Cuestionados.
La intensa
actividad de magistrados que siguen causas de corrupción iluminó, por
contraste, los años en que las investigaciones durmieron y los males del
sistema.
¿Cómo sanear
un poder clave de la democracia?
Hugo Alconada
Mon
"Decile
que lo voy a meter preso…"
El mensaje,
que llegó desde Comodoro Py, no daba lugar a matices o confusiones.
El ministro
de Justicia, Germán Garavano, había delineado sus planes para el Poder
Judicial.
Lo llamó
"Justicia 2020".
Y entre sus
propuestas incluyó diluir el poder de los tribunales federales de Comodoro Py.
Es decir, de
los doce juzgados que deberían investigar al poder pero que, en la práctica, se
convirtieron en algo muy distinto: mezcla de Justicia, sí, pero también de
negociaciones, arreglos, aprietes e impunidad.
Por eso,
desde uno de los juzgados amenazados llegó la respuesta.
"Decile que si
sigue con eso, lo voy a meter preso", reiteró la voz, como para que no
quedaran dudas.
Y, como para
continuar con la práctica habitual, el mensaje no viajó directo a los oídos de
Garavano, sino que se envió a través de un tercero, que jamás lo admitirá.
Porque así funciona Comodoro Py, un lugar que conozco y recorro
desde hace quince años.
Porque un
mensaje muy similar recibió Gustavo Béliz cuando él también intentó -allá por
2003, como ministro de Justicia- diluir
el poder de esos doce jueces.
Porque
Comodoro Py es un lugar donde, a puertas cerradas, algunos jueces hablan de
"rehenes" cuando aluden a los funcionarios del gobierno de turno que
figuran como imputados en sus juzgados.
Un lugar
donde jueces y fiscales, salvo excepciones, jamás quieren investigar el poder
económico.
Un lugar
donde, salvo honrosas excepciones, los jueces y los fiscales son pro cíclicos,
según muestran las estadísticas.
Es decir, no investigan al
funcionario mientras detenta el poder.
Por el
contrario, le garantizan impunidad.
Pero lo
pasan por encima en cuanto se marcha de la función pública.
Un lugar
donde un fiscal puede pisar una investigación durante años, pero en cuanto
percibe que el funcionario perdió poder, llama a un periodista y le anuncia que
pidió la indagatoria del hasta entonces protegido porque quiere "pasar
a los libros de historia como el primero que pidió su indagatoria".
Ese periodista fui yo.
Un lugar
donde los jueces pueden mandar al cadalso a un presidente, pero se sienten
siempre en la picota.
Acaso por
eso, uno de los latiguillos dilectos del juez Rodolfo Canicoba Corral cuando
siente que lo acecha un peligro o que puede meter los dedos en el enchufe es "¿vos
querés que yo le toque el bigote al tigre?".
Un lugar
donde ciertos abogados -desconocidos por el gran público- gozan de llegada
directa a ciertos jueces.
Cualquier imputado que lo contrate y
abone al contado "honorarios" de seis o más cifras en dólares
verá cómo sus problemas se evaporan.
Un lugar donde
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se mueve a sus anchas tal como antes,
en tiempos de Jaime Stiuso, se movía a sus anchas la Secretaría de Inteligencia
del Estado (SIDE).
Donde
periodistas, fiscales, jueces y hasta camaristas bromean que tal o cual juez se mueve "con su propio código
procesal penal".
Un lugar
donde contados funcionarios judiciales avanzan en investigaciones sensibles,
pero el principio general es la impunidad.
Un lugar
donde la Cámara Federal de Apelaciones se divide en dos salas y una es -o
era- conocida como la sala independiente y la otra, por contraste,
irónicamente, como la "sala Racing".
Un lugar
donde los operadores son los interlocutores más preciados.
Porque
llevan y traen mensajes, favores y prebendas tales como cargos, ascensos,
viajes y, en ocasiones, dinero.
Un lugar
donde los tribunales orales pisaron durante años los juicios por posibles
delitos contra la administración pública, pero se despertaron al vislumbrar el
cambio de ciclo político.
A tal punto
que dictaron entre dos y cuatro condenas por año por esos delitos durante el
kirchnerismo (2003-2014), según datos oficiales del Registro Nacional de
Reincidencia que obtuvo la nación, pero
treparon a 16 condenas sólo en 2015, cuando el kirchnerismo se dirigía
hacia la puerta de salida de la Casa Rosada.
Un lugar
donde el kirchnerismo quiso meter la cuña con la agrupación Justicia Legítima,
jueces subrogantes, jueces ad hoc y más, y un lugar del que ahora Cambiemos
quiere desplazar a todo aquel que sea kirchnerista, pueda serlo o haya sido
sindicado por otro -acaso por interés personal- como tal.
Un lugar,
Comodoro Py, donde se mezclan algunos de los mejores y peores profesionales del
Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, y que está lejos de ser la
excepción.
Es, apenas,
la manifestación más descarnada de cómo se administra justicia en el país.
Una
auditoría desarrollada por el cuerpo de auditores del Consejo de la
Magistratura a pedido del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y la ONG Será
Justicia puso de manifiesto lo que hasta ahora se decía pero nadie demostraba
con ejemplos.
Expuso
demoras injustificadas y desarrollos discrecionales de investigaciones; en
particular, sobre actos de corrupción.
Y, en especial, en los juzgados de
Ariel Lijo y Daniel Rafecas, quienes rechazaron las conclusiones. Ambos negaron "cajonear"
expedientes y lamentaron la "inexactitud de los datos".
Costumbres y
vicios similares se repiten en el interior del país y en la ciudad de Buenos
Aires, así como también en otros fueros.
Por ejemplo,
en el Contencioso Administrativo Federal, donde un puñado de camaristas y
jueces tomaron el control en las sombras de todo lo que ocurre -o no debe
ocurrir- en ese fuero.
Un fuero en
el que un operador almuerza junto con dos periodistas, un camarista y un juez
de ese fuero y les pregunta a esos dos magistrados de la Nación quién es el
jefe de ellos. Entonces ambos magistrados agachan sus cabezas y le dicen que
él, el operador, es su jefe.
Uno de esos periodistas
fui yo.
Un panorama
complejo, sí, pero que no sería posible sin la anuencia de tres factores
determinantes:
La Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el Consejo de la Magistratura y el poder político, que decide sobre la base de sus
propios intereses de clase, como ahora ocurre con la designación del nuevo
Defensor del Pueblo o la propuesta en danza para reformar el Ministerio Público
Fiscal.
¿Administrar
justicia?
Pocas veces
es el objetivo.
Este
panorama se agrava con la falta de independencia real de las fuerzas de
seguridad y de los cuerpos de peritos.
Ejemplo 1:
Un juez
federal que durante el kirchnerismo no sabía a qué fuerza federal convocar para
un allanamiento porque descontaba que todas ellas alertarían al Gobierno y, por
tanto, al investigado, terminó
convocando a dos fuerzas.
A la primera la envió a un lugar,
mientras que él marchó con la segunda, quince minutos después, al verdadero
lugar por allanar, sin decirle a esa segunda fuerza a quién iban a allanar y el
destino exacto del allanamiento hasta que estaban a metros del lugar.
Ejemplo 2:
Un juez
federal que convoca a los peritos calígrafos para que analicen las firmas
volcadas en un documento comprometedor.
Cuatro
peritos "de parte" coinciden en que la rúbrica decisiva es de la
acusada; el quinto, el único oficial, coincide.
Pero el
juez, parado a su lado, le remarca:
"¿No es cierto que
no es verdadera? Es falsa, ¿no?".
Insiste una
y otra vez, hasta que el dictamen sale 4 a 1.
Cuatro por
la confirmación; uno por la falsedad.
Y el juez se
apoyó en ese voto solitario para sobreseer a quien debía sobreseer.
"El
sistema judicial que tenemos fue diseñado por todos nosotros -magistrados,
políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas- no para que el delincuente
pague sino para que el delincuente zafe.
No hay que
pedir al objeto prestaciones para las que no fue construido", alertó el
fiscal federal Federico Delgado, en un libro que escribió junto con la
periodista y politóloga Catalina de Elía.
Tan
insertado está el chip político en ese mundillo que los políticos no logran
encuadrar a Delgado en sus cuadrantes.
El kirchnerismo
lo vio como un "rebelde"
Ahora el
macrismo lo acusa de ser kirchnerista.
En la
práctica es un antisistema.
Un electrón
libre, algo que no cuadra para buena parte de la clase política.
"En nuestro sistema de administración
de Justicia conviven dos dimensiones, la legal y la real", abundaron Delgado y De Elía.
"Los
concursos públicos, los méritos académicos, la honestidad, la probidad y la
mesura conviven con los concursos armados, el plagio, el amiguismo, los contactos,
las prebendas, etcétera".
Es un secreto a voces, por ejemplo,
que varios concursos para juez o fiscal estaban amañados.
Un candidato
que debía ganar no sólo sabía las
preguntas, sino que además se encargó él mismo de corregir su propio
examen y el de otros.
Por esto,
muchos interesados dejaron de inscribirse en los concursos.
No querían,
con su inscripción, convalidar un proceso fraudulento.
Es decir, lo mismo que ocurre con ciertas empresas,
que evitaron y evitan licitaciones cuyo ganador se sabe de antemano.
El título
del libro de Delgado y De Elía es elocuente:
La cara injusta de la justicia.
Porque la
justicia argentina es su propia enemiga.
Pero no es
el único libro que cuenta cómo funciona el sistema judicial.
Acá no pasa
nada.
La corrupción
del sistema judicial argentino contada desde adentro es el título del que
escribieron otros dos veteranos de los tribunales penales, el ex juez Mariano Bergés y la ex secretaria Adriana Galafassi.
"Ningún gobierno de los últimos
treinta años intentó mejorar el sistema de Justicia.
Por el contrario, todos intentaron
colonizarlo.
El actual no es la excepción", alertaron.
Bergés y
Galafassi son pesimistas:
"Hoy es
tarde. Acomodado el gobierno después de un año de mandato, también aprendió que
es mejor no hacer olas en la Justicia federal. No sea cuestión que se
desempolve alguna causa o se inicie una nueva porque 'todos tenemos un muerto
en el placar'."
…
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