Acorralado por el gobierno, Clarín presiona a la Corte

By Carlos Tórtora

El escrito presentado ayer responsabiliza indirectamente al tribunal.

Cuando sólo restan 12 días hábiles para el 7D, los abogados de Clarín pasaron ayer a la ofensiva en el ajedrez judicial que están jugando contra el gobierno.
Ayer presentaron ante la Corte Suprema un escrito de 37 carillas solicitando la extensión de la medida cautelar que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios.
Invocan indefensión y privación de justicia ante las recusaciones y renuncias de jueces que provocó el Gobierno en el fuero Civil y Comercial que debe decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios y sobre la prórroga de la cautelar.
Sigue el escrito sosteniendo que “se carece de la posibilidad de que se conforme un tribunal competente que resuelva en tiempo útil la extensión de la medida cautelar que el 7 de diciembre próximo perderá vigencia”. Solicita también el escrito que la Corte “remueva los obstáculos que impiden la regular conformación de la Sala I con los jueces naturales del fuero Civil y Comercial Federal, ordenando su inmediata intervención en la causa, encomendándole a la mencionada Sala la adopción de las medidas necesarias para la resolución de las cuestiones pendientes a la mayor brevedad posible”.
Y agrega que uno “los propósitos centrales del Estado fue sacar esta causa, a toda costa, de sus jueces naturales”, es decir, “los del fuero Civil y Comercial Federal”. También el texto se explaya explicando “por qué las vacantes de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal no deben ser cubiertas con magistrados del fuero Contencioso Administrativo”, que es procedimiento que indica la ley 26.371.

Es evidente que esta jugada apunta a quebrar el esquema judicial planteado por el gobierno hasta el 7D. 
Esto es, impedir que pueda funcionar la Sala I Civil y Comercial para eliminar el riesgo de que la misma dicte una resolución que extienda el plazo de vigencia de la cautelar, lo que impediría que el 10D Martín Sabbatella, titular de la AFSCA, pueda aplicar de oficio la cláusula de desinversión, declarar la caducidad de las licencias que no se ajusten a lo dispuesto por la ley y convocar a la licitación de las mismas.

La presentación de Clarín ante la Corte es procesalmente atípica, ya que no es un recurso extraordinario, ni cumple con los requisitos para alcanzar la jurisdicción del máximo tribunal. Éste podría rechazar entonces el escrito sin mayor análisis.
Pero la presentación golpea en un punto hoy más sensible de la Corte Suprema. Mediante acusaciones y recusaciones y con la intervención directa del Ministro de Justicia Julio Alak, el gobierno forzó primero la renuncia del titular del Juzgado Civil y Comercial 1°, Raúl Tettamanti, para que asumiera en su lugar Horacio Alfonso, más cercano al poder político.
Y luego arremetió precipitando las renuncias de los camaristas Martín O’Farrell y Santiago Kernan y acusando a otro de los camaristas del mismo fuero, Francisco de las Carreras.
También fueron recusados antes Ricardo Recondo y Graciela Medina, designados para cubrir las vacantes en la estratégica Sala I.
Salvo un discurso -indirecto- de Ricardo Lorenzetti anunciando que se rechazarían las presiones, la Corte hizo hasta ahora la vista gorda al avasallamiento del fuero Civil y Comercial por parte de la Casa Rosada.
La presentación de Clarín se orientaría entonces a poner en la vidriera la responsabilidad política e institucional de los ministros de la Corte ante la grosera violación de la independencia del poder judicial consumada por el Ejecutivo.
En síntesis, que la maniobra de Clarín intenta colocar a la Corte, antes del 7D, ante un dilema de hierro:
"Dar señales de que reacciona ante el atropello de otro poder y exponerse entonces a un conflicto de poderes o simplemente rechazar el escrito y quedar entonces en la incómoda posición de consentir lo actuado por el gobierno...

Con el reloj en contra

No hay duda de que esta presión frontal de Clarín sobre la Corte se explica en razón de que el gobierno, hoy por hoy, está consiguiendo su objetivo de bloquear cualquier medida que estire la vigencia de la cautelar.

Técnicamente, la Corte podría disponer que se cumpla inmediatamente con el procedimiento del artículo 10 de la ley 26.371 y que las vacantes de la Cámara Civil y Comercial sean cubiertas por jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que en su mayor parte responden al gobierno.
De cumplirse este paso, la Cámara rechazaría la extensión de la medida cautelar pedida por el multimedios. Con esta resolución negativa, Clarín podría entonces recurrir a la nueva ley de per saltum y presentarse otra vez a la Corte pidiendo el salto de instancia.
Si, lo que no parece fácil, el máximo tribunal declarara admisible el recurso, como dispone el artículo 1° de la nueva ley “El auto por el cual el Alto Tribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida”.
O sea que quedaría suspendida la resolución rechazando la ampliación de la cautelar.

Es impensable que semejante maratón judicial pueda darse en menos de tres semanas.
Lo cierto es que, ante el riesgo de perder una batalla importante, Clarín optó por presionar frontalmente a la Corte, tal vez con la expectativa de que se precipite en la misma una crisis interna que le sería favorable. Hasta ahora, los 7 ministros del tribunal consiguieron siempre eludir los riesgos de un conflicto directo con la Casa Rosada al costo de mostrarse concesivos.
Ahora el precio a pagar por continuar con este estilo puede ser cada vez mayor.