Rechaza la Corte las presiones por la Ley de Medios

Malestar

Por Adrián Ventura | LA NACION

La Corte Suprema no aceptará el pedido del Gobierno y no intervendrá como árbitro para destrabar la votación entre los integrantes kirchneristas y opositores del Consejo de la Magistratura, quienes no logran elegir al magistrado que debe resolver la demanda del Grupo Clarín contra la ley de medios.

El tribunal, que seguirá presidido por Ricardo Lorenzetti, estudiará sin apuro el reclamo para que declare nulo el mecanismo de designación de jueces interinos.

Así se resolvió ayer en un acuerdo de ministros, en el que primó un gran malestar por lo que todos los jueces calificaron de "una presión inaceptable" del Gobierno para involucrar a la Corte en la controversia con Clarín y "usar políticamente al tribunal".

En ese clima, la Corte también aprobó la reelección de Lorenzetti para que continúe al frente del máximo tribunal hasta 2016 y de Elena Highton como la vicepresidenta.

A diferencia del presidente de la Nación, que sólo puede ser reelegido una vez para favorecer la renovación política, la Constitución no pone límite a los mandatos del titular de la Corte, porque se prioriza la estabilidad del tribunal. Ésa fue la señal que ayer le dio la Corte al Gobierno.

La decisión había sido tomada la semana pasada, cuando todavía el Poder Ejecutivo no había involucrado al tribunal en esta nueva presentación judicial sobre la ley de medios.
El malhumor de los ministros venía incrementándose al ritmo de la preocupación que generan las crecientes peleas que encara el Gobierno con diferentes sectores sociales.

Anteayer, sin embargo, los jueces tuvieron la prueba de que la Presidenta, en su afán de avanzar contra el Grupo Clarín, no dudaría en arrastrar a la Corte.
Los jueces decidieron preservar al alto tribunal y a sí mismos.

El lunes, por orden expresa de la Presidenta, el Gobierno hizo dos presentaciones.
Una, ante la Procuración General, cuya titular, Alejandra Gils Carbó, ayer formalizó una denuncia penal por abuso de autoridad contra el camarista Ricardo Recondo, los abogados Alejandro Fargossi y Daniel Ostropolsky, y los legisladores radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla -los consejeros que frenan la designación de un juez en el despacho que debe tramitar el caso Clarín-.

Lo que cayó muy mal en la Corte fue la otra presentación:
El Gobierno pidió que la Corte "se avoque a resolver la irregularidad" que constituye el bloqueo "injustificado" por parte de un grupo de integrantes no kirchneristas del Consejo para la designación de jueces naturales.
Por otro lado, solicitó que declarara nulo el mecanismo de designación de jueces interinos, pues sospecha que la Cámara Civil y Comercial Federal pretende beneficiar al Grupo Clarín.

"No vamos a aceptar que el Gobierno presione a la Corte; nunca nos sentimos tan presionados como ayer", se escuchó decir en tres encumbrados despachos del alto tribunal.
Ésta es, tal vez, la síntesis de la conversación que los jueces habían mantenido instantes antes a puertas cerradas.
Ni siquiera los jueces más cercanos a la Casa Rosada tuvieron contemplación con los reclamos del Gobierno.

Públicamente, en forma inoficiosa, los jueces dejaron trascender que rechazarán el pedido del Gobierno para que la Corte intervenga como "mediadora" entre los consejeros kirchneristas y no kirchneristas, porque la Corte "no tiene competencia para tomar esa decisión sobre el Consejo".

"El Gobierno tiene que aceptar en el Consejo el libre juego de mayorías y minorías políticas.
La Constitución no autoriza a la Corte a torcer una votación en el Consejo.
Y si los consejeros no logran hacerlo, el Poder Ejecutivo puede enviar al Congreso un proyecto para modificar la ley del Consejo", coincidieron dos fuentes.

Pero, ¿podría la Corte anular, como pretende el Gobierno, el mecanismo de designación de jueces subrogantes que usa la Cámara Civil y Comercial Federal?
El Gobierno juega duro, porque provocó la renuncia del juez interino Raúl Tettamanti y, el lunes, recusó al siguiente juez interino, Roberto Torti.

La Corte, que delegó en las cámaras de apelaciones la tarea de cubrir las vacantes, no parece dispuesta a cambiar su criterio