Por una política hidrocarburífera estratégica, racional y sustentable

En reuniones llevadas a cabo el 9 y el 25 de febrero, la Organización Federal de Estados  roductores de Hidrocarburos (OFEPHI), el Gobierno Nacional y representantes sindicales, rubricaron acuerdos y fijaron nuevas pautas de desarrollo para el sector. Entre los puntos más salientes pueden mencionarse: 

- La idea de que el autoabastecimiento de petróleo y gas, guiado por el “criterio de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales”, debe ser el principio rector de la política de estado en la materia, tendiente hacia la sustitución de importaciones de hidrocarburos;

- La exigencia a las empresas de una mayor inversión, tanto en lo que respecta a la producción –que debería incrementarse un 15 por ciento a nivel nacional– como a la reposición de reservas, quedando abierta la posibilidad de revertir inmediatamente las concesiones o permisos en aquellos casos en los que se verifiquen procesos de desinversión o subinversión;

- El incentivo a una mayor participación de empresas públicas, provinciales y nacionales, a fin de maximizar la producción y lograr una mayor captación de la renta;

- La intención de controlar y ejercer un monitoreo ambiental en todas las etapas de la industria, y de tener mediciones más precisas y en tiempo real de la producción de hidrocarburos;

- El requerimiento a las empresas refinadoras de hacerse cargo de parte del costo de la importación de combustibles para el abastecimiento del mercado interno, y de realizar las inversiones pertinentes para aumentar la capacidad de refinación de las plantas existentes;

Si bien ciertos artículos del acuerdo son progresivos con respecto a una situación verdaderamente difícil de empeorar, resulta imperioso avanzar hacia cambios de mayor profundidad que permitan una administración, explotación, y un consumo racional y sustentable del recurso, por fuera de la lógica mercantil en la que actualmente se encuentra inscripto.

El Estado Nacional debe recuperar un rol activo y una presencia efectiva tanto en la gestión global de la cuestión energética, como en cada una de las etapas de la actividad –prospección, exploración, extracción, industrialización y comercialización–, con el propósito de fijar objetivos estratégicos que satisfagan las necesidades energéticas de la población, el cuidado del ambiente, los derechos de los trabajadores, y la autodeterminación de las comunidades actual o potencialmente afectadas por la extracción de petróleo y gas. Todas estas variables no pueden seguir, como desde hace dos décadas, a merced del criterio de máxima rentabilidad privada.

Por lo antedicho, la re-estatización de YPF –así como de empresas vinculadas: distribuidoras y comercializadoras de gas–, con la debida participación de las provincias, los trabajadores, y los habitantes de las regiones petroleras en su administración, es una medida crucial para el diseño y la implementación de una nueva política energética. Su factibilidad ha quedado comprobada una vez más por el debate planteado en las últimas semanas, y el amplio consenso y apoyo activo que la ciudadanía daría a una iniciativa de este tenor. Asimismo, el costo de la operación –que según “analistas” no sería inferior a los US$ 16.000 millones–, no debería determinarse sin contemplar previamente la depreciación de activos, el saqueo y la no reposición de reservas, las sistemáticas caídas en la producción, las ganancias récord y la remisión de utilidades al exterior, los pasivos socioambientales, y las recurrentes violaciones a los derechos humanos que han caracterizado a la gestión privada de la empresa.

Por otro lado, en momentos en los que se ha especulado con una reforma de la Constitución Nacional, y sin ir en desmedro de una adecuada participación de las provincias, debe considerarse seriamente la necesidad de revertir a la Nación el dominio de los recursos naturales. La federalización consagrada por el artículo 124, y reafirmada por el kirchnerismo en los años 2003 y 2006 –decreto 546 y “ley corta” 26.197–, no ha hecho más que balcanizar la explotación del recurso, favoreciendo a las operadoras privadas al agigantar su capacidad de negociación, y a las élites económicas y políticas provinciales que oficiaron como sus contrapartes “bobas” en el negocio. Sólo así pueden explicarse las prórrogas de las concesiones de los yacimientos más importantes de gas y de petróleo del país –Loma de la Lata (Neuquén, 2000) y Cerro Dragón (Chubut, 2007)–, que constituyeron verdaderas estafas al pueblo argentino. El “federalismo” neoliberal vigente es absolutamente incompatible con la fijación de metas de desarrollo nacional, y ha tenido efectos devastadores sobre las economías regionales.

A su vez, la irremediable finitud de los hidrocarburos, y el hecho de que su explotación sea una de las principales causas del calentamiento global, vuelve insostenible, antiestratégico e irracional el mantenimiento en el largo plazo de una matriz energética dependiente en un 90 por ciento del consumo de petróleo y gas. Lamentablemente, esta parece ser la pretensión subyacente en el criterio “de máximo desarrollo de las cuencas, a través de métodos y procedimientos convencionales y no convencionales”, lo cual agudizaría el avance territorial de la frontera hidrocarburífera sobre regiones sin infraestructura ni antecedentes en la materia, que albergan entramados productivos y culturales, pautas de desarrollo y consumo, y recursos naturales incompatibles con la radicación de la actividad. En los últimos cinco años, las diez provincias petroleras redoblaron su apuesta sobre áreas secundarias y marginales, mientras que las restantes iniciaron reformas de sus marcos legales y consultorías técnicas, licitaron bloques de exploración, y crearon empresas públicas de energía, con el propósito de integrarse en el mediano plazo a la carrera hidrocarburífera en ciernes.

Más allá de los cantos de sirenas de las corporaciones acerca de las bondades del shale gas y el shale oil, lo cierto es que las técnicas que se utilizan para su extracción han sido fuente de numerosos casos de contaminación y expolio de un recurso escaso como el agua. La presión popular y las denuncias de impactos ambientales han hecho que Francia y Bulgaria llegaran a la prohibición de la fractura hidráulica, mientras que en Estados Unidos, Canadá, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica ha sido objeto de múltiples moratorias. Los no convencionales son un activo adicional de especulación financiera, y prenda de negociación de las compañías para la obtención de ingentes subsidios.

Con respecto a las posibilidades abiertas por los descubrimientos offshore en la Cuenca de Santos (Brasil), el hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010 y sus devastadoras consecuencias ecológicas y sociales en el Golfo de México, nos eximen de mayores comentarios acerca de los riesgos de la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas del Mar Argentino.

Nuestro país necesita una verdadera revolución energética. Debemos hacer un uso eficiente de los hidrocarburos, y la apropiación social de su renta debe destinarse a generar las condiciones necesarias para la transición hacia una matriz con predominio de energías renovables. Al mismo tiempo, debe realizarse una evaluación seria del sobre consumo de actividades extractivas como la minería a gran escala, rubros como el transporte, y determinados sectores sociales, que permita una redistribución del acceso a la energía, al mismo tiempo que una reducción sustancial en su consumo.

La política oficial hacia el sector hidrocarburífero no puede estar desligada de un paradigma global que entienda al disfrute de la energía como un derecho básico en una sociedad democrática, que impone obligaciones en el presente, y compromete a las generaciones actuales con las futuras.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012.

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