Por
Roberto Cachanosky
La
preocupación que tienen los empresarios por la futura política económica no
aparece en la agenda de los candidatos a la presidencia
Típica
pregunta que me formulan en alguna entrevista periodística o en alguna
conferencia sobre la situación económica:
¿cuáles
serían a su juicio las dos o tres medidas que debería tomar el gobierno para
que Argentina pueda volver a crecer?
Obviamente,
la pregunta viene luego de haber hecho una pormenorizada descripción de la
situación económica heredada del kirchnerismo, de la larga decadencia; y de los
problemas que le agregó Cambiemos.
En
otras palabras, a pesar de ver lo profundo de los problemas económicos, mucha
gente sigue creyendo que con 2 o 3 medidas concretas se sale eyectados al
progreso, lo cual indica que no se
termina de conocer la real dimensión de la larga decadencia y que, en
definitiva, no pasa por la economía solamente.
De
todas maneras, ante esa pregunta suelo contestar diciendo que las medidas
necesarias para salir adelante son:
1)
reforma del Estado con baja del gasto público en los tres niveles de gobierno;
2)
profunda reforma tributaria;
3)
modernización de la legislación laboral; y
4)
incorporar la economía argentina al mundo.
Si
en las décadas del 80 y 90 el gasto público consolidado representaba el 30% del
PBI y actualmente está en el 47% del PBI, reducir
esos 17 puntos porcentuales implica bajar el gasto público consolidado en USD
85.000 millones para volver a los niveles pre K.
Eso
significa que las provincias tendrían que reducir el empleo público en un 70%
promedio que fue lo que aumentó entre 2003 y 2017, cuando el kirchnerismo escondió la desocupación en el empleo público
provincial, municipal y nacional.
Significa
comenzar a recortar y ponerle un límite de tiempo a la interminable lista de
planes "sociales" que está repartidos en el Ministerio de Salud y
Desarrollo Social, la Anses y demás organismos estatales.
Estimar
los millones de personas que se benefician con esos planes "sociales"
requiere de un gran esfuerzo de revisar el presupuesto nacional punto por
punto, porque los planes están repartidos en diferentes áreas del gobierno.
No
todos los planes sociales están en el Ministerio que maneja Carolina Stanley,
aunque sí la mayoría.
Gasto
previsional
Pensiones no
contributivas como pensiones por invalidez, cuyos beneficiarios aumentaron en
1.000.000 de personas durante la era K, tiene un presupuesto para este año de
$1.140.000 millones.
Habrá
que revisar en que se gastan $21.800 millones en Apoyo al Empleo; $17.400
millones en Proyectos Productivos Comunitarios;
$1.564
millones en Abordaje Territorial; $7.436 millones en Pensiones otorgadas
discrecionalmente por legisladores;
$1.600
millones a Ex – Presos Políticos; $2.400 millones en Acciones de Capacitación
Laboral; $4.900 millones en Seguro de Desempleo y el listado sigue.
Acá
se reparten miles de millones de pesos en planes "sociales" para
terminar con la pobreza y la desocupación, y cada vez tenemos más pobres y
desocupados. Evidentemente el camino no
es por acá.
Bajar
el gasto público, significa imaginar qué se va a hacer con el sistema
previsional ya que el kirchnerismo le sumó 3,7 millones de beneficiarios que
nunca habían aportado, y este año se
destinarán recursos por $525.000 millones.
Estado
y contribuyente
Los
"sensibles" me dicen: ¿y qué hace el Estado con esa gente, la deja
morir de hambre?
Mi respuesta es
que el Estado no tiene plata propia para financiar todos esos planes, en todo caso
lo paga el contribuyente.
La
existencia de ese gasto público implica altos impuestos que espantan las
inversiones; endeudamiento que dispara la tasa de interés a niveles insólitos;
y
una recesión que dejó sin trabajo, entre marzo de 2018 y marzo de este año, a
161.000 empleados asalariados del sector privado, mientras que el empleo público nacional, provincial y municipal aumentó
en 4.000 puestos.
En otras
palabras, en nombre de la solidaridad, le transfirieron todo el costo del
ajuste al sector privado y parece que a nadie le importa toda esa gente del
sector privado que queda en la calle.
Es
más, pareciera ser que los únicos que tienen derechos son los piqueteros que
cortan la 9 de Julio todo el tiempo para reclamar más plata que sale de los
bolsillos de la gente que va a trabajar y los mantiene.
Es
decir, no solo la gente tiene que mantenerlos con el fruto de su trabajo, sino
que encima los piqueteros le hacen la vida imposible a los que van a trabajar
para mantenerlos a ellos.
Un país en el
que el 50% de su Presupuesto pasa por el Ministerio de Salud y Desarrollo
Social,
muestra un país que ha fracasado en
generar las inversiones necesarias para que la gente pueda vivir del fruto de
su trabajo, pagar su propia medicina y ahorrar para cuando llega el momento de
su retiro.
Esa
relación, lejos de mostrar un estado solidario, refleja un país fracasado.
En
materia impositiva, hay doble imposición en varios niveles.
Ejemplo,
el impuesto a los débitos bancarios se paga incluso para pagar impuestos.
Es decir, hay
que pagar impuestos para pagar impuestos.
Cuando
una persona o empresa paga el impuesto a las ganancias, paga el impuesto a los
débitos bancarios para pagar el impuesto a las ganancias.
Impuestos
en cascada
El
nefasto Sircreb mete la mano en las cuentas bancarias de la gente sin pedir
permiso.
Asume
que cualquier ingreso a una cuenta bancaria es fruto de una venta y por lo
tanto hay que pagar ingresos brutos.
Si
un familiar directo le transfiere dinero a otro para que pague la extensión de
su tarjeta de crédito, el aplicativo considera que es un ingreso por ventas del
titular y le cobra Ingresos Brutos.
Los
municipios cobran una tasa de higiene a las empresas que están instaladas en
sus municipios que no es otra cosa que una tasa sobre lo que factura la
empresa, con lo cual se superpone con ingresos brutos.
¡Una
verdadera locura!
En
materia laboral se sabe que la industria del juicio hace que las empresas
tengan pánico de contratar personal, porque en Argentina, contratar a una
persona es sinónimo de adoptarla de por vida.
En
definitiva, cuando se explica solo algunos de estos puntos inmediatamente surge
el problema de fondo:
¿quién está en
condiciones de hacer todos estos cambios?
Y
la respuesta es que hoy no hay nadie en el mundo de la política que se anime a
impulsar cambios en esta dirección.
Más
bien todos compiten para ver quién es más solidario con la plata ajena,
terminando en una competencia populista donde el que más promete revolear el
trabajo ajeno, más votos parece obtener.
Ni siquiera los
políticos tienen el espíritu de estadistas marcando el camino.
Todos
se limitan a ver qué dicen las encuestas y hablar de esos temas, porque lo
importante es ganar las elecciones.
Luego
se verá qué se hace si se ganan las elecciones.
La Argentina
carece de una dirigencia política que marque una agenda de cambió de valores.
Se
limita a repetir el discurso sentimental de ayudar a los que menos tienen, con
el problema que a esos terminan hundiéndolos más por las políticas anti
inversiones que llevan a cabo destrozando a la gente con impuestos.
Finalmente los
6,5 millones de personas que trabajan en blanco para mantener a 21 millones de
personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar su
cheque,
se cansan de producir para mantener a planeros, empleados públicos en todos los
niveles, asesores de legisladores, ñoquis en las provincias, municipios y
nación.
En definitiva,
son muchos los que consumen sin producir y cada vez menos los que producimos
para mantener a los primeros.
Con
ese mecanismo, la pobreza y la indigencia están garantizadas.
Ahora
bien, de todo lo anterior se desprende que este monumental problema económico
no lo pueden resolver los economistas solamente.
Solo
pueden decir qué hay que hacer.
La
palabra final la tienen los políticos, que son los que tienen que llevar
adelante las reformas necesarias, pero los políticos están más preocupados en
ganar las próximas elecciones que en construir un país.
Así se hace muy
difícil salir de la larga decadencia.
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