La
entidad más grande de magistrados se refirió al proyecto kirchnerista para
intervenir el Poder Judicial de Jujuy. "Las intervenciones federales a los
Estados provinciales generan consecuencias que implican la independencia
judicial”, aseguraron
La
Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), la entidad
de jueces más grande del país, rechazó el proyecto que el Senado de la Nación
comenzará a debatir hoy para intervenir el Poder Judicial de Jujuy.
“La
Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, expresa su
rechazo al proyecto de intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy considerándolo contrario al principio de
respeto de las autonomías provinciales que constituye un postulado básico del
Estado Federal”, sostuvo la entidad en un comunicado.
Los
sistemas republicanos y democráticos se perfeccionan con la estabilidad
institucional y se debilitan con las excepciones y las interrupciones.
Las intervenciones
federales a los Estados provinciales generan consecuencias que los antecedentes
históricos revelan como francamente negativas atento que implican la suspensión
de garantías como la inamovilidad, la garantía del juez natural y, en suma, la
independencia judicial”, agregó el texto que lleva la firma del presidente
de la FAM, Ariel Ariza, y del secretario, Omar López.
La
crítica es al proyecto que presentó el senador nacional peronista por Jujuy Guillermo Snopek para intervenir el
Poder Judicial de la provincia y lograr la liberación de la militante social
Milagro Sala.
La
iniciativa se basa lo que el senador denunció como una connivencia entre el
gobierno de Gerardo Morales y la justicia.
"Usa
a la justicia como herramienta de disciplinamiento político”, sostuvo.
Para
Snopek, la connivencia entre la Justicia y el gobierno de Morales “generó que
en los últimos días a una legisladora de la oposición le allanaran el domicilio
sin autorización de la Legislatura”. “La allanaron sólo por haber opinado en
contra del gobernador", aseguró sin dar mayores detalles. Curiosamente, el
senador del PJ Snopek es cuñado del gobernador radical Morales, aunque están
distanciados.
La
iniciativa será tratada hoy desde las 17:30 horas en la comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado, presidida por María de los Ángeles Sacnún del
Frente de Todos. El proyecto establece la designación de un interventor federal
por un año en el Poder Judicial -con la posibilidad de extenderlo uno más- y
pone “en comisión a miembros de la Corte, el Ministerio Público y todos los
magistrados de tribunales inferiores”. El gobernador Morales nombró en el
inicio de su mandato a varios diputados radicales como integrantes de la Corte
provincial.
Morales
rechazó el proyecto. “Todo este proyecto es un intento para garantizar la
impunidad”, dijo el gobernador y remarcó principalmente la figura de la
dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, condenada e investigada por hechos de
corrupción.
Sobre
el caso Sala, Snopek dijo en declaraciones a la agencia Télam que la dirigente
"tiene que rendir cuentas de todas las cosas que ha hecho en Jujuy” pero
consideró que “fue ilegalmente detenida” al inicio del gobierno de Morales.
“Le
pregunté al Presidente y me dijo que no avala la intervención”, dijo Morales
sobre una charla que tuvo con Alberto Fernández sobre la iniciativa.
Morales
cuenta con el apoyo de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio.
El
partido decidió convocar a una marcha hoy a las 18 horas, cuando se va a
debatir el proyecto, frente al Congreso de la nación.
“El
10M voy a estar en el Congreso junto a los ciudadanos argentinos diciéndole al
gobierno del ‘vamos por todo y todos’ que frente a su plan de impunidad van a
encontrarnos firmes, defendiendo a la gente”, afirmó la ex ministra de
Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en las redes sociales.
La FAM, que
reúne a las asociaciones de jueces de todas las provincias del país y de la
ciudad de Buenos Aires con 15.700 magistrado, cerró su comunicado con un
pedido para respetar a las instituciones: “La FAM exhorta a que se respete el
desenvolvimiento de las instituciones locales como único medio de lograr la
confianza ciudadana y como principal resguardo del Estado de Derecho”.
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