Sin respeto a la ley no hay sociedad

Adrián Ventura

El conflicto que suscitó la ocupación del parque Indoamericano, en Villa Soldati, desnudó las deficiencias de la política, pero el acuerdo entre las autoridades, aunque sea tardíamente, llegó.

Hay sin embargo, otro problema, quizá moral, que aún permanece intacto: la falta de apego del Gobierno y de distintos sectores sociales a la ley.

En algo más de una semana, la política cometió todos los desaguisados imaginables.

El gobierno nacional buscó acorralar al porteño; persiguió más el rédito político que la solución del conflicto; enfrentó a Mauricio Macri; retaceó la colaboración de las fuerzas de seguridad y sólo se avino a negociar con el jefe de la administración porteña cuando el conflicto -que también produjo una crisis de gabinete- estuvo a punto de salirse de todo cauce y amenazaba con multiplicarse.

De todas formas, al menos por necesidad, los políticos hicieron lo que la gente espera de ellos: arribar a un entendimiento, siquiera mínimo para frenar la escalada.

En cambio, no puede decirse lo mismo sobre el apego a la ley. Si se comparan las prácticas del Gobierno y de varios sectores sociales con las exigencias de las instituciones constitucionales aparece una fractura indisimulable y profunda:

· El Gobierno sigue identificando la aplicación de la ley penal con la represión y las torturas. Nada hay más falaz. Ninguna sociedad puede carecer de orden. ¿Acaso no se preocupa la AFIP por ejecutar a los deudores cuando no pagan los impuestos? ¿Por qué, entonces, el Estado no muestra igual celo para imponer el orden cuando una infracción a la ley pone en riesgo, no ya la recaudación, sino a los propios ciudadanos y a sus bienes?

· La gente se está acostumbrando a creer que las vías de hecho son cada vez más adecuadas para exigir soluciones, sea que reclame en defensa de un derecho (por ejemplo, defender su domicilio) o simplemente una expectativa (la aspiración a tener una vivienda, que aún no se adquirió ni pagó). Esto parecen haber creído una multitud cuando tomó el parque Indoamericano y, también, los vecinos de la zona cuando atacaron con balas y palos a los ocupantes.

· El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que la ocupación de un parque no es un delito, cuando cualquiera sabe que existe el delito de usurpación. No hace falta que un juez nos diga qué es un homicidio o una usurpación: un muerto o un predio tomado nos indican que algo raro pasa.

· Los jueces, una vez más, fueron burlados.

· Lo fue la jueza María Cristina Nazar: la Policía Federal desalojó el parque, el primer día, pero no lo custodió; lo fue el juez porteño Roberto Gallardo: directamente no obtuvo el auxilio de las fuerzas de seguridad, porque el Gobierno desconoció que esas fuerzas deben actuar como auxiliares de los jueces; y son burlados el juez y el fiscal que investigan los homicidios: la Policía Federal, que debe colaborar, es la principal sospechosa.

En la Argentina nos están acostumbrando a creer que reclamar el respeto de las leyes es una exquisitez...