Desde 2011 (cuando Cristina Fernández de Kirchner confundió el voto de una sociedad compadecida de una viuda presidencial con un supuesto cheque en blanco) se reiteran los comentarios acerca del bochorno existente en la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo politizado, que manejaba de manera arbitraria la información sobre miles de sociedades comerciales.
"Está manejada por el miedo.
Las denuncias consideradas complicadas eran frenadas", afirma Silvina Alejandra Martínez, quien fue directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Martínez se enfrentó con sus superiores por negarse a acatar ciertas órdenes que, para ella, podían configurar delitos.
Le redujeron el salario y luego la echaron.
Por eso presentó un amparo en la Justicia.
La inacción oficial que hay acerca de las denuncias y los rumores, muy verificables, por cierto, sobre el comportamiento de la IGJ obliga a suponer una complicidad del Ministerio de Justicia y de la Presidente de la Nación.
CIUDAD DE BUENOS AIRES
(Urgente24). El 18/05, a propósito de la embestida de la
camporista Intercargo contra la empresa aerocomercial LAN Argentina, Urgente24 afirmó acerca de la también camporista
Inspección General de Justicia:
"Ya resulta inocultable la corrupción en la Inspección General de
Justicia, que depende, curiosamente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Solamente queda por determinar si todo eso ocurre con conocimiento o no de Luis
Rodolfo Tailhade, su titular. Pero la IGJ es un reducto de La Cámpora que exhibe
un lado muy oscuro de esa agrupación".
Tailhade llegó en reemplazo de Norberto Carlos Berner, quien pasó a
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. El decreto 328/13 también designó
como subinspectora de la IGJ a Analía Spatola.
La inacción oficial que hay acerca de las denuncias y los rumores,
muy verificables, por cierto, sobre el comportamiento de la IGJ obliga a suponer
una complicidad del Ministerio de Justicia y de la Presidente de la
Nación.
Hugo Alconada Mon, entrevistando a Silvina Martínez en el
diario La Nación, aportó más novedades. "Está manejada por el
miedo. Las denuncias consideradas complicadas eran frenadas", afirma
Silvina Alejandra Martínez, quien fue directora del Registro Nacional de
Sociedades de la IGJ, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Martínez
se enfrentó con sus superiores por negarse a acatar ciertas órdenes que, para
ella, podían configurar delitos. Le redujeron el salario y luego la echaron. Por
eso presentó un amparo en la Justicia.
-En su amparo usted alude a otros posibles delitos por el manejo de
la información en el organismo. ¿Qué quiso decir?
-Abarca distintos temas. Yo tenía a mi cargo el área de los oficios
judiciales, es decir, todos los oficios que mandaban los jueces y fiscales a la
IGJ, y que debíamos responder, por lo que quedaba dentro de mi órbita el control
y seguimiento de esas respuestas. Pero, a partir de la llegada de Varela,
comenzó a ser bastante problemático el trámite interno. Las denuncias que se
consideraban de alguna manera "complicadas", porque tenían repercusiones
mediáticas o involucraban a determinados funcionarios del Gobierno o porque
ellos las consideraban distintas, eran frenadas y tenían que ser evaluadas por
Varela y por quienes trabajan con él.
-¿Recuerda algún ejemplo?
-Sí, particularmente todo lo que tenía que ver con el caso
Ciccone.
-¿Cómo? ¿La Justicia pidió datos?
-[Interrumpe] Y los oficios de respuesta no salían. O nosotros ya
teníamos listas las respuestas desde mucho tiempo antes del momento en que se
los envió a la Justicia.
-¿Por una orden de Varela?
-Sí, y él decía que era una orden que le daban desde el
ministerio.
-Usted alude a los oficios judiciales. Pero también hubo pedidos de
informes presentados por legisladores, como Ricardo Gil Lavedra, LA NACION y
otros medios. ¿Qué hicieron ante esos pedidos?
-También quedaron incluidos en el mismo filtro que las denuncias.
Varela pedía todos los oficios y pedidos de informes que tuvieran relación con
alguno de los casos que él estaba siguiendo de cerca bajo órdenes del
ministerio.
-¿De quién, en particular, en el ministerio?
-Del superior jerárquico de la IGJ, que es el subsecretario de
Coordinación y Control Registral, Ernesto Kreplak, que ordenó que el pedido de
Gil Lavedra se mandara a la Dirección de Protección de Datos Personales, también
dentro de la órbita del ministerio, que elaboró un dictamen sin jugarse
demasiado. Desde mi área determinamos que la información se debía entregar al
legislador. Pero después el pedido fue al inspector general, [Marcelo]
Mamberti, que no le contestó, y luego Berner directamente sacó las
circulares para restringir el acceso a la información.
-¿Y el pedido de la diputada Margarita Stolbizer? Ella reclama que
tampoco se respondió su consulta a la Jefatura de Gabinete sobre lo ocurrido
dentro de la IGJ, por ejemplo, por los expedientes del caso
Ciccone.
-Nunca le respondieron. Ésa es la política.
-¿Qué podía ocurrir si usted se negaba a acatar sus órdenes y
contestaba esos oficios y pedidos?
-Hubiera pasado lo que terminó pasando. Me echaron.
-Mientras la IGJ negaba información y demoraba sus respuestas a la
Justicia, ¿sí le entregó a La Cámpora los legajos de las 1000 empresas más
grandes que operan en la Argentina, como publicó LA NACION?
-Sí. Supe que gente del Ministerio de Economía hizo un listado de
pedidos, no por los canales oficiales, sobre esas 1000 empresas.
-¿Quién era el enlace del Ministerio de Economía en la
IGJ?
-Varela. Pero por canales extraoficiales, cuando tranquilamente podían
solicitar esa información de manera oficial y obtenerla.
-No querrían dejar rastro de ese pedido...
-Evidentemente.
-Durante la gestión de Mamberti en la IGJ ocurrió la desaparición o
robo de los legajos vinculados al caso Ciccone. Los de The Old Fund, London
Supply y la propia Ciccone. ¿Qué pasó?
-No me consta porque yo no estaba a cargo de ese sector o del cuidado
de esos expedientes. Versiones hay muchísimas. Pero sólo hablo de lo que me
consta y sé.
-Poco después de que LA NACION revelara esa desaparición, Mamberti
se marchó y asumió Berner, quien emitió las circulares 1 y 4 para exigir que el
interesado demuestre un "interés legítimo" para acceder a la información que
solicita sobre una sociedad. ¿Qué significaron?
-[Suspira] En estos momentos, en la IGJ trabajan más de 450 personas,
de las que se pueden rescatar 400 que no tienen nada que ver con estos manejos
políticos o arbitrarios o injustos.
-¿Hoy la IGJ es un organismo politizado, arbitrario o
injusto?
-Sí, totalmente. Es un organismo manejado por el miedo, donde no se
toma en cuenta la carrera administrativa o la capacidad. Le doy un ejemplo: en
julio de 2011, Analía Spatola ingresó al organismo enviada desde el ministerio
por Kreplak para que se capacitara porque no tenía absolutamente ningún tipo de
conocimiento sobre el derecho societario. Durante tres meses trabajó dentro de
mi órbita y yo la capacité explicándole desde cero qué era una sociedad
comercial y qué hacíamos en la IGJ. A los tres meses y un día se presentó en la
oficina, pero para auditarnos. Quienes hasta el día anterior estaban aprendiendo
qué era una sociedad pasaron a revisarnos. Hoy, Spatola es la número dos de la
IGJ, en reemplazo de Varela.
-¿A usted alguna vez se le abrió un sumario administrativo o
recibió una sanción?
-No, nunca.
-Pero en su amparo dice que cuando empezó a objetar lo que ocurría
comenzó a tener problemas. ¿Incluso le redujeron su salario mientras estaba de
licencia médica?
-Exacto. La situación se tornó insostenible entre mayo y junio de 2012,
a tal punto que ya veía pasar los oficios directos hacia Berner y Varela y no
podía siquiera controlarlos, pese a mi responsabilidad directa ante los jueces.
¿Qué les iba a decir? "¿No te puedo responder porque Varela está sentado arriba
de los oficios?" ¡Obvio que no! Entonces, pedí una licencia médica durante una
semana y me desmantelaron la oficina.
-¿Qué significa "desmantelaron"?
-Que mandaron a otras áreas de la IGJ a mi gente y a mis asesores, y
hasta me quitaron el escritorio, que Berner lo pidió para él. Le gustaba más mi
escritorio que el suyo.
-¿Cuándo concluyó su labor?
-Según el decreto que salió la semana pasada, el 31 de octubre. Pero el
ministerio pagó los aportes hasta diciembre.
-¿O sea que usted cobró su salario dos meses más?
-No, yo no. No sé si alguien lo habrá hecho.
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