La Presidente de la República, en el inicio de su nuevo mandato, lejos de enviar un mensaje de paz y concordia a la sociedad, no dejó dudas en cuanto a la continuidad de esa política persecutoria, ratificando su empeño para que se aceleren los juicios contra militares y civiles, acusados por delitos calificados de lesa humanidad. Asimismo y en consonancia con ello, el presidente de la Suprema Corte declaró enfáticamente, que “la política de derechos humanos” es política de estado.
En este marco, en el que ha desaparecido, el principio de legalidad y con él, todos los rudimentos liminares del derecho, como la irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, prescripción y se han violentado las normas básicas del debido proceso, hay mas de 1000 presos políticos y 151 muertos en cautiverio.
Hoy, sin sorprendernos pero con estupor, hemos conocido las declaraciones del Presidente del Tribunal de Casación, quien en cumplimiento al mandato presidencial, dá la orden de “acelerar los juicios por violaciones de derechos humanos”, para terminar antes del 2015.
Con una justicia sumisa no solo quienes están fulminados por la acusación de delitos de “lesa humanidad”, sino cualquier ciudadano, está en libertad condicional, a designio del gobierno.
Mariano Gradin Alberto Solanet
Secretario Presidente
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