POR EDGAR MAINHARD
La sociedad argentina necesita (y está dispuesta a celebrar) un Poder Judicial independiente y transparente. Para ello, es imprescindible una Corte Suprema de Justicia de la Nación que lidere y corrobore, a diario, tales convicciones. Si bien la opinión pública parece predispuesta a considerar al Derecho Penal como el foco de la Corte, no lo es menos el Derecho Comercial, en especial en una sociedad que ha registrado períodos de excepción, de emergencia, de situaciones inéditas para el interés general
Juan Carlos Maqueda llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de diciembre de 2002, propuesto y designado por el entonces senador nacional devenido en presidente provisional Eduardo Duhalde.
Duhalde había amenazado con relevar a todos los ministros de la Corte denominada 'menemista' pero terminó conformándose con ubicar en el colectivo cabeza del Poder Judicial al hasta entonces senador nacional a cargo del Senado.
Previamente, entre 1991 y 1999, Maqueda fue diputado nacional (vicepresidente del bloque justicialista, presidente de la Comisión de Justicia y vicepresidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político) y convencional constituyente en 1994, además de secretario de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación en 1996; e integrante del 1er. Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en 1998, presidente de la Comisión de Acusación.
El procedimiento que precedió a su designación fue cuestionado por distintas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el foro Una Corte para la Democracia cuestionó la ausencia de una seria discusión pública e institucional: las primeras noticias sobre su nombramiento aparecieron en los medios de comunicación el 14/12/2002, el día 18/12 ingresó el pliego al Senado, el día 26/12 el Senado prestó su acuerdo y el 30/12 (entre gallos y media noche) Maqueda prestó juramento ante la Corte Suprema.
El Colegio Público de Abogados, el Círculo de Abogados Independientes de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y los decanos de las 13 facultades nacionales de derecho cuestionaron la designación de Maqueda como Juez de la Corte de un funcionario político, de notable protagonismo junto a Carlos Menem, a José Manuel De la Sota y al propio Duhalde.
Sin embargo, Duhalde -quien hizo uso y abuso de la excepcionalidad que muchos creen que él mismo ayudó a provocar desde el Conurbano Bonaerense-, ratificó a Maqueda, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, quien se consolidó en la Corte Suprema como si fuese el inicio de una 'nueva Corte' que muchos argentinos reclamaban.
En 2001, Maqueda fue electo senador nacional y se desempeñó como vicepresidente y presidente Provisional del Senado, entre diciembre del 2001 y enero de 2002. Maqueda tuvo un rol protagónizo en los acontecimientos excepcionales porque él presidió las dos Asambleas Legislativas que eligieron Presidente de la Nación (primero, a Adolfo Rodríguez Saá, y luego a Eduardo Duhalde).
En el Senado, Maqueda estuvo en el centro de la escena en varias oportunidades. Algunas de gran interés corporativo (cuando hizo una irritada defensa de la vigencia del adicional por desarraigo que cobraban los 65 legisladores del interior, sin bajarse de la tarima reservada al titular del cuerpo: "Hay que atender la situación de quienes tienen que mantener dos hogares, uno en la capital y el otro en sus provincias", afirmó, ratificando un cuestionable comunicado en el que atribuía las críticas a una "campaña de desinformación que tiene como única finalidad el desprestigio de las instituciones de la República"), y en otras de gran interés ciudadano (la Ley de Emergencia Económica (DNU 214/2002) de enero de 2002, que incluyó la emergencia laboral y sanitaria, y la capacidad de rerenegociar los contratos de las empresas de servicios públicos, reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios, y crear las condiciones para la reestructuración de la deuda pública)
¿Qué hacer con el voto de Maqueda como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cada ocasión que llega a su despacho un expediente que puede cuestionar aspectos de aquellos temas en los que él tuvo una opinión como legislador?
Es obvio que su designación fue otro de los mamarrachos jurídicos ocurridos en días de Eduardo Duhalde y prorrogados en las gestiones de sus herederos, los Kirchner.
Hubo un acontecimiento central en aquella gestión de Maqueda en el Senado: la Ley de Quiebras que impugnó el Fondo Monetario Internacional (que según comentarios empresarios fue inspirada por el abogado Jorge Osvaldo López, por entonces abogado de Sociedad Comercial del Plata, de Santiago Soldati), y la Ley de Quiebras que se sancionó y promulgó luego del veto obligado de Eduardo Duhalde de la anterior.
Esta Ley de Quiebras fue aprobada en tiempo récord para que Duhalde pudiera exhibirla durante su participación en cierta cumbre de mandatarios de la Unión Europea y América latina, en Madrid, España.
Inclusive Maqueda tuvo un rol importante en una iniciativa que comenzó a discutir un grupo de senadores como ley complementaria de la de Quiebras, destinada a darle protección al sector vinculado a la industria cultural: la denominada Ley Clarín, que básicamente apuntó a impedir que el multimedios fuese controlado por sus acreedores, mayoritariamente extranjeros.
La participación de Maqueda, como legislador en toda la cuestión vinculada a la Ley de Quiebras -o sea que inspiró el texto que ahora le corresponde juzgar, un disparate-, es relevante cuando se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso de la Sociedad Comercial del Plata.
Hoy día Jorge Osvaldo López es integrante del estudio que comparte con Gustavo Adolfo Naveira, Edgardo Daniel Truffat, Oscar Alejandro Martínez, Claudio Roberto Anido y Javier Armando Lorente, y siguen con esa persona jurídica como cliente.
Sociedad Comercial del Plata protagoniza una controversia judicial por los términos de la oferta de reestructuración de pasivo a sus acreedores, por los términos de aprobación del concordato y hasta por la participación en el acuerdo de probables sociedades propias domiciliadas en el exterior, según el Banco Central de la República Argentina.
Es decir que se cuestiona la forma en que Sociedad Comercial del Plata obtuvo la mayoría de los votos de los acreedores que homologó su propuesta porque se habría negado la participación a decenas de titulares de obligaciones negociables, emitidas por la empresa y verificadas por un monto aproximado de más de US$ 258 millones.
De acuerdo a comentarios de las asociaciones de consumidores que siguen el expediente en la Corte Suprema, el de Sociedad Comercial del Plata ingresó por el despacho de Maqueda, quien hasta la fecha no se excusó ni brindó precisiones acerca de su actuación en la legislación bajo la lupa, lo que resulta en un desempeño muy irregular (tan llamativo como su interés en opinar al respecto).
Otra vez: la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solamente debe ser transparente en aquellas cuestiones que hacen al Derecho Penal sino también al Derecho Comercial, porque todo hace a la seguridad jurídica de la Nación, que no es una cuestión que compete a los organismos multilaterales de crédito o a tribunales arbitrales internacionales, sino a cada ciudadano argentino, antes que nadie.
Entonces, Maqueda debería comportarse conforme a las expectativas que los ciudadanos tienen de su Poder Judicial.
La sociedad argentina necesita (y está dispuesta a celebrar) un Poder Judicial independiente y transparente. Para ello, es imprescindible una Corte Suprema de Justicia de la Nación que lidere y corrobore, a diario, tales convicciones.
La sociedad argentina necesita (y está dispuesta a celebrar) un Poder Judicial independiente y transparente. Para ello, es imprescindible una Corte Suprema de Justicia de la Nación que lidere y corrobore, a diario, tales convicciones. Si bien la opinión pública parece predispuesta a considerar al Derecho Penal como el foco de la Corte, no lo es menos el Derecho Comercial, en especial en una sociedad que ha registrado períodos de excepción, de emergencia, de situaciones inéditas para el interés general
Juan Carlos Maqueda llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de diciembre de 2002, propuesto y designado por el entonces senador nacional devenido en presidente provisional Eduardo Duhalde.
Duhalde había amenazado con relevar a todos los ministros de la Corte denominada 'menemista' pero terminó conformándose con ubicar en el colectivo cabeza del Poder Judicial al hasta entonces senador nacional a cargo del Senado.
Previamente, entre 1991 y 1999, Maqueda fue diputado nacional (vicepresidente del bloque justicialista, presidente de la Comisión de Justicia y vicepresidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Juicio Político) y convencional constituyente en 1994, además de secretario de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación en 1996; e integrante del 1er. Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en 1998, presidente de la Comisión de Acusación.
El procedimiento que precedió a su designación fue cuestionado por distintas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el foro Una Corte para la Democracia cuestionó la ausencia de una seria discusión pública e institucional: las primeras noticias sobre su nombramiento aparecieron en los medios de comunicación el 14/12/2002, el día 18/12 ingresó el pliego al Senado, el día 26/12 el Senado prestó su acuerdo y el 30/12 (entre gallos y media noche) Maqueda prestó juramento ante la Corte Suprema.
El Colegio Público de Abogados, el Círculo de Abogados Independientes de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y los decanos de las 13 facultades nacionales de derecho cuestionaron la designación de Maqueda como Juez de la Corte de un funcionario político, de notable protagonismo junto a Carlos Menem, a José Manuel De la Sota y al propio Duhalde.
Sin embargo, Duhalde -quien hizo uso y abuso de la excepcionalidad que muchos creen que él mismo ayudó a provocar desde el Conurbano Bonaerense-, ratificó a Maqueda, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, quien se consolidó en la Corte Suprema como si fuese el inicio de una 'nueva Corte' que muchos argentinos reclamaban.
En 2001, Maqueda fue electo senador nacional y se desempeñó como vicepresidente y presidente Provisional del Senado, entre diciembre del 2001 y enero de 2002. Maqueda tuvo un rol protagónizo en los acontecimientos excepcionales porque él presidió las dos Asambleas Legislativas que eligieron Presidente de la Nación (primero, a Adolfo Rodríguez Saá, y luego a Eduardo Duhalde).
En el Senado, Maqueda estuvo en el centro de la escena en varias oportunidades. Algunas de gran interés corporativo (cuando hizo una irritada defensa de la vigencia del adicional por desarraigo que cobraban los 65 legisladores del interior, sin bajarse de la tarima reservada al titular del cuerpo: "Hay que atender la situación de quienes tienen que mantener dos hogares, uno en la capital y el otro en sus provincias", afirmó, ratificando un cuestionable comunicado en el que atribuía las críticas a una "campaña de desinformación que tiene como única finalidad el desprestigio de las instituciones de la República"), y en otras de gran interés ciudadano (la Ley de Emergencia Económica (DNU 214/2002) de enero de 2002, que incluyó la emergencia laboral y sanitaria, y la capacidad de rerenegociar los contratos de las empresas de servicios públicos, reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios, y crear las condiciones para la reestructuración de la deuda pública)
¿Qué hacer con el voto de Maqueda como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cada ocasión que llega a su despacho un expediente que puede cuestionar aspectos de aquellos temas en los que él tuvo una opinión como legislador?
Es obvio que su designación fue otro de los mamarrachos jurídicos ocurridos en días de Eduardo Duhalde y prorrogados en las gestiones de sus herederos, los Kirchner.
Hubo un acontecimiento central en aquella gestión de Maqueda en el Senado: la Ley de Quiebras que impugnó el Fondo Monetario Internacional (que según comentarios empresarios fue inspirada por el abogado Jorge Osvaldo López, por entonces abogado de Sociedad Comercial del Plata, de Santiago Soldati), y la Ley de Quiebras que se sancionó y promulgó luego del veto obligado de Eduardo Duhalde de la anterior.
Esta Ley de Quiebras fue aprobada en tiempo récord para que Duhalde pudiera exhibirla durante su participación en cierta cumbre de mandatarios de la Unión Europea y América latina, en Madrid, España.
Inclusive Maqueda tuvo un rol importante en una iniciativa que comenzó a discutir un grupo de senadores como ley complementaria de la de Quiebras, destinada a darle protección al sector vinculado a la industria cultural: la denominada Ley Clarín, que básicamente apuntó a impedir que el multimedios fuese controlado por sus acreedores, mayoritariamente extranjeros.
La participación de Maqueda, como legislador en toda la cuestión vinculada a la Ley de Quiebras -o sea que inspiró el texto que ahora le corresponde juzgar, un disparate-, es relevante cuando se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso de la Sociedad Comercial del Plata.
Hoy día Jorge Osvaldo López es integrante del estudio que comparte con Gustavo Adolfo Naveira, Edgardo Daniel Truffat, Oscar Alejandro Martínez, Claudio Roberto Anido y Javier Armando Lorente, y siguen con esa persona jurídica como cliente.
Sociedad Comercial del Plata protagoniza una controversia judicial por los términos de la oferta de reestructuración de pasivo a sus acreedores, por los términos de aprobación del concordato y hasta por la participación en el acuerdo de probables sociedades propias domiciliadas en el exterior, según el Banco Central de la República Argentina.
Es decir que se cuestiona la forma en que Sociedad Comercial del Plata obtuvo la mayoría de los votos de los acreedores que homologó su propuesta porque se habría negado la participación a decenas de titulares de obligaciones negociables, emitidas por la empresa y verificadas por un monto aproximado de más de US$ 258 millones.
De acuerdo a comentarios de las asociaciones de consumidores que siguen el expediente en la Corte Suprema, el de Sociedad Comercial del Plata ingresó por el despacho de Maqueda, quien hasta la fecha no se excusó ni brindó precisiones acerca de su actuación en la legislación bajo la lupa, lo que resulta en un desempeño muy irregular (tan llamativo como su interés en opinar al respecto).
Otra vez: la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solamente debe ser transparente en aquellas cuestiones que hacen al Derecho Penal sino también al Derecho Comercial, porque todo hace a la seguridad jurídica de la Nación, que no es una cuestión que compete a los organismos multilaterales de crédito o a tribunales arbitrales internacionales, sino a cada ciudadano argentino, antes que nadie.
Entonces, Maqueda debería comportarse conforme a las expectativas que los ciudadanos tienen de su Poder Judicial.
La sociedad argentina necesita (y está dispuesta a celebrar) un Poder Judicial independiente y transparente. Para ello, es imprescindible una Corte Suprema de Justicia de la Nación que lidere y corrobore, a diario, tales convicciones.
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