Por Christian Sanz -09/11/2010
Desde
que la memoria tiene memoria, en Mendoza existe un enfrentamiento histórico
entre dos empresarios de medios:
Daniel Vila y
Sigifredo Alonso, dueños de Canal 7 y Canal 9, respectivamente.
Las
acusaciones de uno contra otro se han dado a lo largo del tiempo y han tomado
las más variadas formas:
Peleas
por los ratings, supuesta intervención de señales televisivas y goteo de
ataques personales.
Todo
ello, caracteriza los históricos rounds de los popes de los multimedios
mendocinos.
Si algo le faltaba
al encono, en los últimos tiempos la pelea ha llegado al uso del agua.
El
primero en tirar la piedra fue Vila, quien a través del diario UNO publicó una
denuncia contra Alonso por el mal uso de ese mineral.
Por
caso, el pasado 21 de octubre, el diario del empresario mediático publicó lo
siguiente:
“Usurpación:
investigan a hijos del dueño de ‘Canal 9’”.
En
la nota referida se hizo hincapié en que “la Fiscalía de Delitos Complejos está
investigando una posible usurpación de derechos de agua de una propiedad de
3.000 ha, que pertenece a los hijos de Sigifredo Alonso (dueño de Canal 9) y
que está ubicada en la Quebrada de los Zorzales, camino a Vallecitos, en Luján
de Cuyo”.
Más allá de la
posible veracidad o falsedad de la noticia, existe un dato paradojal en el
señalamiento hecho por el UNO, ya que la familia Vila ha sido oportunamente
acusada por el mismo hecho por parte del Departamento General de Irrigación de
Mendoza.
Es
un expediente que se remonta al año 2002 y que investiga el supuesto uso
irregular del agua que ostenta en su propiedad ubicada al oeste del Barrio
Dalvian.
El hecho tiene
que ver con una famosa estancia donde Daniel Vila suele agasajar al jet set y
gusta trabar relaciones políticas.
Según
la denuncia mencionada, las tierras de ese lugar serían alimentadas
hídricamente con aguas públicas, provenientes de la cascada San Isidro.
Allí,
no solo no se estarían pagando los cánones correspondientes, sino que además se
hicieron obras de entubamiento del cauce, apropiándose
del recurso.
Todo comenzó con una denuncia telefónica
efectuada a Irrigación en el mes de marzo de 2002, pidiendo que se tenga en
cuenta que “el agua extraída de la Cascada San Isidro, propiedad de Alfredo
Vila, es entubada y transportada hasta el depósito de agua del Barrio Dalvian,
luego los residentes de dicho barrio deben pagar $0, 88 por metro cúbico,
siendo que el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) vende el suministro
a $0, 44”.
El expediente de
la investigación estuvo “durmiendo” siete años en ese Departamento y ahora
podría derivar en una denuncia penal contra el empresario.
Es
que, el Departamento General de Irrigación da forma por estas horas a las
intimaciones que le serán remitidas a Daniel Vila para que cese en el irregular
usufructo que hace de las aguas provenientes de la cascada San Isidro y que
utiliza de manera exclusiva para alimentar del recurso hídrico el oasis que
construyó en su Estancia San Isidro.
Para
ello, el empresario mediático montó toda una obra de ingeniería hídrica que
involucró la instalación de dos tanques, denominados “trampa”, válvulas
desarenadotas y desbarradoras de fondo, aliviadores de presión y todo un
sistema de interconexión de cañerías y aspersores que riegan su parquizado,
canchas de fútbol y alimentan un lago artificial.
Tras
varios años de inspecciones –aunque,
extrañamente, la investigación estuvo paralizada desde 2002 hasta 2009-
el Departamento Jurídico de Irrigación, a cargo de Mauricio Pinto, emitió su
dictamen en marzo de este año, en el que deja claro que las aguas que usa Vila
para regar su propiedad son de carácter público.
Público
o privado
Según
el Artículo 2637 del Código Civil, “las aguas que surgen en los terrenos de
particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas y
cambiar su dirección natural.
El
hecho de correr por los terrenos inferiores no da a los dueños de éstos derecho
alguno.
Cuando
constituyen curso de agua por cauces naturales pertenecen al dominio público y
no pueden ser alterados.”
El
expediente
El
expediente Nº 2313376 consta de 63 fojas y su primer folio es el informe
remitido por la oficina de Contraloría a la Dirección de Investigación y
Planificación Hídrica, dando cuenta de la denuncia telefónica recibida el
martes 23 de abril de 2002 a ese Departamento.
El
mismo informa que aunque a los inspectores de Irrigación no se les facilitó la
entrada al interior de la propiedad de Vila, pudieron observar por los
alrededores de la misma que desde la entrada de la propiedad hacia el casco de
la estancia, dos cursos de agua son cruzados por sendos puentes en dirección
noroeste.
Por
ambos cauces escurría agua, proviniendo uno de esos cauces, de la Cascada de
San Isidro.
Agua
que no has de beber…
Lo
cierto es que mientras Vila todavía no ha podido ofrecer documento alguno de la
acusación contra Alonso, él mismo es
investigado por usufructuar aguas públicas en una denuncia que estaría
encaminándose hacia la vía penal.
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