CIUDAD DE BUENOS AIRES
(Urgente24).-
Arde la basura.
Desde que los cartoneros
emergieron de la noche del 2001. Pero también arde porque no hay
políticas sobre un tema que nunca parece importante hasta que se convierte en un
gran problema pestilento y ya no hay tiempo para resolver nada.
Arde la basura porque demuestra la coalición de
ineficientes sobre un tema tan delicado: Cristina Fernández, Daniel
Scioli y Mauricio Macri. Nadie ha aportado nada y el calendario avanza
sin pausa. Los municipios de San Miguel, Tigre y San Martín se niegan a
continuar teniendo rellenos sanitarios en su jurisdicción, y es el
origen de una alianza política que también se propone gobernar la
Provincia de Buenos Aires en breve.
Arde la basura porque obliga a
replantearse si a los demócratas de la democracia representativa se les caerá
alguna vez una idea útil acerca de los temas de infraestructura.
Siempre apelan a lo que viene desde los tiempos del vilipendiado Proceso de
Reorganización Nacional, y nunca ofrecen algo novedoso y más eficiente.
No es la única deuda que acumula la democracia y precisamente por eso
duele tanto que ocurra.
Cada vez que se habla de las deudas de la
democracia, no faltan quienes sospechan que hay un golpismo detrás, y
no es cierto.
Golpismo es mantener el statu-quo
indigno en que viven tantos argentinos.
Arde la basura porque es el medio de vida de
cientos de miles de argentinos, condenados a la marginación por un
Estado que puede ser de centro, de derecha o de izquierda, populista o no
populista, peronista o no peronista, pero siempre mira para otro
lado.
Arde la basura porque también desnuda la escasa
educación sanitaria de la población, de los consumidores que siguen encantados
con no cambiar nada porque el medio ambiente les importa un pito.
Arde la basura porque es el origen de la fortuna
de unos cuantos funcionarios y ex funcionarios, sindicalistas y empresarios.
Arde la basura cada vez que sopla el viento y se
comprueba, con el olor, en ciertos terrenos muy amplios del Gran Buenos
Aires que lo que se hizo, se hizo mal, que el relleno sanitario filtra, que
nadie le exigió a quien lo hacía, que lo hiciera bien, otra
demostración de la falta de interés por aquello que es de todos.
Es cierto que el problema de la basura en
Argentina viene de larga data.
La Ciudad de Buenos Aires, desde la colonia hasta
los años ‘70, gestionó sus residuos dentro de su territorio, usando terrenos
baldíos y/o por medio de la incineración, hasta 1978. Pero el siglo 21 es el de
lo recicable, del medio ambiente, del mundo diferente.
A partir de ese año, a través de un decreto ley de la última dictadura militar se crea el CEAMSE
(Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado), y
se implementa la disposición final de los residuos que se realiza con la técnica
del “relleno sanitario”, exportándolos fuera de la ciudad, o sea hacia
la provincia de Buenos Aires.
De hecho, los partidos comprendidos son:
Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, General Sarmiento, General San
Martín, Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría,
Almirante Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús, Florencio Varela,
Berazategui, Berisso, Ensenada y La Plata.
Desde entonces los sucesivos gobiernos
democráticos mantuvieron la lógica procesista sobre el manejo de la basura sin
abocarse a una “solución de la democracia”.
Recién en 2005 la legislatura porteña sancionó la
ley 1854 –conocida como “Basura Cero”-, que establece el conjunto de
pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de
los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito de la Ciudad.
Pero Mauricio Macri no cumple
con la 1854.
Y en provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli tampoco cumple con la firma de convenios para rellenos
sanitarios en la provincia.
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Por “Basura Cero” se entiende la
reducción progresiva de la disposición final con plazos y metas concretas,
mediante la adopción de un conjunto de medidas orientadas a:
> 1) la reducción en la generación de
residuos;
> 2) la separación, clasificación y
valorización selectiva de los mismos;
> 3) la recuperación, reutilización
> 4) el reciclado. Las metas son 30% al 2010,
50% al 2015 y 75% al 2017.
El cumplimiento de esta ley significaba
romper la dependencia de los rellenos sanitarios. Y lo más importante:
reconvertir la despreciable y costosa “basura”, en valorizado
“recurso”.
Pero la ley no se cumple: La meta del
2010 no sólo no fue cumplida sino que se incrementó los residuos en un
20%, hasta alcanzar las 5.700 toneladas diarias enviadas al relleno, un
triste récord que le cuesta a la ciudad un 25% de aumento en el cánon pagado al
Ceamse.
De hecho, la estadística señala que el
gobierno porteño envió 2.110.122 toneladas de residuos a los rellenos del
Ceamse, mientras que en 2011 envió 2.277.772, un 8 % más.
El Ceamse es una sociedad del estado de carácter
interjurisdiccional, ya que su capital accionario lo comparte en partes iguales
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Su área de Influencia es la Ciudad de Buenos
Aires y 34 municipios del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires. Lo que
significa una superficie total de 8.800 km2 y una población aproximada de
13.000.000 de habitantes.
La situación de los rellenos sanitarios ya es
terminal tras años de uso.
Actualmente, en José León Suárez se
reciben cerca de 6.000 toneladas diarias de basura porteña.
“Si no se resuelve pronto, la planta colapsará en abril del 2013”,
apunta Jorge Mancini, diputado provincial que responde a
Hugo Moyano.
A ese relleno llega buena parte de los
desechos que hasta 2004 se enterraban en Villa Domínico. Este predio fue
clausurado por la presión de los vecinos quienes demostraron que sus hijos
morían de cáncer, leucemia y enfermedades respiratorias como
consecuencia de la cercanía de sus hogares con ese relleno sanitario.
En tanto, el gobierno porteño consiguió que el
Ministerio de Defensa le cediera terrenos en Campo de Mayo, pero se trata de una
jurisdicción de tres municipios: San Martín, San Miguel y Tigre, que se niegan a
que se amplíe un terreno que ya se sabe que caduca en 2013.
Aunque la Nación quiera hacer la ampliación, los
municipios se niegan y no se lo pueden imponer. Ese es el origen de la alianza
política entre ellos, para negociar juntos frente a Macri, Scioli y
Cristina Fernández.
Según la Ceamse, en todo el Conurbano hay 105
basurales ilegales a cielo abierto.
A los municipios no les conviene combatirlos ya
que si no deberían pagarle a la Ceamse un canon extra por esos residuos.
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De acuerdo a cifras oficiales de la provincia de
Buenos Aires, en promedio los municipios del Conurbano pagan cerca de 300
millones de pesos anuales a las empresas solo en concepto de recolección.
Si no pueden instalarse más rellenos por la
presión de los vecinos, no logra ampliarse Campo de Mayo y la basura en José
León Suárez está por colapsar, mientras que la tarea de los recicladores es aún
muy incipiente, el 2013 luce alarmante.
Fabio López, secretario de
Prensa del sindicato de trabajadores del Ceamse, advirtió en julio pasado que
el sistema "colapsará" a mediados del año próximo si no se cumplen sus
requisitorias.
Los trabajadores reclaman "la
sustentabilidad del relleno sanitario Norte 3. Solicitamos la extensión de un
predio de 140 hectáreas en Campo de Mayo para poder disponer por 8 o 9 años de
la basura", explicó López, en sintonía con el gobierno
porteño.
En tanto, el Secretario de Medio Ambiente de la
Municipalidad de Lomas de Zamora, Pablo de Rosa, también
coincidió en que “la sustitución del CEAMSE en el futuro por un
nuevo sistema será inevitable, ya que los rellenos sanitarios tienden a
agotarse”.
“Vamos a coordinar junto a Lanús y
Avellaneda, acciones de control conjunta, dado nuestro carácter de municipios
ribereños de Riachuelo”, y agregó que “debemos llevar adelante
operativos en común para hacer efectivo un mayor control sobre los vehículos que
ingresan residuos a nuestro distrito”.
Un último dato, según la Ley de Basura Cero en
2012 debía reducirse al 50 por ciento el total de basura, tomando como base
2006, cuando entró en vigencia la iniciativa.
Y en 8 años debería estar prohibida la
disposición final.
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