabilidad del Ejecutivo, este ex militante
juvenil alfonsinista simboliza la
contracara de Zaffaroni, quién se acaba de manifestar a favor de
"eliminar" el Poder Judicial.
Es
decir: ahora ya no se trata de "democratizar" la Justicia, sino de
impulsar una reforma constitucional para, eventualmente, preparar el territorio
de una imaginada hegemonía cristinista.
Para el ala
radicalizada de CFK habría que quitar el Poder Judicial para fortalecer el
Ejecutivo.
La
estrategia de campaña de Cristina incluye, entre otros blancos, esmerilar al
principal archienemigo de Lorenzetti, con quién, según coinciden en el
Instituto Patria y en el Gobierno, se habría reunido la ex presidenta hace poco
más de un mes.
Para
su soñado regreso, el sector más institucionalista -Alberto Fernández, digamos- sueña con ver a Horacio Rosatti, ex ministro
de Justicia kirchnerista, en la silla de Rosenkrantz.
En
el Gobierno especulan, incluso, con una hipótesis más audaz, aunque no
descabellada teniendo en cuenta la última jugarreta fallida:
Maqueda,
Lorenzetti y Rosatti, los tres de
filiación justicialista, buscarían evitar la foto de otro ex presidente
peronista en el banquillo de los acusados -o peor, condenado- por asuntos de
corrupción.
Esta
supuesta estrategia podría beneficiar a Carlos Menem por la causa de los
sobresueldos, que está por llegar a la Corte.
Claro
que después del escándalo judicial de esta semana todas estas elucubraciones
tienden a revisarse.
"A
Cristina le gustaría verlo (a Rosenkrantz) en el banquillo del juicio
político", susurran
en el Instituto Patria.
Este
razonamiento simplificado y paranoico podría resumirse así:
Rosenkrantz
es Clarín porque, en el pasado, fue abogado de ese grupo.
El
cristinismo suele proyectar en los otros las propias exigencias internas de
sumisión, obediencia y lealtad tóxica.
Como
bien grafica Alejandro Fargosi:
"Yo
he sido abogado de un montón de empresas a lo largo de mi carrera, pero eso no
quiere decir que me hayan comprado el alma".
La
estrategia de limar a Rosenkrantz comenzó en el mismo momento de su designación
como juez de la Corte y se intensificó a partir de su nombramiento al frente
del máximo tribunal, cuando su antecesor movió hilos internos, según afirman
fuentes cortesanas, para quitarle facultades administrativas que históricamente
habían sido de la presidencia, como la designación de personal.
El
segundo round sucedió el día que hizo su primer discurso de apertura del año
judicial:
Diez
jueces federales decidieron pegar el faltazo a esa ceremonia.
"Ese
vacío no tuvo tanto que ver con Rosenkrantz, sino con la lealtad que ellos
tienen hacia Lorenzetti", resume uno de los magistrados que sí estuvo
presente. Aquel 19 de marzo Rosenkrantz asumió una autocrítica profunda.
Admitió
que el Poder Judicial atraviesa una "crisis de legitimidad", pero fue
aún más lejos:
"Hay dudas
de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia
republicana";
"se
empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al
derecho".
Precisamente,
por ahí arrancó la operación mediática para lapidarlo:
Sembrando
sospechas sobre su integridad, mezclando argumentos verdaderos con falsos, para
configurar un supuesto conflicto de intereses entre su rol de supremo y su vida
anterior como abogado o apoderado de un gran listado de empresas.
Por
Twitter, días atrás, se desató una polémica sobre filosofía del derecho e interpretación
de reglas procesales entre Andrés Rosler y Osvaldo Pérez Sammartino contra
Aníbal Fernández. No hace falta explicar quién ganó.
El
kirchnerismo le endilga al presidente de la Corte haber intervenido como juez
en causas donde están involucradas empresas de las que él fue abogado.
El
punto es que, según la regulación que hace el Código Procesal sobre los
conflictos de intereses, la
incompatibilidad es con la causa, no con el cliente.
Fargosi
lo explica así: "La excusación corresponde cuando un juez debe opinar en
la misma causa en la que antes intervino como abogado.
¿Por
qué?
La
propia Constitución pide, como mínimo, que un juez de la Corte trabaje antes
como abogado por un plazo mínimo de ocho años.
Pero
cuando se llega a la Corte, que es el final de una carrera, se ha trabajado 30
o 40 años como abogado y se ha defendido a cientos de clientes.
Es
decir, sería contrario al sentido común que, como juez, no pudiera juzgar casos
que involucren a esos clientes en aquellos pleitos que no tuvieron nada que ver
con él".
Hay
que agregar que Macri contribuyó a las dificultades de legitimación de
Rosenkrantz cuando, a instancias de uno de sus abogados preferidos, Fabián
"Pepín" Rodríguez Simón, lo nombró por decreto.
Y
también el propio Rosenkrantz hizo un aporte a su auto lapidación cuando
decidió ir a la fiesta de casamiento de la hija de Rodríguez Simón y sacarse
fotos con él.
Como
dice Martín Böhmer: un juez no solo tiene que ser sino parecer".
Böhmer
fue, junto a Rosenkrantz, Saba y Gargarella, integrante de los "Nino
boys", el grupo de jóvenes alfonsinistas referenciados en Carlos Nino, el
jurista que convenció a Alfonsín de impulsar el juicio a las Juntas.
El
origen del actual presidente de la Corte vuelve más sorpresiva su opinión
favorable sobre el fallo que, en su momento, beneficiaba a represores.
Pero
Rosenkrantz es este tipo de juez, que replica el paradigma de Carmen Argibay:
Está convencido
de que un magistrado está para aplicar las leyes, no para decidir si le gustan
o no.
El
problema es que está rodeado por quienes sostienen la lógica contraria: la de
la construcción de poder.
¿Se
podrá realmente cambiar y presidir la Corte argentina como si fuera la danesa?
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