Por Gretel Ledo (*)
La Resolución 3252/12 de la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre la Declaración Jurada Anticipada de Importación que entró en vigencia el 1 de febrero pasado, ha suscitado una serie de cruces entre los diversos mandatarios de los países miembros del MERCOSUR.
El establecimiento de un régimen de información anticipada aplicable a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo, implica una clara barrera comercial no solamente para los importadores argentinos, sino también para los exportadores de los países vecinos.
La obligación de presentar una declaración jurada por cada una de las compras que se realice en el exterior, representa un claro vallado al de por sí engorroso procedimiento de exportación.
Una vez presentada la misma, será la AFIP la encargada de pronunciarse ante la solicitud de autorización de la operación pudiendo tomarse 72 horas para dar respuesta y un plazo extra de 10 días, en un trámite que comprende a varios organismos oficiales involucrados en el comercio exterior.
Si bien el gobierno argentino propende a controlar la masiva fuga de capitales, el programa se enmarca en la política de sustitución de importaciones que ha cobrado su escenario durante la década del 50.
Una vez más se aplican políticas de forma unilateral haciendo caso omiso a la normativa que rige el Mercosur.
En este sentido, el presidente del Uruguay, José Mujica expresó públicamente su desencanto enfatizando que el grave problema es la debilidad jurídica de la unión.
Entre las principales demandas se encuentra la de modificar la postura uruguaya que tiende más a la concesión que al planteo de sus intereses afectados.
En cambio Brasil como respuesta a la ofensiva argentina ha anunciado la posible creación de una oficina de fiscalización de las importaciones.
Por su parte, la Federación de Industrias de Sao Paulo (FIESP) estima que aproximadamente el 80% de las exportaciones brasileñas a la Argentina podrán verse afectadas recayendo sobre 5.500 importadores argentinos.
Evitar el deterioro en la cuenta comercial, sin duda representa una cortina de humo al problema irresuelto de fuga de capitales en un país que aún debe recorrer un largo camino para fortalecer la credibilidad jurídica en sus instituciones.
Cuando se habla de previsibilidad se da por descontado el apego a las instituciones ya sean formales como informales.
El cumplimiento de las leyes no solo debe operar bajo una lógica “puertas adentro”, sino también en un contexto internacional donde rige el respeto a mi prójimo, mi próximo.
En este caso, una vez más la Argentina protagoniza la nota de color quebrando el pacta sunt servanda.
No se trata de levantar murallas comerciales sino de desarrollar la capacidad de autocrítica que permita indagar el por qué.
Las inversiones no se asientan en un país con prácticas al margen de la ley que crean un mundo propio bajo instituciones informales en permanente cambio.
Conductas, señales, gestos que ofrecen una clara lectura del traslado de la problemática nacional al plano internacional.
Para que la integración deje de gatear, ¿no habrá que pensar más en las conductas que en las normas?
(*)Crónica y Análisis publica el presente artículo de Gretel Ledo (Analista Política. Abogada en Derecho Administrativo (UBA). Politóloga en Estado, Administración y Políticas Públicas (UBA). Socióloga (UBA). Máster en Relaciones Internacionales Europa - América Latina (Università di Bologna) por gentileza de su autora.
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