Argentina juega al descrédito del periodismo

El Estado privilegia a los medios afines y ridiculiza a los críticos
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ Buenos Aires
Fuente: El País.es

Carteles que señalan a periodistas del grupo Clarín, en Buenos Aires. / CLARÍN

El ejercicio del periodismo en Argentina no está sometido a ningún tipo de censura o de control formal.
Y sin embargo atraviesa por dificultades serias debido, en parte, al descrédito a que se le somete desde los medios oficiales del Estado, utilizados permanentemente para ridiculizar a los periodistas críticos con el Gobierno, y al uso partidista de los fondos públicos, que privilegian de manera escandalosa, con publicidad oficial, a los medios cercanos al kirchnerismo.

El descrédito del periodismo profesional, cuya existencia niegan esos medios oficialistas, se acompaña con una fuerte defensa del llamado periodismo militante, una especie degradada del oficio, que vive a costa de subvenciones y que se presenta como un modelo de sinceridad.

La presión que ejercen algunos sectores del kirchnerismo sobre los medios críticos ha llegado en ocasiones a personalizarse en algunos periodistas, especialmente de los diarios La Nación y Clarín, señalados en carteles y afiches pegados en la calle.

El caso más notorio es un programa que emite diariamente la cadena de televisión estatal, financiada con fondos públicos, que se llama 6-7-8, y que está dedicado, en exclusiva, a atacar y desacreditar a periodistas no simpatizantes del kirchnerismo y a los políticos de la oposición.

Los periodistas críticos o que simplemente intentan el ejercicio profesional de su oficio se ven acosados desde muchos foros próximos al oficialismo e ignorados por los organismos oficiales a la hora de participar en cualquier evento cultural que esté controlado oficialmente.
Al mismo tiempo, en torno al kirchnerismo se está levantando un nuevo núcleo de medios favorables al Gobierno.

El kirchnerismo mantiene una guerra específica contra el mayor grupo mediático del país, el Grupo Clarín, con el que tuvo buenas relaciones hasta 2007 (autorizó diversas operaciones empresariales que le beneficiaban), pero que ahora es el principal objeto de enfrentamiento.
La batalla tiene aspectos inverosímiles, como que se destine dinero del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales a financiar series de televisión en las que se dará una “versión oficial” de algunos de los litigios en curso con esa empresa. Igualmente insólito es que, del edificio del Mercado Central y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), controlados por la Secretaría de Comercio, cuelguen desde hace meses carteles, firmados por los trabajadores de los dos centros, en los que se lee: “Clarín miente”

La batalla se desarrolla fundamentalmente en los tribunales, donde Clarín intenta paralizar o reformar la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (conocida como Ley de Medios), que fue aprobada en 2009 por el Congreso, con los votos no solo del kirchnerismo, sino también de otros partidos, como el socialista. La ley fija unas condiciones que afectan directamente a Clarín y le obligan a desprenderse de importantes activos.

De acuerdo con la ley, las licencias para radio, televisión en abierto y cable se concederán por 10 años, prorrogables otros 10, y la Autoridad Federal, de la que depende la interpretación de la norma, será quien decida sobre prórrogas y caducidad, así como la que vigile sus actividades.
De los siete miembros de esa Autoridad, tres, incluido el presidente, serán designados por el Gobierno y su grupo; dos por las minorías parlamentarias; y dos por un Consejo Federal, integrado por 32 miembros, de los que tres representarán a los prestadores comerciales y el resto a las autoridades provinciales y de diversas entidades públicas, culturales y sindicales.

La nueva ley fija también topes a la concentración empresarial de manera que un mismo concesionario no podrá tener más de 10 licencias de señal sonora, televisión abierta o cable, una medida que, entre otras, afecta a los intereses de PRISA (editora de EL PAÍS).
Ningún operador podrá dar servicios a más del 35% de la población total del país o de los abonados, y quien tenga un canal de distribución en abierto no podrá tener uno de distribución por cable en la misma localidad.
Las compañías telefónicas no podrán brindar servicios de televisión por cable.