Conflictos superpuestos en un mismo principado..

Columnista invitado
Natalio R. Botana HISTORIADOR Y POLITOLOGO

El Gobierno viene sometiendo a las provincias por anemia fiscal y ahoga así su representación en el Congreso.
Por: Natalio R.Botana

Hay tres capas superpuestas en el tejido político de la Argentina. La primera alude al dominio del Poder Ejecutivo sobre el régimen federal; la segunda, a la ruptura de los contratos en el campo económico; la tercera, a la acción directa para cuestionar decisiones, levantar la voz de los reclamos sociales o apoyar la acción del oficialismo. Vistas en conjunto, en estas tres capas se produce y realimenta el conflicto.

No es ninguna novedad si subrayamos la tradición que impregna las relaciones entre la Nación y las provincias. En el último sexenio, el dominio del poder presidencial sobre estos vínculos se ha agudizado, distorsionando de este modo preceptos constitucionales. Esta situación no sólo obedece a la mayoría de que dispone el Gobierno en el Congreso, sino a la inducida anemia fiscal que ha transformado a las provincias en sucursales de la casa matriz del Poder Ejecutivo.

La piedra de toque de esta dominación, que se ha puesto en evidencia una vez más con motivo del debate de la ley de medios, es el vaciamiento de la autonomía de la representación de las provincias en el Senado. Sin disponer de recursos propios mediante la aplicación automática de la coparticipación federal (hoy reducida a bajísimos niveles porcentuales), las provincias dependen de los premios y castigos del principado que nos gobierna. El principado de marras no implica un concepto peyorativo. Describe más bien una realidad cuyo significado último radica en el control fiscal de los recursos que, por mandato de la Constitución vigente, deberían corresponder a las provincias. Cuando se discuten leyes nacionales de naturaleza polémica, como el proyecto atinente a los medios audiovisuales, este instrumento es una poderosa arma disuasoria para someter a los representantes.

Se abren las puertas así de una galería de provincias mendicantes que, más allá de las ideologías que inspiraron originariamente a sus gobernantes, deben pagar cada mes el costo del empleo público y, por ende, sobrevivir. Con la soga al cuello es muy difícil que los representantes actúen como lo que deberían ser: senadores nacionales (subrayo) y no delegados de gobernadores maniatados.

El resultado de esta fórmula es efectivo en el corto plazo, pues satisface tácticas de ocasión, y negativos si observamos las dificultades del desarrollo argentino en el horizonte del Bicentenario. Estos obstáculos son enormes en un mundo que está cambiando velozmente el eje del poder económico sobre la base del desplazamiento global de las inversiones directas.

Si bien los cambios son dramáticos, habría que resaltar el hecho de que en estos días, al igual que hace un siglo en el Centenario, el resorte principal del progreso se cifra en la estabilidad de los contratos y en el imperio pacífico del Estado de derecho. Cuando estos principios tambalean, no hay oportunidad productiva que se prolongue ni patrón de acumulación sustentable.

Este proceso es la contracara del que preconizó Schumpeter: en lugar de la autodestrucción creativa del capitalismo en pos de la innovación, soportamos la destrucción creativa de unos gobiernos atentos a capturar cuanta renta disponible aparezca ante su ojo escrutador. Primero fueron los fondos de las AFJP, después los activos de los medios: ¿qué vendrá después? Aunque estas sorpresas sean difíciles de calibrar, se pueden no obstante evaluar algunas consecuencias. En una economía donde la inversión se retrae, aumenta el desempleo y la inflación no ceja, el pato de la boda son los millones de compatriotas arrojados a la miseria. Agravada por el impacto de la crisis económica internacional, esta circunstancia es hoy mucho más penosa que hace un año. Penosa y además movilizante, porque la peculiaridad de los comportamientos sociales en esta última década es el tono general, amplio e incluyente, que adquiere el método de la acción directa en el espacio público.

En un régimen institucional vacío de representación, los "poderes de obstrucción" y "grupos de veto" de la decisiones públicas y privadas abarcan todo el espectro social. Todos, en rigor, buscan la calle; y lo que primero fue un acto desesperado frente al bloqueo de las expectativas de empleo, hoy, en la penuria o en la abundancia, abraza la entera estructura de clases. Lo vimos al comienzo con los piquetes de desocupados, luego con los del campo, por fin, en consonancia con una tradición de protesta de larga data, con los grupos de contestación de carácter ideológico con base obrera.

En esta encrucijada el Gobierno no está ausente. Con la experiencia del derrumbe de las presidencias de De la Rúa y Duhalde en medio de represiones incontroladas, el Gobierno dejó hacer mientras armaba un piqueterismo paralelo tributario de los dineros del Estado. Estas organizaciones disputaron el espacio público en diversos episodios y hoy lo siguen haciendo. Hay una mano de obra disponible para estos menesteres pronta a ser ocupada. Los escraches y amenazas dan testimonio de esta manera de concebir el disenso político.

El combate por el espacio público en un escenario de aumento del desempleo y de fragilidad representativa está pues entre nosotros, Es una señal complicada, entre otras cosas porque trasunta una penosa ausencia de espíritu estratégico. No miramos más allá de las luchas para acumular poder, cualquiera que sea el lugar en que aquellas estallen. Y tampoco hemos dado a luz ese mínimo de reglas que aseguran en cada momento una decisión óptima para el conjunto.

Habría que preguntarse hasta qué punto seguiremos estirando esta cuerda de desaciertos. Por lo menos, si este diagnóstico tiene algún viso de certeza, tengamos en cuenta que el país está sediento de estrategos. Sin éstos, obviamente, no hay estrategia posible para revitalizar una legitimidad democrática de ejercicio con preocupantes signos de fatiga.