Menos inflación es más y mejor redistribución de los ingresos

Castor López
Fuente:Fundación ATLAS 1853

En el marco de estos tiempos de nuestro país, en los que en la política vale más la lógica virtual de los discursos, ahora también llamados “relatos”, muchos de ellos anacrónicos, y de los “golpes de efecto” de las comunicaciones oportunistas que las propias y efectivas realidades.
Contrariando así al históricamente sabio “res, non verba” (hechos, no palabras), que siempre convalidan a las sanas políticas publicas.

El gobierno nacional, con el apoyo de la CGT e invocando como principal objetivo a la redistribución de los ingresos en la población, apoya el proyecto de ley del diputado Recalde de distribuir entre su personal las ganancias netas de las empresas con mas de 300 empleados, que incluso luego puede disminuir a 100 empleados. Se inscribe entre las iniciativas consideradas hoy por el gobierno como “políticamente correctas”

La figura del genuino empresario, por el que en realidad el gobierno debe pujar en lugar de favorecer a los allegados al poder, es aquel que con una escasa aversión al riesgo, enfrenta a mercados competitivos y toma capital de los ahorristas, vía bancos, para invertir en tecnología e insumos, por el cual paga su amortización y los intereses financieros.
Asimismo contrata personal, al que capacita y remunera con sus salarios. Por ultimo, también puede arrendar o alquilar tierras.
Luego “mezcla” estos factores: capital, trabajo y tierra, junto al gerenciamiento conjunto de los mismos, y produce algún bien o servicio. Solo una vez comercializado ese producto a un precio, y luego de retribuir a todos los referidos factores y pagar los impuestos al Estado, tendrá el empresario la posibilidad (muchas veces no) de obtener la llamada “renta empresarial”.

Si esta resultase “extraordinaria” (superior al promedio), será rápidamente visualizada por otros inversores, que intentaran ingresar en ese mercado, obligándolo a bajar sus precios y/o a mejorar su eficiencia productiva.
En mayor o menor grado, ese es el mecanismo básico de equilibrio general, al que todo gobierno progresista debe propiciar para maximizar el bienestar general de una sociedad.

Paradójicamente, es hoy el propio gobierno nacional, mediante la administración de una economía muy regulada, quien mayoritariamente decide las rentas de muchos y variados sectores productivos.

Por otra parte, cualquier trabajador de las nominas del personal de las empresas, siempre podrá en muchas de ellas adquirir acciones de su propia empresa o de otras, incluso mediante los denominados fondos de inversiones.
Claro que, para ello, deberá disponer necesariamente de capacidad de ahorro. Esto es, que su salario supere a su consumo básico, superando a la pobreza, una de las principales obligaciones a preservar de los gobiernos, generalmente descuidada por las políticas de gasto público, fiscal y monetario.

La más directa redistribución de los ingresos se logra mediante un correcto gasto público en salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura básica, sin ineficiencias ni corrupción y con un adecuado sistema fiscal que grave más proporcionalmente a los ingresos que a los consumos de las personas, al contrario de lo que sucede actualmente.

Pero, fundamentalmente, dejando de cobrar el vigente impuesto inflacionario del 30% anual con el que se financia parcialmente el gobierno, al emitir moneda excedentaria frente a la producción, ubicándonos extravagantemente junto a menos de una decena de países tales como Venezuela, Ghana, Paquistán, Etiopia y el Congo, que resultan los pocos países que tienen una inflación mayor a un digito, en el mundo de hoy.