El caso Boudou / Pesquisa de la UIF a pedido de la justicia
Por Hugo Alconada Mon | LA NACION
La unidad antilavado local investiga los movimientos financieros y bancarios por más de $ 50 millones de la compañía The Old Fund , la sociedad que controla a la nueva Ciccone Calcográfica, confirmaron tres fuentes con acceso a la pesquisa en marcha desde hace semanas.
La investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) se inició a pedido del juez federal Daniel Rafecas -en una de sus últimas decisiones relevantes en la causa penal antes de que fuera recusado- y el fiscal Carlos Rívolo, detallaron desde esa unidad.
La labor encomendada a la UIF se concentra en la sociedad anónima The Old Fund, que es presidida por Alejandro Vandenbroele , a quien su esposa señaló como testaferro de Amado Boudou.
Esa firma controla el 70% de las acciones de la nueva Ciccone, según declaró quien se presentó ante la opinión pública como su dueño, Guillermo Reinwick, yerno de uno de los fundadores de la imprenta, pero al que acusan de traicionarlos.
The Old Fund es controlada por otras dos sociedades: la uruguaya Dusbel SA y la holandesa Tierras International Investments CV, que se encuentra disuelta desde hace dos meses, según los registros societarios locales, de Uruguay y de Amsterdam, obtenidos por LA NACION.
La pesquisa se centra, en particular, en el origen de los fondos que usó The Old Fund a mediados de 2010 para tomar el control de la nueva Ciccone -rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana-, poco después de que la Justicia decretara la quiebra de la imprenta gráfica de valores que se apresta a imprimir $ 40.000 millones a pedido de la Casa de Moneda.
La investigación de la UIF , sin embargo, es más amplia.
También apunta a verificar el origen del dinero que destinaron Ciccone y The Old Fund durante el último año y medio para pagar los salarios y aportes de los trabajadores de la imprenta, por más de $ 2,5 millones por mes.
En el proceso previo al levantamiento de la quiebra, The Old Fund contó con el apoyo del Banco Macro -aunque con créditos menores- y de la empresa London Supply -en la que su accionista Miguel Castellano es íntimo amigo de los hermanos Boudou-, que depositó $ 1,8 millón en el expediente, pero que recuperó seis días después por fuera de los tribunales.
Sin acceder a grandes contratos, además, la nueva Ciccone afrontó el pago de la primera cuota de la moratoria excepcional que le concedió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -incumplió las siguientes dos-, en tanto que desde una cuenta del Banco Ciudad que contaba con fondos por casi $ 2 millones cubrió los honorarios de los síndicos de la quiebra, contadores, abogados y escribanos.
Las sospechas sobre los movimientos financieros y bancarios de The Old Fund y, por lo tanto, sobre la nueva Ciccone se suman así a tres reportes sobre operaciones sospechosas (ROS) emitidos sobre el presidente de la imprenta, el otrora abogado monotributista Alejandro Vandenbroele, y el íntimo amigo y socio del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, tal como reveló este diario ocho días atrás.
En esa línea, la unidad antilavado que preside el economista José Sbattella impulsa lo que entre sus expertos, funcionarios y empleados se conoce como "el expediente de Boudou", con datos sobre el vicepresidente, su socio Núñez Carmona, las múltiples sociedades vinculadas a ambos y numerosas cuentas bancarias.
Bajo las órdenes de Sbattella, además, ese "expediente de Boudou" fue traducido a otros idiomas para su posterior envío a distintas unidades antilavado a través de la Red Egmont (red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo) como paso previo a requerirles información adicional.
Sbattella sobrelleva un delicado equilibro en el "caso Ciccone", por el que debió renunciar Esteban Righi como procurador general de la Nación.
Desde el estallido del escándalo alrededor de las Madres de Plaza de Mayo, el titular de la unidad antilavado afronta dos investigaciones penales.
Una por el presunto cajoneo de una investigación sobre Sergio Schoklender, la otra impulsada por el fiscal Carlos Stornelli por la supuesta utilización política de la UIF.
LA NACION intentó comunicarse con Sbattella, quien no respondió las llamadas y mensajes.
CON LA FIRMA DE BOUDOU
La sensibilidad alrededor de The Old Fund, sin embargo, excede al ámbito de la UIF.
Algo similar ocurre dentro de la Inspección General de Justicia -órgano jurisdiccional de control sobre esa sociedad anónima-, donde el legajo de la firma quedó bajo la guarda y control del titular del organismo, Marcelo Mamberti, según cotejó este diario durante las últimas semanas.
La pesquisa alrededor de Ciccone, The Old Fund, Vandenbroele y otras sociedades, empresas y personas sumó, además, la colaboración de la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ufilavdin), que lidera el fiscal general Raúl Plee.
La investigación de los expertos antilavado, de avanzar, podría deparar efectos inesperados.
Entre otros, la paralización del contrato para imprimir $ 40.000 millones que obtuvo la nueva Ciccone, tal como ya le requirió el presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra.
Hasta el viernes, sin embargo, los aprestos dentro de la nueva Ciccone continuaban a todo vapor, con técnicos y supervisores de las áreas de fiscalización, planificación y habilitación de billetes de la Casa de Moneda dentro de la planta.
Esta semana comenzarían con la impresión del papel moneda.
De ser así, llevarán la firma de la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, y del titular del Senado, Boudou
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