¡Sobre llovido... mojado!

Por Susana Merlo

Campo 2.0

Tras el duro golpe que está asestando la sequía sobre la última campaña que, a pesar del intento de minimizarla por parte del Gobierno, puede rondar un daño de 25%, o sea, unos 25/28 millones de toneladas, y con la inflación inocultable que erosiona cualquier resultado empresario (especialmente los de mediano/largo plazo, como son los agropecuarios), era difícil pensar que algún funcionario nacional o gobernador de las principales provincias afectadas se animara a agregar una nueva presión sobre su sector más activo: el campo.

Sin embargo, como últimamente lo inesperado es regla, allí se despacharon con sendas propuestas de fuertes incrementos impositivos, arrancando por el Inmobiliario Rural, pero también con otros como Sellos, etc.

El primer globo de ensayo fue la provincia de Entre Ríos, con Sergio Urribarri a la cabeza, y a partir de allí se dispararon, entre otras, Córdoba, Santa Fe y también la provincia deBuenos Aires, tal vez la más “ruidosa”, considerando su cercanía geográfica y política con la Capital Federal donde reside el Poder Ejecutivo Central. 

Y, a nadie escapa el rol que su gobernador, Daniel Scioli, ex vicepresidente de la Administración K, está jugando como eventual sucesor en la carrera presidencial por el 2015.

Pero a los productores agropecuarios, que ya se acostumbraron a prescindir de estas especulaciones, lo único que les interesaba entender es como, frente a una pérdida de varios miles de millones de dólares (se estiman entre US$ 8.000 y 10.000 millones) por la seca, alguien podía pretender que, además, afrontaran un incremento de impuestos, para colmo, en cascada ya que al subirse la valuación de la tierra (y no la alícuota), el impacto mayor va a ser sobre otros impuestos, como Bienes Personales, que están en la órbita de la Nación, y cuyo vencimiento será posterior.

Pero ocurrió, y la respuesta no se hizo esperar. 

Asambleas, movilizaciones a los costados de las rutas y tractorazos comenzaron a multiplicarse en cada una de las provincias logrando, hasta ahora, solo postergar los aumentos fiscales, aunque la fuerza con que se trata de forzar el cambio, hace especular a muchos sobre la imposición que el Gobierno Central estaría haciendo a los mandatarios provinciales para que ejecuten este incremento. 

Desde ese punto de vista, la Nación saldría doblemente ganadora: 

Por un lado podría tener una mayor recaudación y, además, sin el costo político que correría por cuenta de los mandatarios provinciales lo que, de hecho, ya está sucediendo.

Pero, el tema no terminó allí pues, nuevamente el clima iba a dar otra vuelta de tuerca al asunto y en las últimas semanas determinó que, tanto el NOA como buena parte de Entre Ríos y del nornoroeste bonaerense, entre otros, recibieran lluvias tan copiosas que, hoy se estima, solo en la provincia de Buenos Aires hay cerca de un millón de hectáreas anegadas.

Para colmo, la mayoría de las localidades afectadas no habían terminado aún su cosecha de maíz y de soja de 2° (que en varios casos ya no se podrán completar por la falta de piso para entrar con las pesadas cosechadoras), por lo que el volumen final a recolectar recibirá un nuevo recorte que pondrá a la cosecha bastante por debajo de las 80 millones de toneladas.

Con semejante panorama, la inmovilidad pasó a ser una constante en el interior. Algunos no cosechan porque no pueden, y el resto no se mueve porque no quiere… Nadie sabe si invertir o no, y el conflicto con el dólar también afecta fuertemente pues, como se liquida por el dólar oficial, el tipo de cambio efectivo para los agricultores, por ejemplo de soja, es de apenas el 50% de lo que cotiza el billete en el mercado “real”. Y si, además, con ese dinero tampoco se puede comprar como para calzarse en dólares, ya que la mayoría de los insumos y costos cotiza en esta moneda, entonces los productores prefieren quedarse con la mercadería que constituye su forma más habitual de liquidez y un reaseguro real ante cualquier eventualidad.

Por supuesto que el esquema altera las ecuaciones en varias direcciones: Gobierno, exportadores, industrias que utilizan los granos como insumos, etc.

Pero lo más trascendente, a esta altura, es que ya debería estar comenzando la nueva campaña cuya siembra (de los granos de invierno como trigo o cebada), debe iniciarse en no más de 2 meses en varias zonas, y hasta ahora no se mueve ninguna ficha.

Es cierto que en esta campaña los productores ya decidieron hacer mucho menos trigo debido a las continuas quitas a las que lo somete el Gobierno con sus intervenciones y que siguen sin corregirse. 

También es cierto que va a faltar liquidez por las pérdidas que provocó la seca primero, y ahora el agua pero, aunque sea menos, algo se va a tener que sembrar. 

Lo que muchos se preguntan ahora es:

 “¿Cuánto menos?”