Para que los políticos demuestren que, en serio, son
solidarios
La
crisis derivada de la pandemia exige replantear el exceso de burocracia para
optimizar el Presupuesto
Por
Roberto Cachanosky
Entre Nación,
provincias y municipios hay 3,1 millones de empleados estatales (Presidencia)
No
entro a debatir la necesidad de la cuarentena que estableció el Gobierno, pero sí vale la pena formular algunas
reflexiones sobre el impacto económico que está teniendo y cómo suavizarla.
En
rigor, salvo algunos sectores en particular, la economía no tendría que
paralizarse tanto.
En todo caso si
se paraliza mucho será consecuencia del sobredimensionamiento estatal en empleo
público.
El
primer dato a tener en cuenta es que en el país hay, entre Nación, provincias y
municipios, 3,1 millones de empleados estatales.
La gran mayoría
de ellos son burócratas que inventan sus propias regulaciones para justificar
su existencia.
De
acuerdo a datos del Directorio Legislativo, en 2019 la Cámara de Diputados
sesionó 8 veces y la Cámara de Senadores lo hizo 7 veces.
En
ese período sancionaron 37 leyes de las cuales, 7 corresponden a Cultura y
Patrimonio y 6 a fiestas nacionales o capitales nacionales (las típicas de la
Capital Nacional del Salame Quintero o la Fiesta Nacional del Asado de Tira).
Es decir, el 35%
de las leyes son un delirio y otras se aproximan a esa calificación.
Es
más, de las reuniones en comisión, la que mayor cantidad de veces se juntó en
el año en Diputados fue la de Legislación Penal, 30 veces.
Y
en Senadores fue la Presupuesto y Hacienda, 14 veces.
Pero
atención que si se miran los datos desde 2012 para acá, tampoco es que el
Congreso trabajó tan poco solo este año.
El
año que más reuniones tuvo fue en 2012, cuando diputados sesionó 20 veces y
senadores 23 veces.
Menos de un mes
por año calendario.
Lo
que muestra lo anterior es que no hace falta la legión de asesores y empleados
que tiene cada legislador (80 promedio por senador y 24 promedio por diputado,
sin contar la biblioteca, la imprenta, etc.).
Hay
que agregar a esto la actividad legislativa de los congresos provinciales y los
consejos deliberantes y se verá que ahí hay mucho movimiento de gente sin
producir nada.
No
se trata de cerrar los parlamentos ni los consejos deliberantes, salvo algún
caso especial, no hace falta estar movilizando tanta gente todo el tiempo.
Hay mucho dinero
para ahorrar en esos rubros.
Un gesto de
recortar las dietas a la mitad, es lo mínimo que deberían hacer.
No hace falta la legión de asesores y
empleados que tiene cada legislador (80 promedio por senador y 24 promedio por
diputado, sin contar la biblioteca, la imprenta, etc.)
Pero,
no todo pasa por el Poder Legislativo, los estados provinciales y municipales
también tienen una gran burocracia para justificar su existencia que generan un
movimiento de gente demasiado grande y producen el contagio del coronavirus.
En diciembre de
2019 había 6 millones de empleados en relación de dependencia en el conjunto
del sector privado y 3,1 millones de ocupados en la administración pública,
considerando todos los niveles de la burocracia estatal.
En
este momento de pandemia, si se analiza cuáles son los empleados del Estado
nacional que tienen que moverse en la calle son 237.654 de 700.000 en la
Administración Central, los cuales se desagregan en:
13.136
en salud, 110.546 Fuerzas Armadas y 113.972 en seguridad pública.
El resto puede
quedarse en su casa trabajando o no entorpeciendo al sector privado que sí
produce.
Solo
el 34% tendría que movilizarse y no todos al mismo tiempo.
Pero
los empleados públicos provinciales también entorpecen.
De
acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo para 2017, que no cambiaron mucho
hasta ahora, había en las provincias 2,3 millones de empleados públicos, de los
cuales 345.500 eran policías.
Esos
tienen que salir a la calle, pero no todos al mismo tiempo.
Aproximadamente
900.000 corresponden a educación, que trabajan desde sus hogares.
El
resto, salvo los que se desempeñan el sistema de salud, pueden hacerlo desde
sus casas, incluso los miembros de la Justicia.
Si se logra que
los empleados públicos no estorben al sector privado con burocracia
innecesaria,
y legislativos que no tienen que tratar temas muy urgentes, ya se podría sacar
de circulación una buena parte de la gente que anda por la calle, agregando
que, dado que el sector privado va a
tener un serio impacto en sus ingresos, de los cuales sale el dinero para pagar
los impuestos, luce solidario que salvo fuerzas de seguridad, fuerzas
armadas, docentes y personal de la salud pública, el resto tenga una reducción en sus ingresos para aliviar al sector
privado de manera de bajar la carga tributaria dadas las escasas ventas que
tiene.
Respecto
a los 6 millones de empleados en blanco en relación de dependencia en el sector
privado, el grueso está concentrado en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba.
Como
puede verse, son media docena de provincias las que mayor cantidad de empleados
privados concentran, de los cuales muchos trabajan en inmobiliarias, turismo,
organización de eventos y otras actividades que ya venían fuera de combate y
ahora las mataron con la cuarentena.
La
industria tiene poco más de 1 millón de empleados y puede seguir operando.
Comercio
y Reparaciones registra 1,1 millones, rubro que está muy golpeado y debería
seguir operando.
Construcción
cuenta con 395.000 empleados y puede seguir operando pero viene en baja porque
se redujo el interés en invertir en propiedades.
Intermediación
financiera son 160.000 empleados y buena parte del trabajo se hace online
(homebanking).
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