Para LA NACION
En un año electoral, en el que la agenda parlamentaria está plagada de leyes que hacen a la importancia de la economía, la seguridad y el desarrollo social, se plantea como "necesaria" una modificación del Código Penal en cuanto a la penalización del aborto provocado.
La despenalización de esta práctica, legalizada en muchos países de Europa y en América del Norte, creará aquí un verdadero conflicto legal y social.
Si nos decimos defensores a ultranza de los derechos humanos, la despenalización del aborto constituiría la abdicación legal y la primera violación de esos derechos, ya que el derecho a la vida, el primero y más importante, se vería legalmente conculcado.
Considerar el aborto un derecho propio de la mujer es el cambio ideológico más grave en la sociedad en los últimos decenios.
El aborto despenalizado comprende una triple desigualdad: entre la madre y el hijo, porque deja en manos de ella la decisión de continuar o no con la vida del hijo en gestación, lo que quiebra la garantía natural y legal que merece el niño en su vida prenatal; entre mujeres y varones, pues se da a la mujer la potestad de esa decisión, y entre capacitados "sanos" (la madre que decide) y discapacitados también "sanos", incapaces de defenderse frente a la decisión de su eliminación.
La facilitación del aborto crea una falsa autonomía de libertad personal en la mujer que recurre a este método porque han fracasado otros.
Su despenalización denota una visión cosificadora de la vida e instituye la desigualdad de género no necesariamente derivada de las diferencias sexuales.
El autor es director del Dto. de Bioética de la Universidad Austral
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