Un
mapa de los protagonistas y sus planes para utilizar al COVID-19 como excusa en
una negociación que solo busca dejar en libertad a delincuentes
Por
Luis Beldi
En la provincia
de Buenos aires, el Servicio penitenciario está alerta.
El
fin de semana, los jefes hicieron inspecciones en las unidades clave, por temor
a que se desaten motines y mandaron a agentes a recabar información.
Ellos
están haciendo un verdadero trabajo de inteligencia.
La
mayoría cree que la paz firmada con los presos de Devoto, penal que están en la
órbita del Servicio Penitenciario Federal, mantendrá en suspenso las rebeliones
programadas en la provincia hasta el jueves, fecha de vencimiento del acta y
cuando se dará a conocer qué puntos del acuerdo se van a cumplir.
Por
de pronto y como muestra de buena voluntad, el domingo liberaron a Francisco Ignacio Salas, que estaba detenido en Devoto
y los agentes lo custodiaron hasta su domicilio en un lote de Capilla del Señor
a la altura del kilómetro 74.
Mejor
llegada a casa, imposible:
Auto
con chofer y dos custodias, un gasto exagerado
que sale de los impuestos pero que aluden que debe hacerse así por el
aislamiento.
Pero
el proceso comenzó mal, porque el acuerdo fue firmado violando una de las
primicias del manual del buen carcelero:
No se debe
negociar bajo presión.
No
es una demanda inocente que los encarcelados pidieran elevar el número de
presos que deben cumplir prisión domiciliaria de 1.350 a 1.600.
En
la diferencia incluyen homicidas porque para ellos no cuenta el delito que
cometieron, sino la vulnerabilidad al
COVID-19.
Por
otra parte, hay una curiosidad entre los firmantes del acta.
El
secretario de Justicia, Juan Martín
Mena, está entre los acusados en el juicio que se hará por la firma del
Memorándum con Irán y entre los delegados de los presos, hay un múltiple homicida
con cuatro asesinatos en su prontuario.
Pero
esta es una parte de una historia que se inició con la gente más allegada a
Cristina Kirchner, aunque la ex
presidente no está presente ni apoya esta situación que parece no conformarla.
Una
de las caras visibles es la del ex juez Eugenio Zaffaroni como integrante de la
Comisión de la Memoria que preside Roberto Cipriano García, este último fue
quien llamó públicamente a los presos “compañeros pro libertad”.
Por
supuesto, los presos estrenaron sus celulares, enviando audios con la arenga de
García.
Los integrantes
de la Comisión albergan la idea de que los presos pueden ser parte de una
fuerza revolucionaria si se canaliza su violencia hacia una sociedad más justa.
Los
abogados de esa organización fueron los que presentaron miles de recursos para
liberar detenidos vulnerables al COVID-19.
Los
primeros logros fueron la liberación de algunos presos por pedido de la
Comisión de la Memoria.
Dos
de los que consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8
años y de una nena de 6 años.
Los
dos violadores viven cerca de los violados.
Uno es vecino y
el otro está radicado a cincuenta cuadras del domicilio de su víctima.
El
juez que les concedió la liberación fue
Victor Violini, un apellido que en estas circunstancias parece una
condena del destino.
El
hombre integra en soledad una sala de Casación, fue oficial de policía y se
recibió trabajosamente de abogado.
No había
alcanzado los puntos suficientes en el examen final.
Pero su adhesión
al kirchnerismo le facilitó la
vida profesional y comenzó a ejercer la profesión.
Es
el responsable de que los presos hayan recibido celulares que conectan a todas
las cárceles para preparar un plan de motines, si las liberaciones no llegan al
nivel que quieren, es decir a casi toda la población carcelaria.
Violini, un férreo
defensor de las libertades, no cumple
con sus deberes: todavía no presentó su declaración jurada patrimonial como lo
exige la ley.
La
paradoja, es que fue ayudado en su momento por actual ministro de Justicia
bonaerense, Julio Alak y ahora están en veredas opuestas porque en el gobierno
bonaerense no aprueban ninguna de sus medidas tomadas por el juez.
El otro motor es
Andrea Casamento, fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos de
Cárceles Federales (ADAF) que está casada con Alejo Fernández preso en Devoto y
uno de los firmantes del acta.
La
mujer fue premiada por su defensa de los derechos de los detenidos.
Sus
conexiones políticas parecen infinitas según el relato que le hace a los
presos, es allegada a Mena, el secretario de Justicia, a varios intendentes de
la provincia de Buenos aires, entre ellos Pablo Zurro, el intendente de
Pehuajó, un defensor de la llegada de los médicos cubanos al país.
Casamento quiere
sumar delegados en cada cárcel y hace públicas sus relaciones con el
poder.
Alejandro
Alagia, que fue fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, de estrecha relación
con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y cercano a la vicepresidente de la
Nación.
Casamento
es profesora en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo que fundó Hebe de
Bonafini y donde estuvo involucrado Sergio Schocklender.
Ella
habría arengado a los delegados de los penales de la provincia para que
comiencen a presionar para armar una verdadera mesa de diálogo como la del
penal de Devoto, ignorando que esa mesa ya existe oficialmente y sesionó por
primera vez el miércoles 22 en la Unidad 48 de San Martín, un establecimiento
que aloja a delincuentes con penas severas.
No
hubo avances en los diálogos, pero los presos saben que el Servicio
Penitenciario Bonaerense no tiene la intención de liberar a los 2.300 internos
con riesgo de contraer el Corona virus, porque
1.100 son de alta peligrosidad.
Ellos
están opuestos a las decisiones individuales de Violini y las frenaron por
ahora, ya que debe consultar a un comité integrado por jueces y funcionarios
policiales y del Servicio Penitenciario bonaerense.
Por
el otro lado, Violini tiene un problema: hay jueces encarcelados que le recuerdan
a diario favores recibidos.
Entre
ellos, está César Melazzo detenido en Ezeiza.
También
le demandan ayuda ex policías y sindicalistas.
“Hay
un verdadero pase de facturas”, señaló un ex juez que no quiso ser
nombrado.
Lo cierto es que
la pandemia dejó al descubierto una alianza entre los abolicionistas más puros
y los que buscan beneficios políticos y económicos.
El
problema más grande es que en los juzgados de ejecución federales y de la
provincia, priman los jueces abolicionistas.
Un
ex jefe penitenciario teme que, si triunfa la asonada de los presos, haya
problemas.
No
olvide que en la primera línea de fuego están los guardia cárceles que están
muy nerviosos.
Luego
los siguen los policías y los gendarmes y en la última línea están los ciudadanos
que pueden ser víctimas de los homicidas y de los ladrones liberados.
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