Impulsada por la desesperación, la vicepresidenta encabezó una maniobra con derivaciones desopilantes
Carlos Pagni
LA
NACION
Abogada
exitosa, arquitecta egipcia, empresaria hotelera.
A
esas identidades Cristina Kirchner podría añadir, desde anteanoche, una menos
conocida: experta en saltos ornamentales.
Su
posición frente al fallo en el que la Corte Suprema de Justicia declaró la
inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura tuvo un
giro que, si no fuera por la gravedad de la materia, sería cómico.
Hasta
última hora del martes, el kirchnerismo despotricaba contra esa sentencia de la
Corte, interpretada como un golpe de Estado.
El
argumento principal fue que, al reponer la ley anterior a la que se estaba
invalidando, los jueces avasallaron facultades del Poder Ejecutivo. Envuelto en
esa bandera, el diputado Marcelo Casaretto se presentó ante el juez federal de
Paraná, Daniel Alonso, reclamando una medida cautelar.
Alonso obedeció
y, en un santiamén, ordenó al Congreso no cumplir con las disposiciones de la
Corte.
Todo
lo anterior será presentado, en adelante, como un malentendido.
A
última hora del martes, la señora de Kirchner decidió acatar lo resuelto por la
Corte.
Descubrió
que, con una sencilla maniobra, podía quedarse con una banca del Consejo de la
Magistratura que correspondía a la oposición. La ley 24.937, que recuperó su vigencia
por aquel fallo, establece que cada Cámara debe estar representada por dos
legisladores por el bloque mayoritario, uno por la primera minoría y otro por
la segunda minoría. Por lo tanto, habría que designar un nuevo senador como
consejero. Correspondía hacerlo antes del viernes pasado, que fue el plazo
fijado por los jueces. Frente Pro, que es el bloque que constituye la segunda
minoría, propuso al cordobés Luis Juez.
Pero
la vicepresidenta descubrió que, con un ardid, podía arrebatar ese lugar a sus
rivales. Dispuso la división del bloque mayoritario, de tal manera que una
fracción se constituyera en segunda minoría de la Cámara. Una vez que detectó
esa posibilidad, la sentencia judicial dejó de ser incorrecta.
El
presidente de la Corte, Horacio Rosatti, pasó a ser reconocido como presidente
del Consejo.
Los
golpistas pasaron a ser el diputado Casaretto y, sobre todo, el juez Alonso, a
quien la Corte ya había acusado de levantarse contra la Constitución y las
leyes.
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