Buscan limitar las medidas cautelares

Regiría para amparos contra el Estado *
Por Laura Serra  | LA NACION
 
El Gobierno dio luz verde para que cuanto antes avance en el Congreso un proyecto de ley que restrinja el dictado de medidas cautelares contra el Estado que planteen personas físicas o empresas ante la Justicia.

La iniciativa, que elaboró la diputada ultrakirchnerista Diana Conti, cobra impulso en momentos en que distintas medidas y leyes propiciadas por la Casa Rosada se hallan frenadas por efecto de medidas cautelares que plantearon particulares o empresas por sentirse afectados en sus derechos.

"Es un proyecto muy importante y vamos a trabajar para que sea ley", confirmó a LA NACION el jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi.

La iniciativa en cuestión apunta a resolver el problema al que la presidenta Cristina Kirchner denomina con ironía el "derecho cautelar", un eufemismo que acuñó para criticar la sucesión de medidas cautelares que, a su juicio, obstaculizan su gestión.

Entre los casos más resonantes figura la ley de medios audiovisuales, sancionada en 2009, que quedó frenada en uno de los aspectos que más interesaban al Gobierno desde que una medida cautelar dejó en suspenso el proceso de "desmonopolización" a la que están obligados los grupos mediáticos.

Quien más recientemente hizo uso de esta herramienta jurídica fue el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (Pro), para frenar el traspaso de la red de subterráneos a la Capital que quería imponerle el gobierno nacional. También apelaron a sendas medidas cautelares contra el Estado la empresa Fibertel, del Grupo Clarín, y la petrolera Shell, por el aumento dispuesto en los combustibles en 2010.

El proyecto de la diputada Conti se propone limitar, en el futuro, el dictado de nuevas medidas cautelares contra el Estado. Para eso dispone una serie de modificaciones al Código Civil y Procesal de la Nación: la más polémica es aquella que establece que antes de dictar una medida cautelar contra cualquier organismo del Estado, el juez debe citar a una audiencia a las partes y a posibles terceros afectados. Esa audiencia, dice el proyecto, deberá concretarse dentro de los tres días de solicitada la medida cautelar.

Diputados opositores y constitucionalistas consultados por LA NACION coincidieron en que esta exigencia vulneraría el principio básico de igualdad ante la ley, ya que con la citación a una audiencia previa se le otorga un privilegio al Estado que no gozaría un particular.

"Es un proyecto riesgoso -opinó el abogado constitucionalista Gregorio Badeni-. Los daños que el Estado puede ejercer sobre un particular suelen ser irreparables, por lo que no parece muy razonable que se impongan trabas en desmedro de los derechos de los individuos."

El diputado Gustavo Ferrari (Frente Peronista) advirtió que, más que un proyecto jurídico, el de Conti es un "proyecto político". "No se puede descontextualizar este proyecto de la coyuntura política actual -sostuvo-. Claramente afecta el principio de igualdad ante la ley a favor de quien justamente es el más poderoso en cualquier litigio, el Estado."

El proyecto también establece que el juez sólo podrá dictar una medida cautelar contra el Estado siempre y cuando "no afecte el interés público comprometido ni genere mayores perjuicios que su no otorgamiento".

Según el diputado Pablo Tonelli, de Pro, "habría que precisar mejor en el proyecto ese requisito de interés público comprometido". Pero consideró que, "en principio, el proyecto es razonable".

La diputada Conti fundamentó en su proyecto estas reformas. "La convocatoria a una audiencia de parte para los supuestos en donde el interés público comprometido así lo exige constituye una herramienta que le servirá al juez para formar su convicción sobre los requisitos de procedencia de la medida cautelar. Estos requisitos fortalecen este instituto", afirmó.

El jefe del bloque de diputados del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, consideró que si bien es necesario regular el régimen de medidas cautelares contra el Estado para evitar abusos, es necesario avanzar con cuidado "para evitar recaer en un efecto contrario, como obstaculizar una vía expeditiva, como debe ser una acción de amparo".
OTRAS RESTRICCIONES

La diputada Conti estableció, también, restricciones a los agentes de cualquier poder del Estado a la hora de solicitar una medida cautelar a la Justicia. Apunta, tácitamente, a los legisladores, que suelen apelar a esta herramienta para frenar la aplicación de leyes o medidas gubernamentales (por caso, el uso de las reservas del Banco Central para pagar deuda pública).

Otra de las propuestas polémicas del proyecto tiene que ver con la eventual apelación, por parte del Estado, a una cautelar concedida en su contra. En este caso, la medida cautelar "será concedida en efecto devolutivo", es decir que la medida del Estado sigue en vigor hasta que finalice el juicio.

La diputada Conti es presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que se prevé que le dará rápido trámite en su comisión al proyecto que, por lo demás, contó con las firmas de sus colegas Carlos Kunkel, Jorge Landau, Luis Cicogna y Oscar Albrieu, es decir, la plana mayor del bloque oficialista de diputados.
TRES CASOS QUE MOLESTARON A LA PRESIDENTA

Ley de medios
Las medidas judiciales que postergaron la aplicación del artículo que obliga a desmembrar a los multimedios despertaron algunas de las críticas más duras de la Casa Rosada hacia el Poder Judicial. Cristina Kirchner, por Twitter, afirmó en 2009: "Ya se sabe, la justicia cautelar no es para todos (...) Hay que pertenecer al exclusivo club de Magnetto, el Grupo Clarín y Cia".
Los subtes
El último episodio que fastidió a Cristina Kirchner fue una decisión judicial que pidió no innovar en el traspaso de los subtes a la Ciudad.
"De vuelta el derecho cautelar. 
El derecho cautelar para las corporaciones que no cumplen las leyes, ahora derecho cautelar para no gobernar. Esta es la distorsión a la se ha llegado en este país con lo que yo no me canso de denominar el derecho cautelar", dijo.
Shell
En 2010, la petrolera Shell consiguió que un juez dictara una medida en su favor que le permitió eludir los controles de precios que imponía el Gobierno.
Otra vez por la red social, la Presidenta transmitió su bronca:
"Otra medida cautelar, ahora para Shell. Para que pueda aumentar a gusto el precio de la nafta, que vos pagás. Las medidas cautelares siempre son contra el Estado"*
...
* Parece que nuestra  presidente (aunque no la hayamos votado) o no es abogada o jamás leyó la Constitución Nacional.
Primera Parte: Declaraciones, derechos y garantías
Artículo 43: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista  otro método judicial más idóneo...

Es de la única manera que la ciudadanía puede defenderse de las arbitrariedades obscenas del Estado...
¡¡¡Es la Constitución Nacional, presidentA!!!