EDITORIAL - El uso del Estado para intimidar...

La utilización del espionaje y los servicios de inteligencia para intimidar y controlar actividades políticas, periodísticas y económicas es un peligro que traspasa las prácticas democráticas para instrumentar esquemas más bien propios de regímenes totalitarios.

La mera sospecha de intervención ilegal de teléfonos, como la posibilidad de existencia de micrófonos en despachos, altera y amedrenta el funcionamiento de instituciones y actores de la sociedad civil. Mientras que la captación ilegal de información pone en evidencia la persistente herencia autoritaria en el aparato de poder.

Jueces, periodistas, políticos y empresarios han sido víctimas de estas prácticas en los últimos meses.
En muchos casos, las sospechas se dirigen a un uso abusivo del dispositivo estatal de espionaje, por el cual -en vez de defenderse áreas estratégicas de seguridad- se avanza sobre voces opositoras o se busca capturar información privada, o se siembra sospecha.

En general, estas prácticas parecen concretarse con recursos oficiales, pero en una virtual clandestinidad y en algunas ocasiones como resultado del descontrol en el que se encuentran los servicios públicos de inteligencia. Hay veces que también se obtienen, a través de procedimientos espúreos, autorizaciones para realizar escuchas.
Este ha sido el caso de las intervenciones telefónicas ordenadas por un juez de Misiones, en una causa en que con la excusa de dar con el paradero de un prófugo se habría ordenado la intervención de víctimas del atentado a la AMIA y de opositores a quien en su momento fuera designado por el gobierno porteño para encabezar la Policía Metropolitana.

La utilización de los servicios de inteligencia y del espionaje con fines diferentes a los estrictamente permitidos implica incurrir en un delito corrosivo y amenazador, que tiende a socavar la potencia crítica de la esfera pública y la dinámica de las instituciones, alimentando rebrotes de autoritarismo y restringiendo el estado de derecho.

La utilización del espionaje para intimidar y controlar actividades políticas, periodísticas o económicas es un delito corrosivo de la democracia y una supervivencia del autoritarismo.

Fuente: Clarín