Durísimos conceptos contra el procurador Righi, realizó Garrido en el tecto de su renuncia

Esteban Righi (el ex ministro del Interior del fallecido presidente Héctor J. Cámpora), devenido en procurador general de la Nación de los Kirchner, quedó en el centro de la polémica al conocerse algunos de los durísimos cargos del ex fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, al renunciar al cargo. Righi es un candidato a un juicio político futuro, aparentemente.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El texto de la renuncia de Manuel Garrido a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, es muy extenso. Tiene aproximadamente 23 carillas, que comienzan mencionando el recorte de funciones del organismo de contralor ordenado por la Procuración General:
"Habiendo transcurrido suficiente tiempo desde el dictado de la Resolución 147 de la Procuración General de la Nación para evaluar sus consecuencias, habiendo finalizado mi tarea como Presidente del Jurado del Concurso Nº 60 y habiendo culminado las investigaciones preliminares que a esa fecha estaban próximas a concluir, me dirijo a Ud. con el objeto de renunciar al cargo de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas para el que fui designado por el decreto 1061/2003 del entonces Presidente de la Nación y que tuve el honor y el orgullo de desempeñar durante los últimos cinco años.

Algunos meses después de la citada resolución, mientras sigo archivando en catarata decenas de expedientes que estaban siendo tramitados en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas -en los que tenía participación activa- y en medio de la incertidumbre acerca de las causas judiciales que podrían cerrarse por tratarse de casos en los cuales la FIA ejercía la acción penal subsidiaria pese a no haber sido la denunciante –en caso de que los jueces hagan caso omiso de las crípticas correcciones posteriores y se atengan a los minuciosos y exhaustivos razonamientos desarrollados por el Sr. Procurador en la resolución original, lo que no ha ocurrido todavía por la habilidad de los abogados defensores para posponer sus planteos evitando quedar envueltos en un escándalo-, no dejo de preguntarme junto a otros fiscales y colaboradores cómo pudo ser que el Sr. Procurador General de la Nación afirmase en su circular del 10 de noviembre pasado que “la resolución ni limita ni recorta atribuciones de la FIA, ni puede paralizar el avance de causas en trámite”. (...)"

Luego, Garrido enfoca directamente contra el mencionado Righi:
"(...) Ya en el año 2006 vislumbraba que estos problemas sobrevendrían y elevé a consideración del Señor Procurador General de la Nación un proyecto que adoptaba soluciones que contemplaban un mejor equilibrio entre la especialización requerida para la investigación de corrupción, la búsqueda de eficacia en el impulso de los procesos penales y, a la vez, el resguardo de la coherencia y los derechos de los imputados que podían verse afectados por la intervención de más de un fiscal.

El Sr. Procurador General, en estos tres años, no impulsó ni esa iniciativa ni cualesquiera otra, sino la que ahora vino a consagrar, yendo en contra de sus propios actos reglamentarios, de las argumentaciones del propio Estado argentino a nivel internacional y de los intereses de la sociedad por los que debe velar según el artículo 120 de la Constitución Nacional (...)".
Acerca de las consecuencias institucionales del accionar deficiente de Righi, Garrido afirmó -conceptos que bien podrían fundamentar en el futuro un pedido de juicio político a Righi-:
"(...) En la medida en que no se comprenda y se asuma que la corrupción y su impunidad impactan en la vigencia de los derechos humanos –tal como ha puesto de manifiesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Informe sobre Paraguay, año 2001)- y en la calidad del sistema democrático, exhibiendo sin pudor la desigualdad social de un sistema penal que castiga impiadosamente a los pobres y a los marginales que son generalmente víctimas de la corrupción, pero que es cortés e impotente ante poderosos y corruptos, no será posible respetar el papel de los órganos de control y optimizar su funcionamiento y competencias.
Resuenan en mi mente las palabras vertidas hace casi ya cien años por el destacado jurista y político brasileño Rui Barbosa ante el Senado de su país: “De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto”.

(...) También trasciende la campaña electoral que se avecina, en cuyo marco no deseo quedar envuelto, toda vez que mi trabajo siempre estuvo al margen de intereses políticos contingentes y respondió siempre a la idea de que la política anticorrupción se trata de una política de Estado –horizontal a todos los partidos políticos- que debe mantenerse y profundizarse en el futuro.
Lamentando el indeseado protagonismo que me ha sido asignado en el último de los episodios traumáticos que han caracterizado a la historia institucional de la FIA, pido disculpas a la ciudadanía por los errores que seguramente he cometido y por no poder superar ya más este cansancio de correr en dirección contraria.
Saludo a Ud. con el respeto y consideración de siempre. Manuel Garrido"
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Esteban Righi fue designado por Néstor Kirchner, su primer cliente pingüino. Consiguió que absolvieran al Presidente en una causa por enriquecimiento ilícito.
Ganó prestigio internacional como defensor de presos y perseguidos políticos durante su exilio en México, donde se refugió después de pasar por el ministerio del Interior de Héctor Cámpora. Pero no fueron sólo esas credenciales las que llevaron al jurista Esteban Justo Antonio Righi al cargo de la Procuración General de la Nación.
El jefe de los fiscales nacionales se ganó el reconocimiento de sus promotores, el matrimonio Kirchner, ejerciendo su defensa en 2003 en una causa sobre enriquecimiento ilícito durante su paso por la gobernación santacruceña. Desde ese momento, su estudio de abogados acumula la representación legal de funcionarios públicos y de jefes sindicales acusados de cometer actos de corrupción. Damina Glanz