Sin re-re para Lorenzetti, planillas filtradas y Balza al rescate

RUMORES DE PASILLO
Sin re reelección

Hace rato que venía amagando, pero este martes lo dejó en claro:
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, anunció a sus colegas que no "tiene voluntad" de seguir ejerciendo la titularidad del Tribunal una vez que finalice su mandato en diciembre próximo.
Según pudo saber NA, Lorenzetti ya comunicó su decisión a sus pares de la Corte, ante quienes alegó un "cansancio" por la tarea que desempeña el titular de la Corte, que preside hace seis años, con una reelección en el medio.
"Seguramente se llegará a una situación de consenso, ya que trabajamos muy bien internamente, en conjunto. Acá no hay ambiciones personales ni internas, más que pelearse por ejercer la Presidencia, nos peleamos para no hacerlo, ya que nadie quiere agarrar", deslizó un ministro de la Corte.
Igualmente, no falta quien interpreta la jugada de Lorenzetti como un tiro por elevación al Gobierno, al manifestarse contrario a una re—reelección.

Ya suena Balza (1)

La crisis que provocó la inédita protesta de prefectos y gendarmes por demandas salariales, que derivó en el relevo de las cúpulas de ambas fuerzas, fue este miércoles el comentario excluyente en los círculos del oficialismo.
Por eso diversas agrupaciones emitieron comunicados exhortando a los manifestantes a respetar las "pautas democráticas", aunque por lo bajo también hubo comentarios críticos hacia la conducción del Ministerio de Seguridad.
Los cuestionamientos se enfocaron en la ministra Nilda Garré y el secretario Sergio Berni.
Algunos hasta llegaron a deslizar que la presidenta Cristina Kirchner estaría decidida a hacerles pagar caro el costo político de la protesta. Incluso, se animaron a mencionar el nombre de Martín Balza —actual embajador en Costa Rica— como futuro ministro del área.
Habrá que seguir de cerca los pasos del ex jefe del Ejército.

Números que pesan

El reclamo de los suboficiales de Prefectura y Gendarmería tiene su origen a partir de una reestructuración de sueldos en la plana mayor de cada fuerza, donde se registraba un gran desfasaje salarial.
Algo que se comprobó este miércoles cuando varias planillas de sueldos se filtraron en medio del conflicto.
Según pudo averiguar Sin Confirmar, en el caso de Prefectura, un prefecto general (en total hay 22 y poseen el máximo rango) percibía hasta abril de este año una remuneración bruta de 50.456 pesos como máximo y de 33.316 como mínimo, con un promedio de 43.709 pesos, mientras que un marinero ($ 2.313) —escalafón más bajo— cobraba 16.521 como máximo y $ 4.084 como mínimo, con un promedio de 4.832.
Estas cifras provocaban una gran diferencia de sueldos entre los rangos de oficiales y los de suboficiales, lo que ya generaba disgusto en estos últimos.
Asimismo, como detalle curioso, un cabo primero cobraba 4.000 pesos menos que un cabo segundo y que un marinero, los cuales están uno y dos escalones abajo suyo en la jerarquía.
En el caso de Gendarmería ocurría algo similar, ya que según los sueldos de febrero pasado, un comandante general (hay 26 en la fuerza) percibía 93.557 pesos de máximo y $ 30.499 de mínimo, con un promedio de 57.958 pesos.
Mientras que un gendarme (son 9.490 efectivos y tienen el menor rango) tenía $ 22.219 de máximo y $ 3.878 de mínimo, con un promedio de 5.437 pesos. También hubo datos curiosos como el de los suboficiales principales, que percibían 15.000 pesos menos que un sargento ayudante y 6.000 pesos menos que un sargento primero —los dos rangos inferiores inmediatos—.
Y un cabo cobraba $ 2.000 menos que un gendarme. Como se ve, los perjudicados por la mala liquidación no fueron justamente los integrantes de la cúpula de ambas fuerzas.
(Fuente NA)

Agencia NA y Redacción de TDP
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(1) MARTIN BALZA CITADO EN CASO ARMAS
Publicado el 08/Octubre/1998
La justicia argentina pidió ayer la declaración indagatoria del jefe del ejército argentino, general Martín Balza y el representante argentino ante la ONU, Fernando Petrella.

Los dos funcionarios han sido involucrados en el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.
Según la legislación argentina, el pedido de declaración indagatoria a un imputado se produjo cuando existe presunción de culpabilidad y es considerado el paso previo al procesamiento y eventual prisión preventiva.