El proyecto que ratifica el acuerdo suscrito con el Gobierno porteño fue sancionado con 142 votos a favor y 81 en contra, en un debate picante. Con la ley, la Ciudad le otorgará al Ejecutivo nacional el derecho de usufructo sobre diversos edificios que integran la ex ESMA y otros cuatro ex centros clandestinos de detención.
14 de mayo de 2014
Con 142 votos, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró sancionar, al cabo de un debate picante, la ley que autoriza el traspaso de la administración de la ex ESMA y de todos los ex centros clandestinos de detención ubicados en la Ciudad de Buenos Aires a la órbita del Estado Nacional.
De esta manera, el Congreso nacional imitó a la Legislatura porteña y ratificó el convenio suscrito en enero pasado con el Gobierno porteño, que le otorga Ejecutivo nacional el derecho real de usufructo, por un plazo de treinta años, de diversos edificios que integran la ex ESMA y sobre otros cuatro ex centros clandestinos de detención.
La iniciativa reunió 81 votos en contra, por parte de la UCR, el FAP, Unidad Popular, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica-ARI y Proyecto Sur. El único bloque de la oposición que respaldó la iniciativa fue Unión Pro.
El debate
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto, encabezó la defensa del proyecto y destacó la política encarada desde 2003 en la materia, que, indicó, “fue reconocida en el mundo”.
“Desde la asunción de Néstor Kirchner, el Gobierno nacional planteó una política de memoria, verdad y justicia poniendo al Estado a resolver lo que el Estado terrorista había infligido sobre el pueblo argentino”, explicó.
Según Carlotto, “se ha diseñado una mirada que busca rescatar la memoria, la recuperación de los valores, el compromiso de los luchadores populares en Argentina, que decidieron confrontar no sólo con la dictadura cívico-militar, sino con todas las dictaduras de Argentina”.
El legislador compartió su tiempo con la titular de la Comisión de Legislación General, Anabel Fernández Sagasti, quien sostuvo que este convenio “es el claro posicionamiento del Gobierno frente al terrorismo de Estado”.
Para la mendocina, el traspaso de los predios a la órbita nacional es “justo y necesario”, ya que “reafirma y profundiza la política de Estado en la promoción de los Derechos Humanos”. “No vamos a permitir nunca más que vuelva el oscurantismo a nuestra patria”, garantizó.
En cambio, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) fustigó el proyecto y le subió el tono a la discusión, al denunciar la intención del Gobierno nacional de “hacer desaparecer” el Instituto Espacio para la memoria (IEM), “el único que le ponía un límite” al Gobierno.
Donda advirtió que con el convenio, el IEM –que pasará a depender de la Secretaría de Derechos Humanos- “va a perder su autonomía” y alertó que el Ejecutivo nacional firmó este convenio porque “no puede comprar los votos de quienes están en el directorio”.
Fue su par del Frente para la Victoria y nieto recuperado Horacio Pietragalla quien recogió el guante y salió a enrostrarle a la diputada su pasado en el kirchnerismo, en un momento de tensión en el que se cruzó también con un ex detenido de la ESMA que gritaba desde los palcos.
Pietragalla también aprovechó la oportunidad para defenderse de las críticas por el recordado asado del ministro de Justicia, Julio Alak, en el ex centro clandestino de detención.
“Tomamos los espacios de memoria, los queremos recordar con alegría. Comimos asado y sabemos las criticas, pero la ESMA no es de nadie, es de todos los argentinos, y tiene representatividad de todos los organismos de Derechos Humanos”, dijo.
Alcira Argumedo, quien integra el Consejo Directivo del IEM, se sumó al rechazo del proyecto y apuntó como responsables de la disolución del organismo al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, a quienes vinculó con el menemismo.
“Estos nombres y apellidos nos remiten al gobierno menemista, al decreto por el cual se estableció indulto a los jefes de la dictadura militar. En tanto integrantes y también beneficiarios del gobierno menemista, esos nombres avalaron el siniestro indulto de (Carlos) Menem”, señaló.
La diputada de Proyecto Sur sostuvo que “el gran pecado del IEM fue defender con todas sus fuerzas que la política de Derechos Humanos debía ser autónoma y autárquica, con una fuerte participación de la sociedad civil, con la búsqueda de consensos, y que no podía quedar en manos de un solo partido político”.
“No es casual -añadió- que cuando la Legislatura votó la disolución del IEM, los bloques del Pro y el Frente para la Victoria votaran en conjunto para impedir que Nora Cortiñas tomara la palabra para hablar de Derechos Humanos”.
El rechazo también vino desde el Frente de Izquierda: Pablo López denunció que la ley “involucra un pacto para malversar la causa de los Derechos Humanos canjeándola por los negocios inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires”.
López consideró que el objetivo del kirchnerismo es instalar que “la lucha contra la impunidad fue por este gobierno”, cuando “no han hecho nada por la aparición de Julio López, de Luciano Arruga, y todavía están impunes los crímenes de (Maximiliano) Kosteki, (Darío) Santillán y (Carlos) Fuentealba”.
Por el mismo bloque, Néstor Pitrola vinculó el acuerdo con la designación de César Milani al frente del Ejército –que tildó como “un nuevo punto final”- y el denominado “Proyecto X”, de espionaje a las organizaciones populares.
El jefe del bloque Unión Pro, Federico Pinedo, defendió el acuerdo y pidió un “diálogo abierto para tener una historia común, más allá de los enfrentamientos partidistas” de la sesión. “Sólo reconociendo la tragedia, deplorándola y repudiándola, vamos a poder construir esa sociedad democrática que nuestros hijos, la historia y la patria nos exigen”, concluyó.
En tanto, Manuel Garrido (UCR) opinó que el proceso de firma del convenio “poco tuvo de transparente” y coincidió con sus pares de la oposición en que “se disuelve la única institución pluralista” en Derechos Humanos, ya que “el centro de las políticas públicas pasará al Gobierno nacional”.
El cierre del debate estuvo a cargo del camporista Juan Cabandié, quien aseveró que “este traspaso es necesario para garantizar la protección de los Derechos Humanos”.
“Los ex centros clandestinos de detención no son patrimonio de organizaciones ni de víctimas directas, sino del conjunto de los argentinos, del Estado, que tiene que bregar por la construcción de la memoria”, explicó.
Cabandié negó que haya un “pacto” entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, tal como denunció la oposición: “Esto no configura un pacto, es un acuerdo de gobernabilidad”, aclaró. En este sentido, comparó la situación con el envío de fuerzas de seguridad a la provincia de Santa Fe, al señalar que “no hubo un pacto con el gobierno socialista”. “Pacto fue el Pacto de Olivos”, resumió.
En un final controvertido, el nieto recuperado pidió investigar a los “50 intendentes radicales que estuvieron en la dictadura en la provincia de Buenos Aires”. Antes, había recordado que en la votación por la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 2003, “el bloque radical se abstuvo”.
El convenio
El acuerdo firmado en enero pasado establece la cesión por 30 años y por usufructo de parte del Gobierno porteño a la Nación del control de los predios de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y de los centros que funcionaron como sitios de tortura y detención de presos políticos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
El PEN se compromete en el acuerdo a realizar en el edificio “Pabellón Central (4 Columnas)” el Museo del Terrorismo de Estado.
Los edificios emplazados en el predio de la ex ESMA que pasarán al usufructo de la Nación son seis: el ex Casino de Oficiales, el Pabellón Central conocido también como el de las Cuatro Columnas, la Enfermería, la Imprenta, el Taller Mecánico y el Pabellón COI.
En los fundamentos del texto se indica que “la administración por parte del Poder Ejecutivo Nacional de estos espacios de memoria ayudará a la conservación, mantenimiento y puesta en valor de los mismos, de acuerdo a las políticas de memoria, verdad y justicia que se han implementado desde el año 2003”.
El acuerdo incluye además al centro Automotores Orletti, de Venancio Flores al 3500; al Club Atlético de Paseo Colón al 1200; al Olimpo, de Ramón Falcón 4250, y Virrey Cevallos, de Virrey Cevallos 628.
Boletín Info-RIES nº 1102
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