El Senado decreta que el Estado controlará la
producción de papel
ANA DELICADO
/ Público.es
Talleres de la compañía Papel Prensa, productora de
papel. -AP
El Senado argentino sancionó este jueves una
controvertida ley que declara de interés público la producción, distribución y
comercialización de papel para diarios.
Esta nueva norma sitúa bajo control estatal el
funcionamiento de Papel Prensa, la única productora en Argentina de celulosa y
papel.
El Estado tiene ahora una participación en la
empresa del 27,46%, mientras que los dos grandes diarios del país, Clarín, con
un 49% de las acciones, y La Nación, con un 22,49%, acumulan la mayoría de la
propiedad.
La oposición a la presidenta Cristina Fernández y,
sobre todo, estos dos periódicos, se oponen con denuedo a esta norma que
consideran "inconstitucional"
y en la que ven un intento de controlar la prensa a través de su materia prima
básica el papel así como una vía para la futura estatalización de Papel Prensa.
El oficialismo aprobó la normativa con 41 votos a
favor, frente a 26 en contra, gracias al apoyo de seis senadores de fuerzas
aliadas.
Tras la aprobación de la ley, diputados opositores
anunciaron que presentarán una demanda ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) por el "peligro" que corre en Argentina la libertad
de expresión.
Diputados
de la oposición apelan a la OEA en defensa de la libertad de expresión
En virtud de la nueva ley, Papel Prensa deberá fijar
un solo precio de venta, y además tendrá que operar, "como mínimo, a pleno
de su capacidad" para "satisfacer la totalidad de la demanda interna
de papel para diarios".
El Ejecutivo se erige en regulador de todo este
proceso.
Esta empresa abastece en la actualidad a casi 170
periódicos en todo el país, lo que representa un 74% del mercado interno.
El resto del papel es importado.
Con la nueva ley, si la empresa no puede cubrir por
sí sola la demanda, el Estado tendrá derecho a intervenir en ella y, por tanto,
podrá acrecentar su participación accionarial.
Ese es el escenario que Clarín y La Nación temen que
se produzca.
Para denunciar lo que entiende como un intento de
cercenar la libertad de expresión, Clarín, que pertenece al grupo multimedia
más grande de Argentina, publicó el domingo su portada en blanco con un solo
titular: el artículo 32 de la Constitución.
Esta disposición prohíbe al Congreso dictar leyes
que restrinjan la libertad de imprenta.
Mayoría
parlamentaria
La Nación, por su parte, afirma que las inversiones
estatales serán el modo que el Ejecutivo tendrá para "apoderarse" de
Papel Prensa, "no porque sea rentable, sino porque le es políticamente útil
controlar a los diarios"
El
Gobierno de Fernández arguye que la ley favorece a los diarios pequeños
Una lectura muy diferente hace el Gobierno de
Cristina Fernández, que se apresuró a agilizar la ley en la Cámara de Diputados
y en el Senado ahora que vuelve a tener mayoría en ambas cámaras, tras las
elecciones de octubre.
"Del total producido por Papel Prensa, Clarín y
La Nación utilizan el 70% para cubrir sus necesidades", aseguró uno de los
mayores defensores de la ley, el senador oficialista Aníbal Fernández.
"El resto se distribuye entre 168 medios que
deben pagar un 15% más", afirmó.
La misma presidenta ha indicado que el objetivo de
la ley es garantizar el acceso al papel para los diarios pequeños. (sic)
Fernández también señaló que "fue el Estado el
que generó la primera fábrica de papel de diarios, con recursos de todos los
argentinos".
La disputa por Papel Prensa va mucho más allá del
intercambio de palabras.
La jefa del Estado acusó en 2010 a los directivos de
Clarín y de La Nación de delitos de lesa humanidad, argumentando que habían
coaccionado en 1976 a los dueños originales de la empresa con la complicidad de
la dictadura.
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