El
Gobierno denunció ante la Justicia de EE.UU. que fue “fraudulenta” la venta del
25% de las acciones YPF al grupo Petersen
En
un duro escrito, los abogados de la Argentina sostuvieron que Néstor Kirchner
permitió una serie de “acuerdos falsos” y que, por lo tanto, un fondo buitre no
tiene hoy derecha a cobrar indemnización alguna
El
Gobierno argumentó ante la Justicia de Estados Unidos que la compra del 25 por
ciento de las acciones de YPF-Repsol por parte del Grupo Petersen en el 2008 se
hizo “bajo un procedimiento fraudulento” durante el gobierno de Néstor Kirchner
y “sin poner un peso”.
En
un escrito técnicamente duro presentado el lunes a la noche a la jueza de Nueva
York Loretta Preska y al que accedió Clarín en fuentes gubernamentales, el
gobierno sostuvo que la operación fue de “legalidad nula” y describió una serie
de supuestos hechos irregulares o de corrupción.
La
nota incluye la versión taquigráfica de un discurso del ex ministro de Economía
y actual candidato a gobernador Axel Kicillof en el que dice que no se iba a
respetar los estatutos de YPF ante los reclamos de los accionistas y que es uno
de los ejes del debate judicial.
Así los
representantes legales de la Argentina sentaron posición ante la audiencia de
este jueves en que se verán, por primera vez, con los demandantes fondo buitre
Burford, quienes compraron el derecho de
litigio de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, creadas en
España.
El
escrito es una repuesta a objeciones de los abogados del fondo buitre.
Voceros
del grupo Petersen -propiedad de la familia Eskenazi- consultados por Clarín
afirmaron que “el grupo no tiene nada que ver con el juicio en Nueva York.
Además, el derecho de litigio lo vendió un síndico español a Burford”.
En
cuanto a la adquisición de las acciones en el 2008, los voceros de la empresa
argentina aseguraron que “la compra fue aprobada por la bolsa de España y
varios organismos internacionales. Así que investiguen todo lo que quieran”.
En
la audiencia en Nueva York, se espera que Burford solicite el juicio sumario al
considerar que se trata de cosa juzgada y decidir la cuantificación de los
daños y los montos a pagar por la Argentina que se estiman en unos 3 mil
millones de dólares.
En
cambio, el gobierno quiere ir ya a juicio para debatir el fondo del conflicto y
por eso denunció la compra “fraudulenta”.
En
la nota del gobierno argentino se sostiene que durante el juicio la Argentina
demostrará que "Petersen España, empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos,
hizo muy dudosos acuerdos que también eran evidentemente falsos para adquirir
sus acciones de YPF", al amparo de Néstor Kirchner.
Las
empresas del grupo Petersen de la familia Eskenazi adquirieron en 2008 a Repsol
15% de las acciones de la compañía y luego un 10% adicional en 2011, por US$
3.500 millones, pero "sin desembolsar un centavo"
ya que se le permitía "hacer uso de los futuros dividendos de YPF para
comprar sus propias acciones", precisa el escrito.
En cuatro años
el fondo buitre Burford multiplicó por quince sus ganancias
También
se podrá apuntar, en caso de llegar a la instancia de alegatos, a la
incapacidad de Petersen para la demanda porque “ya no era un accionista de YPF cuando ocurrió la nacionalización de
acciones en 2012” impulsada por Cristina Kirschner a libro cerrado y sin un
inventario detallado del estado de la empresa petrolera, según Carrió.
En
este juicio en Nueva York el fondo buitre Burford le reclama al estado
argentino un monto que podría llegar a US$3.000 millones como indemnización,
tras la polémica estatización de la compañía.
En 2012 el
gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que estaba en manos de
Repsol.
Dos
empresas del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, eran dueños de
otro 25% de YPF.
Estas
dos compañías fueron a la quiebra en 2015 y los derechos de litigio contra el
estado argentino fueron adquiridos por el fondo buitre Burford por solo US$ 15
millones.
El
mes pasado, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos había rechazado el
pedido argentino de revisar la causa iniciada en 2015 por el fondo Burford por
lo que ratificó la decisión de la jueza Preska de desarrollar el proceso en
aquel país.
En
la presentación, impulsada por el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia
Frías, se afirma que ese paquete accionario “fue adquirido a través de un acuerdo simulado obtenido a través de
auto-acuerdo, soborno, corrupción y / o fraude, por lo tanto invalidando el
acuerdo ab initio y su adquisición de acciones de YPF”.
“Petersen
no adquirió su participación inicial en YPF en el mercado abierto de acciones.
En
cambio, Petersen adquirió sus acciones a través de un conjunto de acuerdos
dudosos con Repsol”, agregó.
En
concreto, en 2008, “a través de un conjunto de acuerdos relacionados entre
Repsol, Petersen y sus afiliados, y la familia Eskenazi (todos los cuales
residen en Argentina), Petersen adquirió su participación de control en YPF sin
invertir ningún capital propio significativo y mientras estar completamente
inmunizado contra cualquier riesgo de pérdida a través de una indemnización
altamente inusual de Repsol”.
Aunque
“Petersen no tenía activos u operaciones conocidas, adquirió varios miles de
millones de dólares de las acciones de YPF a través de compañías ficticias con
financiamiento basado casi en su totalidad en futuros dividendos”.
En lugar “de
adquirir las acciones a través de una corporación argentina, Eskenazi, con sede
en Argentina, la familia (en nombre de Petersen) efectuó la adquisición de las
acciones de YPF a través de una compañía española de reciente creación, llamada
PESA, que estaba escasamente capitalizada, y para aislar aún más a de la
familia Eskenazi de responsabilidad, PESA era propiedad exclusiva de otra firma
española de reciente creación llamada Petersen Inversiones España”, agrega.
Más
adelante, señala que “Petersen financió su adquisición del 14.9% del capital
social de YPF con más de $ 1.000 millones de un sindicato de bancos
internacionales y también “prestaron” más de $ 1 mil millones a Repsol para
adquirir el capital de Repsol”.
Las
cifras son en dólares.
Sin
embargo, “Petersen contribuyó simplemente $ 110.1 millones.
Noticias
argentinas informaron que una cantidad significativa de dinero recibido por la
provincia de Santa Cruz (en concepto de regalías petroleras mal liquidadas
llamados "los fondos de Santa de Cruz ") fueron utilizados para
facilitar y pagar el acuerdo Repsol-Petersen”.
Para
garantizar que Petersen pueda pagar los “préstamos” que recibió “acordó
incorrectamente que distribuirían como dividendos el 90% de las ganancias de YPF,
en lugar de reinvertir esas ganancias en YPF, y además acordaron pagar una
cantidad adicional de dividendos especiales de $ 850 millones,
independientemente de las ganancias reales”.
Más
adelante, el escrito del gobierno argentina afirma que “cualquier duda de que
estos acuerdos de accionistas interrelacionados fueron una farsa quedó disipado
cuando en 2012, Petersen no hizo ningún
esfuerzo para hacer cumplir su supuesto derecho a completar indemnización
después de que Repsol no aprobara los dividendos del 90%”.
En
resumen, los demandantes “celebraron un conjunto altamente dudoso de acuerdos
falsos para adquirir sus acciones de YPF, basadas en una transacción de
autosuficiencia que usó de forma inadmisible el capital propio de YPF para
permitir que los demandantes "compren" sus acciones y
"reembolsen" Repsol. Debido a la naturaleza impropia de los Acuerdos
Repsol-Petersen (que causaron daños al gobierno argentino y al pueblo
argentino), deben anularse ab initio y, por lo tanto, los demandantes no tienen
legitimidad para” seguir con el juicio en Nueva York.
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