Por Héctor GIULIANO *
El anuncio presidencial y la
presentación de la denuncia argentina en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (CS ONU) por la “militarización” británica del Atlántico Sur,
como derivado de la Cuestión Malvinas, motiva algunas observaciones y
comentarios de importancia para deslindar problemas de fondo respecto a los de
forma o procedimiento, declaraciones o pasos diplomáticos frente acciones políticas
concretas o, simplemente, palabras versus hechos.
DESCLASIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS
La presidenta Cristina Kirchner
anunció el 25.1 pasado y ratificó el 7.2 su voluntad de desclasificar el
denominado Informe Rattenbach, un documento cuyo contenido ya es conocido y que
toca a las responsabilidades políticas y estratégico-militares durante el
conflicto con Inglaterra de 1982.
Este informe analiza el desempeño
de nuestras Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas y constituye una
pieza muy importante tanto para la investigación histórica como para el
aprendizaje de las lecciones dejadas por el conflicto; pero como contribución
directa a los reclamos contra el Reino Unido no aporta nada y es independiente
de la denuncia argentina ante el CS ONU.
Sí, en cambio, sería mucho más
importante la desclasificación de otros documentos secretos que no toquen
solamente a temas político-militares internos sino referidos a las tratativas
previas, concomitantes y posteriores al conflicto militar por parte del
Gobierno Nacional.
Y dentro de este amplio capítulo
secreto – pocas veces investigado en su debida gravedad y profundidad –
aparecen interrogantes tan relevantes como la génesis de la decisión de
recuperar las islas y los apoyos obtenidos o creídos obtener de otros países; y
figura también la duda, con base cierta, de si la confianza del gobierno
Galtieri en un éxito de
la Operación Rosario no se debió
a una falsa “luz verde” del gobierno norteamericano y a una trampa consecuente
tendida por el Almirantazgo Británico.1
El gobierno Kirchner, por ende,
no debiera desclasificar sólo un documento relativo a los aspectos
político-militares internos de la Argentina sino que tendría que empezar a desclasificar
todas aquéllas piezas-clave que permanecen secretas en materia de Política
Exterior relacionadas con la Guerra de Malvinas.
LA
ESTRATEGIA BRITÁNICA.
Hasta el conflicto de 1982
Inglaterra se limitaba a mantenerse en las Islas, sin aspiraciones de
jurisdicción sobre las aguas adyacentes ni sobre los recursos naturales
existentes en el área.
Pero, después de su victoria
militar el Estado Británico fue ampliando progresivamente sus pretensiones
sobre la zona y consolidando tal expansión mientras firmaba con nuestro país
una serie de acuerdos parciales que dilataban, y en gran medida neutralizaban,
el planteo del problema central: la cuestión de Soberanía.
La denominada “teoría del
paraguas” o fórmula de reserva de Soberanía se encuentra en el eje de tales
logros.
Esto significa que al problema de
la usurpación histórica y jurídica se sumaron desde entonces dos nuevas
realidades para nuestro país: el problema geopolítico del Atlántico Sur y el
problema de la apropiación de los recursos económicos naturales de la zona.
Los documentos básicos de la red
de instrumentos legales armada por Inglaterra para imponer sus reglas de juego
a la Argentina en todo el Atlántico Sudoccidental está plasmada básicamente en
los Acuerdos de Madrid de 1989/1890 y en el paralelo Tratado Bilateral de
Inversiones (TBI) de 1990; y sus convenios conexos o derivados.2
2
El fortalecimiento de la posición
británica – y la consiguiente desubicación argentina – se fue afianzado
especialmente durante la década del ’90 a través de esa batería de instrumentos
bilaterales que se acordaron paralelamente con y para el avance de Londres en
el plano de los hechos consumados.
Desde este punto de vista tales
convenios cumplieron y cumplen un rol funcional en la medida que el Foreign
Office avanza y consolida su reformulación del estatuto de las Islas mientras
rechaza toda negociación sobre la cuestión de la Soberanía.
El tiempo no es neutro y la
posición más ventajosa de Inglaterra en la Cuestión de Malvinas se manifiesta
hoy fundamentalmente en tres hechos:
1.
Haber logrado dilatar sine die la
discusión con la Argentina por la disputa de Soberanía mientras avanza en el
proceso de pseudo independencia de los isleños en el ámbito del Comité de Descolonización
de Naciones Unidas, que llevaría a la constitución de un Estado artificial
británico en el Atlántico Sur.
2.
Haber avanzado consecuentemente
en su intento de colocar a los kelpers como supuestos representantes
independentistas. Y
3.
Haber ampliado y consolidado su
control sobre las comunicaciones y sobre los recursos económicos naturales de
la Zona a la vez que afianzado el auto-sostenimiento financiero de las Islas,
que incluye parte del costo de mantenimiento de la desproporcionada guarnición
militar local.
Una base británica que lo es
también, por extensión, de la OTAN en el Atlántico Sur.
Estos progresos británicos no
fueron sólo producto de la fuerza o la habilidad del Foreign Office sino
también facilitados por la pasividad y el acompañamiento funcional de la
política exterior argentina en la cuestión Malvinas 3; y sus efectos básicos no se han revertido hasta la fecha.
Inglaterra utilizó de tal modo
estos puntos de apoyo para organizar la instauración de un gobierno local
supuestamente “autónomo” y, paralelamente, aumentar su explotación de los
recursos marinos y sus mecanismos de contralor de las comunicaciones en el
Atlántico
Sudoccidental.
NECESIDAD
DE UNA NUEVA ESTRATEGIA
La presencia e influencia
creciente del Reino Unido en las Islas Malvinas y toda su zona de influencia
constituye un complejo y gravísimo problema para la Argentina, que va más allá
de los legítimos derechos históricos y jurídicos que le asisten a nuestro país
porque afecta directamente aspectos específicos de nuestra realidad como
Nación: la Geopolítica
Argentina del Atlántico Sur, la
sustracción en gran escala de nuestros recursos naturales (fundamentalmente
pesca e hidrocarburos) y la Defensa Nacional, debido a la presencia de una
poderosa base militar frente al territorio argentino.
El soporte fáctico del poder
británico en el Atlántico Sudoccidental descansa así en el poder militar propio
de su base en Malvinas y en la apoyatura de su alianza con los Estados Unidos
para el control marítimo de las rutas de navegación hacia la Antártida y los
pasajes
interoceánicos
Atlántico-Pacífico.
Tales son los lineamientos de
base que se amparan en la trama jurídico política post-Malvinas tejida por el
Foreign Office contra la Argentina y que nuestro país necesita revertir.
Pero no es con anuncios
mediáticos efectistas ni con medidas ampulosas anodinas – sin efectos prácticos
en materia política y económica – que la Argentina va a poder replantear este
desfavorable cuadro de situación sino tratando de desarticular esa trama del
Foreign Office allí donde, en lo inmediato, afecte concretamente los intereses
británicos.
Si el gobierno Kirchner quiere
realmente confrontar y no convivir vegetativamente con el Conflicto de Malvinas
tiene alternativas concretas y propias para hacerlo, con las cuales demostraría
no sólo su verdadera voluntad de revertir los términos de la cuestión sino
también su decisión política de liberarse el sistema de tratados desiguales
firmados con Gran Bretaña.
3
En esa tesitura, la Argentina
puede y debiera adoptar por lo menos tres decisiones clave:
1. Suspender de
inmediato el convenio de Comunicaciones Aéreas y Marítimas de Julio de 1999,
interrumpiendo particularmente el vuelo por territorio argentino y con escala
en Río Gallegos hacia las Islas que se realiza desde Punta Arenas, Chile.
2. Suspender la
vigencia de los Tratados de Madrid I y II – de Octubre/89 y Febrero/90
respectivamente – y elevar ambos documentos a la consideración del Congreso de
la Nación para su ratificación o rechazo.
3. Proponer al
Congreso la denuncia del Tratado sobre Promoción y Protección de Inversiones
con Gran Bretaña del 11.12.90.
Más aún, la Argentina debiera
avanzar – con justificado derecho frente al robo de recursos naturales
oceánicos que le pertenecen por parte de Inglaterra – en la instauración de una
Cláusula Malvinas en todos los contratos de compra y venta, sean públicos o
privados, que se realicen con empresas que tengan y/o puedan tener conflicto de
intereses por su
relación con las Islas.
Dicha cláusula debiera incluirse
como condicionante en todos los contratos sobre inversiones, bienes y servicios
dejando constancia, con carácter de declaración jurada, que la empresa
signataria no tiene, directa ni indirectamente, relación con firmas ni con
operaciones de negocios con las Islas.
El falseamiento de alguna de
estas condiciones sería causal de nulidad del contrato respectivo, con las
consecuencias legales y económicas del caso.
De esta manera quedaría
sancionado un nuevo régimen de tratamiento de los intereses económicos y
financieros entre Argentina e Inglaterra sobre la base de diferenciar las
operaciones de negocio en territorio nacional según la existencia o no de vinculaciones
cruzadas con las Islas.
Esta cláusula regiría,
lógicamente, no sólo para empresas argentinas y británicas sino también de
terceros países: toda empresa que tenga relación con negocios en las Islas
queda inhibida de realizar negocios en la Argentina.
El sentido de esta Cláusula
Malvinas es simple: la permanencia británica y su explotación de recursos
naturales en la zona implica un robo de recursos que pertenecen a la Argentina
y nuestro país tiene entonces derecho a diferenciar el comportamiento de todas
las empresas directa o indirectamente involucradas en tales perjuicios al país.
Quedaría consecuentemente trazada
una “divisoria de aguas” entre negocios compatibles y no compatibles con el
daño que nuestro país sufre por sustracción de recursos que le son propios.
Y constituiría un mensaje lógico
para el Reino Unido señalando que existe un doble régimen en las relaciones
bilaterales: con y sin problema Malvinas.
Sería una forma de plantearle el
dilema de fondo a Inglaterra de que si mantiene su empeño en la usurpación de
las Islas va a ir perdiendo gradualmente terreno en sus intereses en la
Argentina.
Este tipo de hechos concretos y
relevantes sería, por otra parte, prueba de la efectiva voluntad de un Gobierno
Argentino de confrontar la Cuestión Malvinas contra Inglaterra.
VULNERABILIDAD
BRITANICA EN LAS ISLAS
La gran vulnerabilidad o
desventaja de las Islas para Gran Bretaña reside principalmente en su
aislamiento geográfico, con la consiguiente necesidad de resolver, por un lado,
el problema de las grandes distancias en sus líneas de comunicación marítimas y
aéreas; y por otro, el problema de la rentabilidad de los proyectos de
inversión allí sin disponer de la
infra-estructura del Continente.
4
Este tema debiera ser explotado
necesaria y formalmente por la Argentina.
En la medida que la Argentina no
adopte medidas concretas que ataquen los problemas de fondo que hacen a sus
reivindicaciones, que no desarme la red de convenios bilaterales existentes -
que no actúan en beneficio de nuestro país - y que le siga facilitando así a
Inglaterra el mantenimiento de sus reglas de juego en la Cuestión Malvinas, la probabilidad
de llegar a negociaciones sobre la disputa de Soberanía se irá alejando cada
vez más.
Acentuar el aislamiento de la
Islas, como forma de aumentar el costo de sostenimiento de las mismas por parte
de Inglaterra - particularmente de su guarnición militar - no es sólo una
opción sino una necesidad en la estrategia a seguir por el conflicto de las
Islas.
En función de lo explicado, la Argentina
tiene dos fuertes cartas de presión a su favor para intentar forzar los
términos de negociación con Gran Bretaña por la Cuestión Malvinas:
1. La citada
situación de aislamiento que afecta las comunicaciones y las restricciones para
el desarrollo económico de las islas.
2. El hecho que
los intereses británicos en el Continente son más grandes y concretos que los
futuros de las Islas, de modo que nuestro país puede hacer pesar que todo
avance unilateral de las decisiones del gobierno de Londres en el Atlántico Sur
tenga repercusiones negativas para los intereses ingleses en el territorio
Argentino.
Es la “gran carta” que el
Gobierno Militar no jugó debidamente durante la Guerra de 1982, cuando polarizó
y circunscribió el conflicto al teatro de operaciones oceánico mientras el
mayor factor de presión lo tenía contra los intereses británicos en el
Continente.
De este modo nuestro país le
plantearía a Inglaterra el dilema de fondo que nunca se ha atacado
verdaderamente hasta el presente: que mientras el Reino Unido mantenga su
intransigencia en la Cuestión de Malvinas iría perdiendo progresivamente las
ventajas de sus intereses globales en la Argentina,
1 La experiencia
de la caída del régimen de los Coroneles Griegos, en Julio de 1974, a raíz del
apoyo dado al Golpe de Estado pro-Enosis en Chipre pero que fue seguido por la
intervención de Turquía, guarda una homología notable con el caso del Régimen
Militar Argentino: el entonces Secretario de Estado del gobierno Nixon, Henry
Kissinger, habría dado la conformidad norteamericana a la junta griega para un
operativo de unión de Chipre con Grecia que tuvo como respuesta la invasión
turca a la isla y el fin del gobierno castrense, con la proclamación de la III
República Helénica.
2 La naturaleza,
alcance y gravedad de estos tratados está demostrada fundamentalmente en los
trabajos magistrales del Dr. Julio González.
3 Principalmente
bajo el gobierno Menem, primero durante la breve presencia de Cavallo al frente
de la Cancillería y luego durante la prolongada gestión de Guido di Tella.
* Lic.
Héctor L. GIULIANO / Buenos Aires, 10.2.2012
Héctor
Luis Giuliano Licenciado en Administración.
Colegio
de Graduados de Ciencias Económicas.
Autor
del libro PROBLEMATICA DE LA DEUDA PUBLICA ARGENTINA
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