MANIFIESTO:

Expropiación versus Propiedad Privada

Fundación ATLAS

Las entidades y personas abajo firmantes manifiestan su absoluto rechazo a la intervención y eventual expropiación de la firma Vicentín S.A.I.C. en los términos planteados en el DNU 522/2020.   

El objetivo enunciado de contar con una empresa testigo en el sector más competitivo de la economía argentina solo puede ser entendido como la búsqueda de una herramienta, por parte del estado nacional, destinada a distorsionar el funcionamiento del mercado agroalimentario con el fin de someter a sus participantes a los dictados del poder ejecutivo.

El concepto de soberanía alimentaria solo puede ser comprendido como la capacidad efectiva del estado de forzar a los distintos actores del sector a aceptar decisiones arbitrarias del poder político contrarias a sus intereses.

El futuro que propone el DNU se llama coacción y está claramente enunciado.

La concreción de los objetivos enunciados va mucho más allá de una mala asignación de recursos económicos y sus víctimas serán muchas más que los productores agrícolas y empresas agroindustriales, acreedores o no, que habitualmente comercian con Vicentín.

La irrupción discrecional del poder ejecutivo en la empresa sin otro fundamento legal y racional   que la voluntad política del Presidente es una gravísima lesión al estado de derecho que regula nuestros deberes y derechos.

Su éxito es nuestro desamparo frente al poder estatal de turno y esa desprotección hace irrisoria la pretensión de libertad de todos los argentinos que, una vez más, quedaremos expuestos al poder avasallador del gobierno nacional.

Nadie debe engañarse, el objetivo final del DNU es imponer la voluntad del poder estatal a miembros de nuestra sociedad que son percibidos como desafectos para modificar su conducta.

Si la operación resulta exitosa será replicada ya que los sectores a disciplinar exceden en mucho al entorno de Vicentín.

En nuestras decisiones de cualquier índole subyace la hipótesis que actuamos dentro de un marco legal y político definido, ese marco limita las acciones de todos y, en particular, de quienes son más poderosos que nosotros.

Si se demostrara que, en realidad, no existe tal limitación para el Poder Ejecutivo puesto que este es el árbitro último de nuestro destino, atribuyendo premios según sus intereses, tolerando todo a sus amigos y despojando a otros según su necesidad, a que otra conclusión se podría arribar más que estamos en libertad condicional.

La defensa institucional frente al abuso de poder es un Poder Judicial profesional e independiente y, en este sentido, se valora enormemente la decisión del juez concursal de insistir en la aplicación de la ley en la administración de la empresa durante el concurso de acreedores.

El ataque a la libertad individual que significa el caso Vicentín se ve además fuertemente agravado por los medios y las circunstancias elegidas, que ratifican, por si esto fuera necesario, que quienes conducen el gobierno nacional entienden al estado como una propiedad particular que puede ser administrada sin rendir cuentas a nadie.

Los medios  utilizados son recursos inexistentes según la repetida  confesión  de insolvencia que, alegremente,  se  enarbola frente  al  nuevo default estatal e YPF , compañía  que se pone  en peligro por  cuanto del DNU surge que  funciona  como un mero apéndice  administrativo del ejecutivo.

Esto  no obstante haberse  argumentado hasta el cansancio  que  la  misma  es un  ente con  vida  propia en su defensa  frente a diversos juicios  resultante  de la  misma  ineptitud prepotente que  alienta el proyecto Vicentín.

Cabe preguntarse en el caso de YPF cual será la actitud de sus órganos de dirección y que nuevos juicios verán la luz si sus responsables no toman en cuenta que YPF no existe para ser un soldado a sacrificar en la batalla de la soberanía alimentaria.

Respecto a la oportunidad, es difícil imaginar una coyuntura más inadecuada para esta aventura que la actual.

No sólo el país está embarcado en la reestructuración de su deuda sosteniendo como único argumento su condición de insolvente permanente, producto del continuado fracaso económico que pronostican los propios responsables de su gobierno, sino que, más grave aún, vemos cómo la pandemia y su respuesta sanitaria han pulverizado el empleo productivo y agravado la situación fiscal crónicamente deficitaria.

Es en ese marco temporal cuando, lejos de privilegiar la recuperación de la confianza que permita impulsar la recuperación, se avanza en una dirección que multiplica el riesgo y la incertidumbre.

Frente a este panorama solo cabe el pleno ejercicio de nuestros derechos civiles como ciudadanos, tanto en forma personal como a través de la exigencia de acción a nuestros representantes, para que mediante actitudes firmes, claras y constantes quede claro   que no seremos indiferentes ante los avances de quienes pretenden hacer de nuestro país un apéndice dócil de su voluntad.

Tenemos derecho a pensar que el lema “Vamos por todo” está plenamente vigente, el cual, visto de la perspectiva de las víctimas, debe leerse como

“Vienen por nuestra Libertad”.

Hagamos nuestra parte para que no suceda.

Adhieren al presente Manifiesto: Eduardo Daniel Monti, Silvia Occhipinti, Alberto Boix, Alberto Flores Quiroga, María E. Carullo, Carlos Leiza,

Jorge Malagamba, Jorge Aiello, Marta Agostini de Varela, Guillermo Varela.

Sumá tu apoyo escribiendo a: atlas@fundacionatlas.org